La semana pasada, el juez Matías Colón declaró la nulidad del artículo que reducía el límite para fumigaciones en zonas urbanas de 200 a 50 metros en Rafaela. Dialogamos con Horacio Beldoménico, uno de los científicos que participó en la causa que derivó en la primera sentencia sobre plaguicidas biológicos y orgánicos en el país.
La semana pasada, el juez en lo Civil y Comercial de Rafaela, Matías Colón, declaró la nulidad del artículo 4 de la Ordenanza 5331, que en 2021 había reducido el límite para las fumigaciones de productos biológicos y orgánicos en zonas urbanas de 200 a 50 metros, en lo que fue un fallo pionero, ya que es la primera vez que se dicta sentencia sobre el uso de estos en el país. Los informes técnicos y científicos que se incluyeron en el expediente -y sobre los cuales el juez fundamentó su decisión- coincidieron en que "ninguna sustancia es inocua" y que la distancia "es la única medida contra la deriva" en la aplicación de agrotóxicos, es decir, del movimiento de los plaguicidas fuera del objetivo.
El ingeniero químico Horacio Beldoménico, docente e investigador de la UNL, ex director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de dicha universidad y vecino de Rafaela, fue uno de los científicos que participó de la causa y aportó su conocimiento en la materia. Ya en 2021, una semana antes de que los concejales rafaelinos aprobaran en un trámite exprés la reducción del límite para las fumigaciones, había presentado un informe de más de 100 páginas que documentaba el impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente -en especial en niños y mujeres embarazadas- y recomendaba alejar las fumigaciones a una distancia mínima de 1000 metros.
En diálogo con Pausa, Beldoménico se explayó sobre los alcances del fallo, que, según su consideración, puede sentar un precedente importante en relación al uso de plaguicidas biológicos y/u orgánicos, uno de los nuevos caballitos de batalla del agronegocio frente a la cada vez más ostensible peligrosidad de productos sintéticos como el glifosato. Además, hizo énfasis en la falta de control de los organismos encargados de fiscalizarlos -como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)-, y planteó la necesidad de "revisar" la labor que llevan adelante.
—¿Considerás que el fallo del juez Matías Colón es de importancia, y que puede significar un precedente en cuanto a la regulación de los productos biológicos y/u orgánicos?
—Sí, este fallo es muy importante, por varias razones. Por empezar, considera que no hay ningún plaguicida inocuo. Todas las sustancias que se utilizan como agroquímicos son biocidas, son insumos externos a los ecosistemas que se agregan para resolver alguna problemática, y eso se hace con un riesgo tanto para el ambiente como para la salud. Es la gestión de agroquímicos lo que ofrece fallas, por eso este eterno conflicto entre gente que se queja y todo un sistema que dice que está todo bien. Algo está fallando en la gestión de agroquímicos; y el rol del SENASA, si bien es importante, no alcanza a cubrir todos los aspectos que corresponden en la evaluación de estas sustancias para que no impacten en el ambiente y la salud de las personas. Este es un aspecto que toca el fallo, diciendo que es necesario estudiar más en profundidad. Un segundo aspecto de importancia de la sentencia es que consideró todas las voces que aparecieron en el escenario. Nosotros, como demandantes, presentamos una abundante documentación, pero además la Municipalidad, la demandada, presentó sus descargos e hizo lugar a Productores Unidos y al Colegio de Ingenieros Agrónomos, que se presentó también como tercera parte interesada. El juez consideró todas las opiniones. Y un tercer mérito es que otros fallos eran más puntuales sobre situaciones patológicas, a partir de gente enferma que hacía reclamos porque había sido afectada directamente. Este caso, en cambio, refiere exclusivamente a las exposiciones difusas, que afectan a la sociedad en forma silenciosa a lo largo del tiempo. No sé si hay otros fallos tan claros y con semejante cantidad de pruebas y opiniones de SENASA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de expertos de las universidades. Por eso va a generar antecedentes importantes.
—¿Cómo se resolvieron esas posturas contrapuestas?
—La posición histórica de los productores, prioriza la eficiencia, que se alcanza con productos sintéticos y ahora también con los biológicos. Ellos tienen una cantidad de información que supuestamente comprueba que las gotitas no recorren mucho espacio y que con buenas prácticas agrícolas es posible generar prácticas seguras. Pero a esta altura, con tanta evidencia que hay en nuestro país, está totalmente demostrado que no se trata de hacer una prueba con una gotita de agua y ver cuánto cae, porque los productos quedan en la superficie durante mucho tiempo y eso depende de un montón de factores: la forma en la que se evaporan, el clima, el viento, la erosión eólica. Entonces en estas islas de producción agropecuaria estamos permanentemente sometidos a exposiciones mínimas, ocultas, silenciosas, que van minando la salud de la gente. Hay un montón de estudios toxicológicos en Argentina muy representativos.
—¿Y qué argumentaron los productores en relación a esto?
—La producción no tiene nada novedoso que decir, y presentaron pruebas harto deficientes. El informe de una de las toxicólogas que presentó Productores Unidos dice que no hay casi laboratorios en Argentina que puedan hacer estudios de plaguicidas. Esto abre una preocupación muy grande, porque entonces, ¿quién hace los estudios? ¿Se hacen afuera? ¿Se cree en los informes de las empresas? Es muy preocupante. Esta mujer es una asesora histórica del SENASA, y desautoriza de un plumazo un montón de trabajos hechos con gran esfuerzo por científicos argentinos que marcan que hay una situación de impacto real, diciendo que no son fiables. Es una irresponsabilidad absoluta.
