A dos años del asesinato de Lautaro Saucedo, la Justicia de Santa Fe resolvió extender la prisión preventiva del policía Francisco Olivares, acusado por el crimen. El juicio se llevará a cabo en mayo de 2022.
El 29 de octubre de 2019, el policía Francisco “Tronqui” Olivares asesinó por la espalda a Lautaro Saucedo, de 17 años, en barrio Guadalupe. A sangre fría, sin dar la voz de alto ni identificarse como oficial, en el marco de un servicio de custodia informal e ilegal que brindaba para la empresa Logística del Paraná SRL, Olivares disparó e hirió de muerte a Lautaro, agrandando la cifra preocupante de casos de gatillo fácil de nuestro país. Según las estadísticas presentadas por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante 2020, cada 20 horas, una persona murió en la Argentina por causa de la violencia institucional.
El joven había intentado quitarle una bolsa a una señora mayor. La señora se resistió y Lautaro no concretó el delito. Cuando se estaba yendo, la mujer lo llamó y le regaló un dinero. La escena, que se puede ver en los videos de las cámaras de seguridad de un domicilio, parece más una travesura que un hecho delictivo. No hay violencia, ninguna persona resulta dañada ni privada de sus pertenencias. Cuando el chico se aleja, Olivares, mientras habla por celular, tira una bala que recorre más de 40 metros e impacta en la espalda del adolescente. Lautaro moriría minutos después, desangrado. Cuando el cuerpo yacía en el piso, el uniformado intentó plantar falsa evidencia. Esto fue advertido por diversos testigos. A partir de aquel día, el policía fue privado de su libertad y hoy espera juicio para mayo de 2022.
Actualidad de la causa
De la investigación de este caso se hicieron cargo los fiscales del MPA Ezequiel Hernández (de Violencia Institucional) y Martín Torres (de Homicidios). La Fiscalía, debido a la diversidad y calidad de las pruebas, imputó a Olivares por homicidio triplemente calificado: por el uso de arma de fuego, por alevosía y por abusos en función del cargo que detentaba el asesino. Además, pedirá prisión perpetua para el imputado. Para que esto ocurra, el tribunal debería acreditar o la alevosía o el abuso en funciones.
Pedirán prisión perpetua para el policía que mató por la espalda a Lautaro Saucedo
Por otro lado, si bien el material probatorio fue presentado a su debido tiempo, el juicio contra Olivares no inició transcurridos dos años. Ese lapso es el que estipula el Código Procesal Penal de nuestra provincia para mantener privado de su libertad a un acusado. Pero, a través del artículo 227, se contempla la posibilidad de extensión de la prisión preventiva, en casos excepcionales.
Es así que el 26 de octubre de este año hubo una audiencia, donde la Fiscalía y la querella solicitaron la extensión de la prisión preventiva de Olivares. Por su parte, la defensora del policía solicitó su excarcelación, alegando que se encuentra destruido emocionalmente y que carece de los medios para emprender una fuga. El juez José Luis García Troiano le dio la razón a la querella y a los fiscales y dispuso un año más de prisión preventiva para Olivares. Al respecto, Pausa entrevistó al fiscal Hernández.
—Pidieron extender la prisión preventiva del acusado y el juez lo acreditó. ¿Cuáles fueron los argumentos que presentaron?
—En el Código Procesal Penal de Santa Fe se estipula como máximo los dos años de prisión preventiva, pero el mismo Código establece que por razones excepcionales (que no detalla cuáles son, por eso es un ejercicio de interpretación) puede extenderse un año más. En general lo que establece la práctica es que, para empezar, tenés que demostrar la subsistencia de los riesgos procesales. Por otro lado está la actividad de la Fiscalía, que no es que se cumplieron los dos años porque la Fiscalía se quedó de brazos cruzados dejando pasar el tiempo, sino que hubo actividad investigativa y que aun así no se llegó a la etapa de juicio. También lo que se tiene en cuenta es que no se afecte la proporcionalidad de la pena. Eso viene de la mano con el tiempo razonable del proceso. En la audiencia, la exposición la hizo el fiscal Martín Torres. Yo lo acompañé nomás. Él lo planteó muy bien y por eso fue exitoso. Lo que planteó es esto: antes del año y medio ya se había presentado la acusación y que la proporcionalidad y el plazo razonable no se ve de ninguna manera afectada porque estamos hablando de que la Fiscalía pide pena perpetua para el acusado. Por otro lado, está la pandemia, que es algo que planteó Walter Saucedo. En el medio del proceso hubo un evento anormal, extraordinario y mundial que estiró algunos tiempos. Después la defensa se basó en el plazo razonable y en que no existían los riesgos procesales: ya que, según la defensa, fugarse es caro y el acusado no tiene los medios para hacerlo. La Fiscalía respondió que sí existen los riesgos porque su condición de policía le permite un conocimiento diferencial acerca del proceso penal.
—El acusado entorpeció la investigación apenas lo asesina a Lautaro, plantando dinero en su ropa. ¿Fue un argumento que tuvieron ante el juez?
—Eso es algo que argumentamos nosotros a la hora de hablar de los riesgos procesales. El fiscal Torres dijo que subsisten los riesgos que oportunamente mencionamos en audiencias anteriores y que se ven incrementados por la etapa del proceso en el que estamos, porque estamos llegando a juicio y con la calidad de la evidencia que tenemos, hay que tener en cuenta dos cosas: 1) el acusado sabe todas las pruebas que vamos a producir, entonces puede ir directamente a entorpecer o afectar de alguna manera esa evidencia. 2) El conocimiento de la gravedad de la imputación y de la calidad de la evidencia que tenemos en su contra puede impulsarlo a él a entorpecer o evadirse. Además, desde el primer momento el acusado trató de implantar plata y planteó una versión distinta a lo que los testigos cuentan. Por ejemplo: llamó al 911, se identificó como policía y con una jerarquía superior a la que verdaderamente tenía. También en el llamado plantea la situación distinta a lo que realmente había sido. Todo eso lo habíamos planteado originalmente como un aumento del riesgo. Por su parte, el juez García Troiano, que ya había visto las audiencias anteriores, al momento de decidir dar la prórroga, argumentó cómo el acusado ya había entorpecido el proceso y había tratado de plantar pruebas falsas. Y también hizo un repaso, en la resolución, de los estándares planteados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la prórroga de la prisión preventiva.
