La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a las autoridades bolivianas un estudio que confirma delitos de lesa humanidad perpetrados por la Policía y las Fuerzas Armadas durante el Golpe de Estado en Bolivia.
Con las masacres de Senkata y Sacaba y sus 37 muertos reconocidos como hechos mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó este martes los hechos de violencia sucedidos durante el derrocamiento y Golpe de Estado en Bolivia de noviembre de 2019. El trabajo fue realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), su representante, Patricia Tappatá, expresó que es “esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas”.
“Honramos la memoria de todas las víctimas mortales. Ya que los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias”, dijo el presidente Luis Arce después de recibir el documento de 750 páginas que abarca la recta final de la presidencia de Evo Morales, y las orquestadas movilizaciones golpistas, y los primeros meses del régimen de facto de Jeanine Áñez. Durante la entrega del informe, que se puede leer acá, los familiares de las víctimas acompañaron con aplausos y pedidos de justicia.
Junto con las masacres de Senkaya y Secaba, hubo ejecuciones sumarias y extrajudiciales, torturas y todo tipo de vejámenes con el objetivo de reprimir a los manifestantes que apoyaban a Evo Morales y el orden democrático. El presidente Arce exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar, en el menor plazo posible, un juicio para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019. Durante el acto realizado en el Banco Central también hubo un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos.
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Las dos represiones más graves ocurrieron en Sacaba y Senkata, con cuatro días de diferencia. La primera ocurrió el 15 de noviembre en Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con ocho muertos. La segunda fue en Senkata, localidad del Alto, con nueve muertos.
Tappatá en su exposición hizo foco en la discriminación racial: “La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época deben ser reconocidas y los responsables sancionados”. El GIEI investigó y recabó testimonios durante ocho meses.
“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, indica la investigación.
“En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas”, afirmó Tappatá.