—Pero, además, es hasta un argumento en su contra, porque si no hay laboratorios que puedan estudiar los plaguicidas, aplicando el principio precautorio, ¡entonces no podemos aprobarlos!
—Ni hablar, por eso el juez la cita en el fallo, porque es casi una declaración de culposidad. Para rebatir 38 páginas de trabajo de años de la ciencia argentina, con papers publicados a nivel internacional, presentó un estudio que hizo ella en el que estudia un grupo de 10 o 12 plaguicidas con una técnica que ya no se usa en el mundo, que es la cromatografía de gases con captura de electrones, y analiza sólo dos parámetros. ¡10 o 12 plaguicidas, dejando de lado los 400 que se usan en Argentina! Es una falta de respeto a la ciencia. Y esta mujer asesora al SENASA; entonces, quizá, en el fondo, hay que revisar lo que hacen nuestros organismos de control. Porque además, en sus argumentaciones sobre los productos biológicos, no anteponen ningún argumento contra lo que decimos, que es que tienen variada peligrosidad. No decimos que no se puedan usar, sino que tienen variada peligrosidad y que hay que considerarlos como los otros, porque como todos los fitosanitarios deben ser sometidos a una rigurosa gestión. Yo expongo con claridad la cantidad de deficiencias que tiene este sistema, porque no hay controles, en Argentina no sabemos la cantidad de plaguicidas que se utilizan. Se hacen comparaciones con Europa, pero Europa tiene muchísimas más medidas precautorias y analiza más de 100 mil muestras al año. Se menoscaba la idea de que la salud y el ambiente son prioritarios al momento de producir. Hay que producir mucho, pero no a cualquier costo. Incluso al director del INTA de Rafaela se le preguntó si había aplicado el principio precautorio en sus observaciones y respondió con un "no" rotundo.
—Eso es grave, porque el principio precautorio está reconocido por ley.
—Así es, y el SENASA te diría que otro tanto, porque cuando se les pregunta por el principio precautorio siempre terminan diciendo que ellos resuelven la ecuación riesgo-beneficio: si los riesgos son aceptables priva el beneficio. Es la posición que tienen los productores y que sostiene el sistema actual. Ponen límites máximos para los alimentos y entonces nos hacen comer cócteles de 10, 15 o 20 plaguicidas todos juntos en cantidades mínimas. No hay una evaluación completa toxicológica. Esto se está empezando a cuestionar muy fuertemente, por eso la IARC, el organismo internacional sobre cáncer de la ONU, fijó en 2015 la carcinogenicidad probable del glifosato, en contra de organismos que hacen evaluación de riesgos. Cada vez se está volcando más a este enfoque, porque si una molécula es peligrosa es muy arriesgado ver cuánto la gente se expone a ella. Hay que medir la exposición, cuánto queda en el aire o en el agua, cuánto se come, qué pasa con la sinergia, que tampoco está estudiada, porque cada uno de los productos se estudia individualmente y no en conjunto, cuando uno come hasta 10 de estos compuestos todos juntos. En países como el nuestro, donde casi no se mide nada, donde casi no sabemos la cantidad de plaguicidas que se tiran, no hay datos ciertos: lo menos que se puede hacer es ser mucho más precavidos. Hay un perfil muy sesgado hacia la producción, que niega todos los esfuerzos que hace la ciencia por advertir. La sociedad está prácticamente desprotegida, con toxicólogos que son contratados por las empresas. Lo que presentó Productores Unidos me da vergüenza ajena, es una ofensa a toda la ciencia argentina. Y los científicos del International Life Sciences Institute (ILSI), el think tank de las grandes empresas, tienen conflicto de interés, no son independientes. Pero el sistema admite que las empresas son las únicas que hacen los dossiers y los informes técnicos para la aprobación de los productos. El SENASA recibe los dossiers de las empresas, se escucha siempre una sola voz. Creo que este fallo va a dar que hablar y va a sentar un precedente grande.
—En relación a productos biológicos y/u orgánicos, es pionero.
—Sí, y discrimina qué se entiende por biológico, por orgánico, se ha hecho una disquisición en la causa sobre que hay una indefinición grande respecto a los términos. Son algo nuevo, está empezando a crecer su producción y su uso y los productores tienen una gran expectativa porque están hechos por las grandes corporaciones para sustituir a los sintéticos, pero hay muy pocos estudios sobre la aplicación de estos productos, entonces mal podemos hacer una prueba piloto en Rafaela. Nosotros fuimos a las bases de datos internacionales a ver qué dicen y hay alertas ecotoxicológicas, ambientales y para la salud. Son productos que, como cualquier otro fitosanitario, hasta tienen bandas asignadas por SENASA, son iguales que los otros en cuanto a la gestión. No quiere decir que sean más malos o menos malos, lo que está en cuestión es cómo se gestionan y cuando se toman decisiones abruptas se hace sin tener en cuenta eso.
—¿Y qué alternativas hay en relación a este tema?
—Creo que esto abre las puertas a la promoción de la agroecología, que es una forma de agricultura no basada en los insumos externos, sino en los procesos naturales que tienen los ecosistemas. La agroecología, si usa algún bioinsumo, como efectivamente lo hace, lo usa en determinadas circunstancias. El otro modelo, en cambio, va a usarlos eternamente. Jamás le va a dar espacio al ecosistema para generar sus propios mecanismos de regeneración, y esto es algo que en el mundo está siendo planteado. Todo el quilombo que hay con el cambio climático tiene mucho que ver con esto, con darle a la naturaleza el espacio, el tiempo y la posibilidad de que vaya generando sus propios procesos naturales.
