El gobierno avanza con un plan de ajuste ortodoxo en un marco de inflación alta y con 37% de pobreza. Sin poder ni autoridad, Alberto Fernández parece cerrar su ciclo como si fuera una gestión de transición.
Peculiar destino el de Alberto Fernández, que en el verano de 2019 deseaba terminar sus días de operador dándole al jamón serrano como embajador en España. Sobrellevó la pandemia sin muertos asfixiados en las puertas de los sanatorios ni fosas comunes o piras crematorias masivas y ahora está enfrentando un período de alza global de los precios inédito en los últimos 40 años. Los países centrales triplican o cuadruplican sus índices de inflación, los combustibles escasean en todo el mundo –los piquetes ruralistas en Alemania y Países Bajos recuerdan a los argentinos de 2008– y el valor de los alimentos vuela, con la gran pradera ruso-ucraniana ocupada por fuerzas militares.
Con inflación y ajuste superpuestos, el triunfo electoral en 2023 luce a quimera. Sin poder salir de su interna, el gobierno avanza como si fuera una gestión de transición entre una primera y una segunda fase del macrismo.
No hay paz
Tanto la inflación global como la escasez de combustibles y el incremento de los precios de los alimentos se van a extender lo que dure el conflicto en Europa, y más. Eso es un dato. Lo que no era un dato, y se vuelve una lección, es que no existe posibilidad de darle sustentabilidad a un gobierno con la conformación de una coalición como la del Frente de Todos. Legitimidad electoral y cabeza ejecutiva tienen que coincidir.
En una interna pasada de duración y de épica estéril –los limites ya existen y están dados por el FMI– el Frente de Todos se ensañó con la paciencia de la población y de su electorado. Un slogan repetido por CFK en 2017 y 2018 era que el macrismo había llegado para desordenarle la vida a la gente. Pues bien, la coalición gobernante parece no tener idea de que, después de una semana laboral de angustia y precariedad, no hay nada más importante que tener un poco de paz y no clavarse los fines de semana a pura crisis de gabinete.
El gobierno no le da descanso ni respiro a la población. No es la vulgar “crispación” que se le endilgaba a CFK en su momento y que reflejaba el estado de ánimo de los poderes fácticos afectados por sus políticas públicas populares. Acá el malhumor está abajo, más allá de las explicaciones periodísticas de paneles y columnistas y de los partisanos que ven jugadas maestras en todos los movimientos de cada líder político. Abajo, desde donde lo que se ve arriba es una riña constante, en un contexto donde el sueldo no alcanza más allá de que haya más trabajo.
Desde 2018 para acá, gobernar en Argentina es, indefectiblemente, gerenciar un acuerdo con el FMI. Cualquier cuento por fuera de esas líneas es una mentira absurda. No es un problema de audacia política, voluntad y construcción de poder o de capacidad de gestión: es un problema financiero público y macroeconómico. Ningún gobierno –con gusto o disgusto– va a romper esa relación. Ese fue el éxito más definitivo de Mauricio Macri en su paso por la Rosada.
La historia política desde 2001 se puede analizar no sólo como la emergencia de dos proyectos nuevos, enmarcados por la disputa de la renta agraria y su ubicación en el mercado mundial (la relación con China), sino que también puede explicarse como el esfuerzo de la política, las instituciones y el propio mercado para reconstruir la gobernabilidad desde el Poder Ejecutivo. Abofeteado sin parar por su propia coalición desde la derrota de 2021, como si no alcanzara con sus repetidos tiros en el pie, Alberto Fernández habla y con suerte lo pasan en vivo en Canal 26. En este proceso se está poniendo en entredicho la gobernabilidad misma. La lapicera. La lapicera de un presidente que perdió sus dos principales alfiles en apenas un mes: Matías Kulfas y Martín Guzmán.
El provisorio armisticio de esa demolición de la autoridad presidencial es un plan económico ortodoxo. El gobierno popular va a un ajuste para todes. La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, señaló en su primera conferencia de prensa que “En situaciones extremas, como la pandemia, el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico, pero una vez pasadas esas circunstancias tenemos que retornar al equilibrio”. Será que un nivel de pobreza del 37% no califica como “extremo”.
