ANUARIO 2021 | De la renuncia de Sain al desembarco de los gendarmes, 2021 fue otro año perdido en materia de seguridad pública y prevención.
Cuando empezó 2021, Marcelo Sain estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y se encontraba involucrado en pleitos de todo tipo contra funcionarios de otros poderes del Estado. En el cierre del año, el ministro Jorge Lagna todavía intenta reencausar la gestión en el área más sensible del gobierno. Lo que pasó en el medio se asemeja más a una novela de intrigas que al género de crónica política. Intentaremos hacer un apretado resumen.
Marcelo Sain se sumó al gabinete de Omar Perotti en 2019 y desde el primer día se dedicó a abrir frentes de batalla en el terreno político que contrastaron con los escasos avances en materia de seguridad y prevención. Apenas 15 meses después, se tuvo que ir por la puerta de atrás sin concretar las reformas que propuso. La falta de resultados demuestra que la promesa de “paz y orden” es efectiva para ganar una elección, pero casi imposible de cumplir una vez en la gestión.
La demanda de seguridad y justicia que eyectó al socialismo del poder y le permitió a Perotti ganar el gobierno provincial es ahora su principal desafío. El gobierno santafesino consumió la primera mitad de su mandato entre diagnósticos y descripciones, perdió tiempo disputando cuestiones reglamentarias con los otros poderes del Estado y quedó entrampado en un debate estéril sobre reformas legislativas que no van a resolver el problema de la violencia urbana.
Desde la asunción de Jorge Lagna, en marzo de 2021, la Casa Gris ensayó una apertura dialoguista con aquellos actores que habían sido atacados por Sain, pero hasta ahora no logró mayores resultados.
La escalada criminal que tiene por epicentro a la ciudad de Rosario apuró la intervención nacional. El gobierno de Alberto Fernández, que al principio había minimizado el problema, envió 575 gendarmes en septiembre y prometió otros mil agentes federales para marzo de 2022: la misma receta que fracasó en las gestiones de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, por ahora con idéntico destino.
La violencia urbana que asola a Santa Fe y a Rosario se expresa en balaceras, atentados intimidatorios, crímenes por encargo o por revancha, robos violentos y salideras bancarias. El poder de fuego de las bandas narco se concentra sobre Rosario y no explica en su totalidad un problema complejo que incluye una Policía de brazos cruzados y una marcada desconfianza entre la Justicia federal y la provincial.
Sin una política seria de inclusión y prevención, sin cortar los vínculos entre las bandas criminales y las fuerzas de seguridad, una mayor presencia policial en las calles no resuelve el problema de la violencia urbana. Le pasó al Frente Progresista y le está pasando al gobierno de Perotti, que tiene solo dos años para hacer lo que prometió en cuatro.
