La desregulación del mercado inmobiliario se tradujo en la absoluta desprotección del eslabón más débil: los inquilinos, quienes ya deben destinar casi el 50% de sus ingresos a pagar el techo donde vivir.
El 20 de diciembre Javier Milei anunció por cadena nacional algunos de los puntos más importantes de su mega Decreto de Necesidad y Urgencia. Rodeado de buena parte de su gabinete y del artífice de ese mamotreto plagado de inconstitucionalidad, Federico Sturzenegger, el presidente comenzó a ejecutar su plan de saqueo y hambre para las mayorías populares del país.
Mientras sus consignas previa victoria electoral apuntaban a terminar con la inflación y que los chicos pobres del Chaco dejen de pasar hambre, la primera medida –literalmente, fue la primera– anunciada esa noche de diciembre fue la “derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea”.
Casi cuatro meses después de ese anuncio, la inflación acumulada desde el inicio de la gestión del libertario ya está cercana al 100%. Ah y dudamos que los chicos del Chaco estén comiendo mejor porque el Ministerio de Capital Humano frenó el envío de partidas a todos los comedores comunitarios y barriales del país.
Entonces ¿a quién benefició la derogación de esa ley? Primero lo primero: las principales regulaciones que establecía la normativa eran para cuidar al eslabón más débil –los inquilinos–, con contratos por un plazo mínimo de tres años y actualizaciones anuales con un índice que promediaba entre inflación y salarios. De esta forma, quien entraba a alquilar lo hacía con la cierta tranquilidad que daba saber que ibas a estar ahí durante esos tres años (un tiempo prudente como para recuperarse de todo lo que implica mudarse, económica y emocionalmente) y con una actualización que permitía cierta previsibilidad.
¿Cómo es alquilar ahora sin ley? Bueno, es la jungla del libre mercado. Es “un acuerdo libre entre las partes”, según el gobierno y el lobby inmobiliario. “Propietarios e inquilinos comienzan a familiarizarse con las herramientas disponibles para celebrar acuerdos libres que permitan mantener una relación contractual saludable”, dice una nota de Infobae. “En cuanto al ajuste del precio, tanto el propietario como el inquilino pueden convenir el índice y la frecuencia de la actualización del precio, brindando mayor flexibilidad en las condiciones contractuales”, dice sin ningún tipo de vergüenza un abogado especializado en temas inmobiliarios y empresariales al portal porteño.
Bueno, saliendo de ese mundo de fantasía donde inmobiliarias, propietarios e inquilinos se sientan llenos de alegría en una misma mesa a evaluar qué es lo más conveniente para todas las partes y definen en armonía precios, requisitos y ajustes, la realidad es un puñetazo en medio de la cara.
Alquilar en Santa Fe
En diciembre, tras los anuncios de Milei, en nuestra ciudad se conformó el colectivo Inquilinos Autoconvocados con el objetivo de instalar la problemática de las y los inquilinos en el debate público y organizar un modo de accionar colectivo para hacer frente a los abusos del sector inmobiliario y a la desprotección que trae aparejada la ausencia de un marco regulatorio.
Consultado sobre cuáles son los principales problemas que están teniendo los inquilinos en Santa Fe, Sergio Ferreyra, integrante de la agrupación, señala: “El nuevo marco implica triplicar los esfuerzos en cuanto a garantías, por ejemplo, pensar en incrementos trimestrales o cuatrimestrales atados a índices oficiales o fantasmales como el precio del litro de nafta; eso es una espada pendiente sobre la cabeza, todo el tiempo. En la mayoría de los casos los montos de los alquileres se triplicaron de un mes a otro por la derogación de la antigua Ley de Alquileres, en mi caso particular pagaba $55.500 hasta diciembre y en enero debí mudarme porque el alquiler de esa propiedad fue llevado por su propietario a $200.000, y mi nueva casa tiene una menor dimensión y cuesta $158.000, con aumentos cuatrimestrales atados al IPC. El sector monotributista es uno de los más perjudicados para el acceso a la figura del inquilinato, en cambio para las personas jubiladas es imposible, en muchos casos aparecen cancelaciones a ese sector”.
