El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la modificación a la ley de Contracepción Quirúrgica. Desde ahora las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica. Es el fin de las esterilizaciones forzadas.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves con 51 votos a favor el proyecto de ley de intervención de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad de modo que puedan decidir sobre su reproducción sexual.
Con esta reforma ya no es posible que prácticas como la vasectomía o la ligadura de trompas se hagan sin el consentimiento de las personas con discapacidad, ni a pedido de su familia o representante legal. "La anticoncepción quirúrgica es un método anticonceptivo, y, como cualquier otro, debe ser elegido por la persona que lo va a usar", explicaron desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). "Autorizar estos procedimientos sin el consentimiento informado de las personas a las que se les realizan es violencia y una grave vulneración a los derechos humanos".
Durante la sesión en el Senado la única oradora fue la pampeana Norma Durango (FdT) quien precisó que "el eje central que persigue la iniciativa es reconocer el avance de la Ley 26.130 que es básicamente el reconocimiento de los derechos reproductivos sexuales y en la autonomía y la autodeterminación de las personas en su vida sexual y reproductividad".
El cuerpo del texto propone dos modificaciones a la vigente Ley. Por un lado, el artículo 2: "Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial: Para el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, las personas tienen derecho a acceder a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529".
Por otro lado, establece modificar el artículo 3: "Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de co-quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley. En ningún caso se requiere autorización judicial".
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Y agrega: "Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones".
"La ley de contracepción quirúrgica se enmarcó dentro del viejo Código Civil donde la capacidad e incapacidad se concebían en términos absolutos en ese paradigma si era capaz o incapaz, y en ese último caso se recurre a través de sus representantes legales", explicó Durango y agregó: "El texto vigente reconoce el derecho a la práctica de contracepción a la persona capaz, mientras que el incapaz debe solicitar autorización judicial, lo cual no se condice con el Código Civil y Comercial sancionado". "Las personas con discapacidad tienen plena capacidad en la decisión de las intervenciones de contracepción quirúrgica”, concluyó la senadora pampeana remarcando el principal objetivo del proyecto.
Desde REDI celebraron la modificación de la ley por la cual vienen luchando, junto a otras organizaciones, desde hace años. "Es un paso fundamental para garantizar los derechos sexuales y (no) reproductivos de todas las personas, y construir una sociedad en la que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás", indicaron a través de sus redes sociales.
El proyecto de modificación fue impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia(ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) , Casa FUSA: Centro para Atención de Adolescentes y Jóvenes y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y realizada en el marco del “Proyecto DeSeAr con inclusión”.
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