Final a toda orquesta
El último año antes del inicio del período electoral estará signado por el plan Batakis. El objetivo es el habitual de un plan ortodoxo: “Que todos los mercados entiendan que Argentina está dispuesta a controlar el gasto público, seguir en el camino de controlar el déficit fiscal”, dijo el presidente después de la conferencia de prensa de la ministra de Economía.
Arreglar las cuentas públicas y reducir el déficit no está mal, está bien. Y es necesario para no romper con el FMI. El problema es que, otra vez más, el ajuste provendrá del esfuerzo de los asalariados y no de las riquezas acumuladas de quienes hace décadas sustentan políticamente un modelo de endeudamiento y fuga de capitales. Los mismos 30 o 40 empresarios que, otra vez más, van a decir que el ajuste no alcanza, porque nunca hay ajuste que los sacie.
Más de allá de comisiones de histórica eficacia nula, los pocos puntos positivos del plan Batakis son:
- Se unifica el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias, a fin de homogeneizar el criterio, que varía según las provincias. El objetivo es hacer un revalúo. Esto impacta en quienes pagan chaucha y palito por tener miles de hectáreas.
- Se publicó el formulario para la segmentación de tarifas energéticas. Se supone que los más pobres seguirán con subsidio, las clases medias pagarán subas por debajo de los aumentos salariales y los más ricos pagarán tarifas plenas.
- Se advirtió que no se impulsará una devaluación ni un default en la deuda en pesos
Por el lado del ajuste duro, la lista es más larga:
- El Ministerio de Economía va a largar plata al Estado siempre y cuando la tenga en contante y sonante. No hay gasto “devengado”, es decir, a pagar con lo que se espera recaudar. Esto es en los hechos una bruta parálisis y recálculo de todas las ejecuciones en curso. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo Batakis. Miren cómo ahí se van las pretensiones electorales del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
- La pauta de tasa de interés estará por encima de la inflación. Con criterio monetario, la idea es aspirar pesos vía ahorro para bajar la presión sobre el dólar y atacar la inflación enfriando el consumo. El comercio y la producción tendrán los mismos efectos recesivos que cuando se tomó esta medida durante el macrismo. El crédito para cambiar tu heladera rota, bien, gracias.
- Todas las empresas y organismos descentralizados del Estado unificarán sus cuentas en un solo fondo, bajo dominio de Economía. Más allá del recorte estimado en 600 mil millones de pesos y de los efectos concretos en la población de ese ajuste, va a ser hilarante ver cómo se va a hacer política electoral en provincias con el acogotamiento de cajas como la del Anses o el Pami.
- ¿Sos monotributista o contratado que trabaja para el Estado? ¿Querés destacarte y te estás esforzando el triple que tus compañeros que ya están en planta? Es tu momento de tirarte a muerto y quedarte chanta. Se congeló el ingreso de personal al Estado, tanto en administración central como en organismos descentralizados. Dale rienda suelta a tu fiaca.
Como mucho, el plan Batakis va a lograr acomodar las cuentas macroeconómicas, pero con la gente afuera. Así, el gobierno entregará con su derrota un Estado con relativo orden fiscal y monetario, acuerdo con quita de deuda externa con los privados y plan de pagos renegociado con el FMI y, como cereza, el gasoducto Néstor Kirchner prácticamente terminado, para que el déficit comercial externo y la falta de dólares pasen a ser cosa del pasado.
Además, con la discusión ya establecida y alentada por propias figuras del gobierno respecto de un bimonetarismo posible y del rol de las organizaciones sociales y territoriales, “los planeros”, están dadas todas las condiciones para un paquete de políticas de shock profundo, de alcance insospechado.
Quizá Juntos por el Cambio haya aprendido de Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que inició su mandato mandando todas sus reformas regresivas juntas en un solo paquete de leyes. Las próximas legislativas pueden ser tan importantes como las ejecutivas. Vale adelantar la indicación, en memoria del ex pibe Diego “Sanguchito” Bossio y otros tantos conversos.
