El Informe Nogueras revela un entramado de empresas y funcionarios que no deja afuera a casi ningún nivel dirigencial local en el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe. Sin embargo, la Justicia no movió un dedo en 31 años y la causa por vaciamiento quedó prescripta.
A principios de julio de 2017, por sexta vez la justicia santafesina ordenó profundizar la investigación sobre las responsabilidades por el desfalco total de lo que fuera el Banco Provincial de Santa Fe, cuya ley de privatización se promulgó el 26 de julio de 1996. No hubo magistrado que le diera impulso a la causa y su investigación. El juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez en junio de 2013 absolvió a los 44 imputados (ex presidentes y ex directores del banco) por prescripción; en agosto de 2015 rechazó la nulidad por cosa juzgada fraudulenta y cerró la causa y en julio de 2016 se declaró incompetente para avanzar en el proceso. La Cámara de Rosario le dijo que la acción penal no había prescripto y consideró “insólita” su incompetencia porque la tomó “25 años después de iniciada la causa” en su Juzgado, cuando todavía estaba en manos del represor Víctor Hermes Brusa, quien había sobreseído en 1993 a los imputados por una causa promovida por La Bancaria, el sindicato de los trabajadores de bancos.
Finalmente, este miércoles 18 de agosto, el juez penal de primera instancia, Pablo Busaniche, declaró extinguida la acción penal. Pasaron 31 años y cabe la prescripción.
¿Cuántos saben y sabían lo que pasó –o al menos una parte– en el mayor fraude de la historia de nuestra provincia?
La respuesta la da el propio Informe Nogueras, el resultado de la Comisión Investigadora que durante tres meses de 1997 se dedicó a exhumar todas las trapisondas que demolieron a la entidad financiera provincial. Por orden del gobernador Jorge Obeid, el Informe permaneció secreto al público, hasta que en mayo de 2017 se desclasificó. Pero fueron tantas las personas involucradas en su elaboración, tantos los directivos implicados, tantos los funcionarios provinciales nombrados, tantas las entidades que participaron que se hace muy difícil calificar como secreto el ocultamiento durante 20 años de lo sucedido.
El vaciamiento del banco se investigó a fondo, y en el Informe se resaltan a responsables, aprovechadores, incapaces y conspiradores. El sello de secreto que impuso Obeid parece que hizo de todo eso nada.
Quién es quién
El punto de partida se da el 20 de enero de 1997, cuando la entonces fiscal Irmgard Lepenies da un dictamen hacia el gobernador Obeid sobre la situación de los deudores del banco. Lepenies refiere a los sumarios internos de la entidad y afirma que “las investigaciones no profundizaron sobre la totalidad de las deudas examinadas”. “No consta que se hayan promovido investigaciones judiciales contra funcionarios de nivel político (asesores o directores)”, alega la fiscal y agrega que “No se observa actividad interna tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de empleados o funcionarios responsables de perjuicios”. Luego, contabiliza: de los 58 deudores principales y más gravosos, 22 ni siquiera estaban en una instancia judicial.
Ante el dictamen, el 3 de febrero el gobernador crea por decreto la Comisión Investigadora conducida por el democristiano Alfredo Augusto Gaspar Nogueras. En la comisión estuvieron Alberto Juan Beccani (senador UCR), Vicente Luis Cuñado (diputado UCR), Domingo Pochettino (diputado PJ), Alfredo Cecchi (diputado Frepaso), Pablo Antonio Cardinale (senador PDP), Miguel Ángel Bullrich (diputado PDP), Alejandro Rébola (diputado PPS), Eduardo Orio (Colegio de Abogados de Santa Fe), Oscar Russo (Colegio de Abogados de Rosario), Fernando Palotti, Daniel Corbacho y Jorge Fittipaldi (Colegio de Graduados y Contadores de Santa Fe y Rosario), Carlos Aguzzi (Confederación de Asociaciones Rurales Zona Rosario, Carzor), Juan Toledo (Coninagro), Juan Carlos Adrover (Federación Agraria), Hernán Racciatti (Federación Industrial de Santa Fe), Luis Gómez (La Bancaria Santa Fe), Luis Ortega (La Bancaria Rosario) y Victor Lioni (Asociación Empresaria de Rosario).
