El caso de gatillo fácil involucró a policías que persiguieron y dispararon contra un automóvil, provocando la muerte de cuatro jóvenes en 2019.
A siete años del recordado caso de gatillo fácil que conmocionó a la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte, el Gobierno provincial decretó una indemnización millonaria a la única sobreviviente y su madre.
La decisión quedó establecida en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires a través del Decreto 739/26, que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof.
Se trató de un acuerdo extrajudicial alcanzado entre la parte demandante y el Estado provincial a raíz de una denuncia por daños y perjuicios. De esta manera, el Ejecutivo afirmó haber evitado un desembolso mayor de dinero que si hubiese perdido el litigio judicial.
En rigor, la damnificada, Rocío Quagliarello, de 13 años al momento de la masacre, recibirá una indemnización de $264.572.000, mientras que su madre, Loana Sanguinetti, percibirá $79.028.000, lo que eleva el monto total a $343.600.000.
Desde el Gobierno bonaerense indicaron en el documento que “los reclamos resultan comprensivos de indemnización por incapacidad sobreviniente, lucro cesante, pérdida de chance, daño estético, daño psicológico y daño moral para Rocío Magalí Quagliariello y daño psicológico, daño moral, frustración de proyecto de vida y gastos de tratamiento médico y farmacológico para su madre, Loana Sanguinetti”.
La Masacre de San Miguel del Monte
Rocío Quagliarello tenía 13 años cuando sucedió la masacre en San Miguel del Monte en la que perdieron la vida sus amigos Camila López y Danilo Sansone, ambos de su misma edad; Gonzalo Domínguez, de 14; y Aníbal Suárez, de 22.
Durante la madrugada del 20 de mayo de 2019, la joven viajaba a bordo de un Fiat Spazio conducido por el mayor del grupo, y de repente, sin motivo, dos vehículos policiales comenzaron a perseguirlos y a dispararles con las armas reglamentarias.
Como resultado de la persecución, el auto impactó contra un acoplado estacionado. Los chicos murieron y ella permaneció 25 días internada en grave estado en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
El juicio posterior determinó que los efectivos policiales desplegaron una extensa actividad para encubrir lo ocurrido e instalar la idea de un accidente. Cuando no pudo negarse la persecución, se falsearon testimonios para ocultar los disparos policiales.
El 9 de junio de 2023, cuatro policías fueron declarados culpables por un jurado popular. La jueza Carolina Crispiani, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata, sentenció a Rubén García y Leonardo Ecilapé a prisión perpetua; mientras que para Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, la condena fue de 15 años de cárcel.
La Masacre ocurrió durante el gobierno de María Eugenia Vidal como gobernadora y Cristian Ritondo como ministro de Seguridad bonaerense, donde se promovía y naturalizada que las intervenciones policiales podían terminar con un resultado de muerte.
Con información de Página 12
