Militantes feministas de diferentes puntos de la provincia solicitan al gobierno provincial saber si financian a esta ONG y cuál fue el rol de cada organismo público ante lo sucedido con la niña oriunda de Garibaldi.
Agrupaciones feministas y de derechos humanos solicitan al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe informes respecto a las acciones previas y posteriores vinculadas a la situación de público conocimiento donde la ONG Grávida obstaculizó el derecho a abortar a una niña de 12 años.
En una misiva enviada este jueves a la cartera que conduce Celia Arena, los organismos firmantes (entre ellos Mumalá, Mujeres de Negro Rosario, Insgenar, Colectiva Savia de Reconquista) preguntan:
- ¿Cuáles fueron las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida?
- ¿Cuáles fueron las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas?
- Si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida y en qué concepto.
- Si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a la ONG Grávida, detalle de las mismas.
- Detalle de las intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social, en este particular.
- Detalle de las intervenciones del Ministerio de Salud, en este particular.
- Detalle de las intervenciones del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en este particular.
Sobre la intervención del Estado
A través de las redes sociales, Florencia Marinaro -ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia- explicó ayer que la intervención en la situación fue interministerial e involucró al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Niñez y al Ministerio que ella encabeza.
"Como es de público conocimiento, la niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo", dijo Marinaro.
La ministra agregó que desde ese momento se pusieron a disposición "todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho". Sin embargo, "en el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo".
Ante esta situación, la Secretaría de Niñez solicitó una medida de protección excepcional transitoria y, a pesar de las acciones de esta ONG para evitar su cumplimiento, "los equipos estatales de forma inmediata lograron que volvieran a estar contenidas y asistidas".
Marinaro destacó que "sin una intervención coordinada e inmediata esto no hubiera sido posible, esta situación expresó un intento por parte de una organización de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad".
Por último, agregó: "Como Estado tenemos la obligación de poner a disposición de la Justicia la información que sea necesaria para que sea ella quien determine si hubo o no vulneración de derechos por parte de la organización hacia la niña y su madre".
A partir de lo sucedido en relación al caso de la niña de 12 años embarazada producto de un abuso intrafamiliar es importante clarificar algunas cuestiones vinculadas a la actuación del Estado Provincial a través de los distintos Ministerios intervinientes. Abro Hilo.
— Flor Marinaro (@flormarinaro) January 4, 2023