A todos ellos se sumaron como colaboradores dos diputados provinciales más del radicalismo, cuatro del Frepaso, uno del PDP y uno del PPS, tres senadores provinciales del PDP, once abogados del Colegio de Abogados de Rosario, tres del de Santa Fe, dos contadores más del Colegio de Contadores de Santa Fe y uno más de Rosario, un integrante más de Coninagro, otro de Carzor, otro de la Federación Agraria, otro de La Bancaria de Santa Fe y otros cuatro de Rosario, más dos personas más de la Asociación Empresaria de Rosario.
La Comisión Investigadora pidió apoyo y por 145 mil pesos-dólares se contrataron los servicios de las universidades de la región. Once auditores de la Universidad Nacional de Rosario, doce de la Universidad Nacional de Litoral y nueve de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe analizaron las carpetas de 205 deudores. El Ceride analizó la informatización y la contratación de IBM, también ruinosa.
Entre los deudores había destacadísimas empresas y particulares de renombre en la época y, también, en la actualidad: Celulosa Argentina, Chelita, Agritec SA (ex Fiatagri), Carlos y Américo Grossi, Complejo Turístico Piedras Blancas, Harrod’s, Lupotti Hermanos, Massey Fergurson Argentina, Molino Arrocero San Javier, Molinos Franchino, Juan Carlos y Juan Vicente Basso, Beninca, Cerámica Río Paraná, Clínica de Neonatología de Rosario, Drean, El Ombú SA, Elite SA, Kenia Fueguina, Restaurante La Rural SRL o el Sanatorio Británico de Rosario.
Estos deudores están dentro de los que más daño le hicieron al banco, pero no pertenecen al selecto grupo de los peores (con la excepción de Piedras Blancas, Agritec y Massey Fergurson, que sí lo están). Sus nombres revelan, no obstante, las características de la cartera del banco, su importancia y su entrelazamiento con la economía y la sociedad santafesina y nacional.
Huelga sumar a este listado a los gobernadores José María Vernet, Víctor Félix Reviglio y Carlos Reutemann, a sus autoridades económicas y al eterno Juan Carlos Mercier, dueño de la Hacienda del Estado. El Banco Provincial de Santa Fe era una entidad pública, su mando estaba en el Poder Ejecutivo. Esa línea que inicia en esa cúspide desciende hasta los 44 imputados en la causa que prescribió antes de arrancar
¿Qué era secreto?
Ni siquiera una representación, un recorte, una logia o un comité. El engorroso listado anterior muestra cómo en el sector privado y en el sector público está y estuvo claro, durante años, qué hicieron quiénes en relación con el banco y cómo lo hicieron. La prohibición de hacer público el Informe Nogueras no quita que el estado mayor dirigencial conjunto de la sociedad civil –partidario, sectorial, empresarial, sindical, académico y profesional– tuviera cabal y detallado conocimiento de lo sucedido y del reparto de las culpas.
El secreto impuesto por Jorge Obeid –que tenía que mantenerse hasta 2028– no tuvo tanto que ver con un resguardo de la información bancaria, porque sencillamente no había modo de esconder todo lo que se sabía dada la cantidad de actores involucrados en el vaciamiento mismo y la investigación que lo siguió.
El problema no era el saber: el problema era lograr para la dirigencia una justificación –jugar al secreto– para que así la rueda continuara como si nada hubiera pasado, hasta la prescripción final y la impunidad para todos los vaciadores.
Cuánta indignación causa leer esta noticia sobre el Banco de Santa Fe. Siempre uno confía en que la Justicia pueda funcionar... Mi gratitud a quienes informan y permiten que la mugre no siga quedando debajo de la alfombra. Pobre Patria mía...!!!