Legisladoras que forman parte de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara Baja solicitaron información sobre el accionar del Estado en la atención de la niña que solicitó la interrupción de un embarazo y que se investigue la posible comisión de delitos por parte la ONG antiderechos.
Integrantes de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de Santa Fe presentó una nota al gobernador Omar Perotti requiriendo información respecto del protocolo implementado en el marco de la atención de una niña que solicitó la realización de un aborto y que fue captada por la ONG Grávida durante el fin de semana pasado.
También pidió que, "de confirmarse las acciones ilegales ejercidas por Grávida se inicien las medidas judiciales pertinentes por corresponder a una vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de la legislación vigente".
La presentación lleva la firma de las diputadas Lucila De Ponti, Gisel Mahmud, Silvana Distéfano, Agustina Donnet, Dámaris Pachiotti y Jimena Senn.
Asimismo solicitamos que de confirmarse las acciones ilegales ejercidas por la ONG Gravida se inicien las medidas judiciales pertinentes por corresponder a una vulneracion de los derechos de NNyA y a la legislación vigente. pic.twitter.com/7YNhO8Ja0R
— Lucila De Ponti ⭐️⭐️⭐️ (@ludeponti) January 6, 2023
El pedido se suma al de diversas organizaciones sociales que presentaron una nota a los fines de que se explique el rol del Estado en el abordaje de la situación y —además— informe si existen convenios o subsidios estatales hacia esta organización fundamentalista.
Por su parte, la Regional Santa Fe de la Campaña por el Derecho al Aborto demandó que se investigue el accionar de Grávida en este hecho puntual y que "se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes".
Fundamentalismo e intromisión para que los derechos no se ejerzan
Grávida es una organización que existe en nuestro país desde 1989 y cuenta con 69 sedes en diversos puntos del país. Tiene expresos vínculos con la Conferencia Episcopal Argentina. Su objetivo es disuadir a quienes deciden abortar de hacerlo. Operan a través de diferentes mecanismos; por ejemplo, prometiendo dinero o diciendo que la interrupción del embarazo supone riesgo de muerte.
En los hechos que se conocieron esta semana, desde la propia organización reconocieron que trasladaron a la niña que había pedido la interrupción del embarazo en el marco de la Ley 27.610 desde la localidad de Garibaldi a la capital provincial en un auto particular. Luego las alojaron en la Casa Hermanas de Betania, una institución religiosa situada en el centro de la ciudad. Allí realizaron una consulta por videollamada con el médico Raúl Dalla Fontana, quien reconoció en diversas entrevistas periodísticas que el objetivo del accionar fue que el embarazo continuara.
En 2016, la psicóloga María Belén Catalano —integrante de Grávida— se hizo pasar por personal interviniente en la atención de una interrupción legal del embarazo en el Hospital Iturraspe. A partir de esa intromisión irregular, una niña que había pedido la práctica resolvió continuar con la gestación. Los hechos fueron investigados y a la nombrada se le quitó la matrícula por violar la ética profesional.