En una rápida recorrida por las redes sociales y páginas web de algunas de las inmobiliarias santafesinas, se puede comprobar esto que comenta Ferreyra. Alquilar un departamento o interno de una sola habitación en los barrios más requeridos de la ciudad no baja de los 170 mil pesos mensuales, con ajustes –en su mayoría– trimestrales o cuatrimestrales según IPC o ICL, más expensas, impuestos y servicios. Los aumentos semestrales casi no existen, solo aparecen con algún alquiler directo a un propietario medianamente benévolo.
Entre los requisitos también hay cosas delirantes: como recibos de sueldo que tripliquen el monto del alquiler y comisiones inmobiliarias que también duplican o triplican ese monto. Es decir, para entrar a un departamento de 170 mil pesos, hay que sumarle entre 250 o 300 mil más de comisiones y sellados. Así, dejar una casa y entrar en otra puede implicar un gasto de más de medio millón de pesos.
Oferta y demanda
Desde el gobierno y el lobby inmobiliario repiten que la situación mejoró porque hay más oferta de casas y departamentos, más propietarios que decidieron volver a poner en alquiler sus propiedades porque hay “mejores condiciones” para hacerlo. Si hay mucha oferta, los precios bajan, repite la fantasiosa teoría del libre mercado.
“Es una absoluta mentira, no hay mejora alguna, al menos para quienes alquilamos”, explica Ferreyra. “Si definimos oferta como el ofrecimiento de propiedades, sí hay más, pero quedarse con ese dato sería un análisis pobrísimo o cínico, porque es verdad que hay más casas o departamentos con el cartel de “se alquila”, pero cuando una persona o grupo familiar intenta acceder se encuentra con toda una serie de impedimentos que están disfrazados con el eufemismo de requisitos. En cuanto a la baja de los precios de alquileres sería una hermosa noticia, pero sólo clasifica como utopía o sueño irrealizable. Los números sólo son favorables a quienes están como propietarios o el sector inmobiliario.
—Según el relevamiento que vienen realizando ¿qué porcentaje de sus ingresos destina hoy en Santa Fe una persona para pagar el alquiler?
—El porcentaje de ingresos destinados al techo que no es propio varía constantemente, porque hace dos meses era de 35% como mínimo, pero pasado este tiempo deben contarse también los incrementos inflacionarios y las devaluaciones de los salarios raquíticos para quienes lo tenemos o los magros ingresos de la gente que vive económicamente día a día. En Santa Fe ya hay casos extremos en los que se elige comer o endeudarse en el alquiler, como también hay personas en situación de inminente desalojo
—¿Qué tipos de acciones están realizando desde Inquilinos Agrupados para visibilizar esta situación y tener algún tipo de incidencia política? ¿Tienen diálogo con el gobierno municipal y provincial, con legisladores?
—Como agrupación heterogénea, incipiente y recién formada, participamos activamente de la Multisectorial Santa Fe y estamos analizando la posibilidad de una acción judicial en la Justicia Federal para frenar la aplicación del DNU, que sólo trajo perjuicios al sector inquilino. Realizamos nuestra aparición en las redes sociales con una cuenta de Instagram en la cual expusimos muchos de los casos con los que contamos acerca de pedidos insólitos, precios, extorsiones o situaciones repetidas desfavorables para quienes sólo quieren hacer cumplir su derecho de vivienda digna. Pasamos por una fuerte etapa de muchísima catarsis como grupo en el cual escuchamos los casos, las desesperaciones, las situaciones particulares que terminan siendo colectivas porque son casi calcadas, las impiadosas respuestas de propietarios e inmobiliarias. La convocatoria a sumarse a nuestro grupo es permanente, y quien quiera hacerlo es bienvenido.
