Por pedido del presidente Paz, el máximo órgano legislativo abrió la vía para que se declare el estado de excepción y despliegue a las Fuerzas Armadas en medio de bloqueos, crisis económica y una escalada represiva que ya dejó muertos y heridos.

Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más profundas de los últimos años. En medio de protestas, cortes de rutas y enfrentamientos que se extienden desde hace semanas, el Congreso aprobó una reforma que habilita al presidente Rodrigo Paz a utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos mediante la declaración de un estado de excepción.

La decisión llega en un contexto de creciente conflictividad social y luego de un operativo policial y militar que dejó al menos una persona muerta durante los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de La Paz. El propio gobierno boliviano terminó reconociendo el fallecimiento de un manifestante de 24 años, cuya autopsia indicó una herida de arma de fuego.

Las movilizaciones comenzaron a intensificarse a principios de mayo y hoy incluyen bloqueos en distintos puntos del país, con participación de sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, mineros, docentes y juntas vecinales. Los reclamos apuntan contra el ajuste económico impulsado por el gobierno de Paz, el aumento del costo de vida y la eliminación de subsidios a los combustibles, aunque en algunos sectores también se exige directamente la renuncia del presidente.

El Parlamento derogó una normativa que limitaba la aplicación de estados de excepción y ahora el Ejecutivo podrá avanzar con mayor facilidad en medidas extraordinarias que incluyan restricciones a libertades y despliegue militar en las calles. Desde sectores opositores y organismos de derechos humanos advierten que la decisión implica una fuerte escalada represiva.

La situación económica aparece como uno de los motores centrales del conflicto. Bolivia enfrenta problemas de abastecimiento, inflación creciente y escasez de combustibles, mientras las protestas ya afectan el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno a ciudades como La Paz y El Alto. Ante ese escenario, el gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para garantizar el traslado de suministros esenciales.

La crisis también tiene un fuerte trasfondo político. Rodrigo Paz, que asumió la presidencia a fines de 2025 tras casi dos décadas de gobiernos del MAS, enfrenta cuestionamientos incluso de sectores que lo acompañaron electoralmente y que hoy denuncian un giro neoliberal y una creciente concentración de poder.

En paralelo, el oficialismo acusa a sectores vinculados a Evo Morales de promover la "desestabilización", en un escenario atravesado además por la disputa electoral y la inhabilitación judicial del líder y ex presidente para volver a competir por el cargo.

Mientras tanto, crecen las alertas internacionales por la posibilidad de una profundización de la violencia. Organismos sociales, la Iglesia y referentes de derechos humanos reclaman investigaciones independientes sobre las muertes y garantías para el derecho a la protesta.