La defensa de la expresidenta pidió la prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111. Mientras tanto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola atacaron con un pedido de "inmediata detención".
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca cumplir su condena a seis años con prisión domiciliaria en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica. Por su parte, la fiscalía atacó con la exigencia de su inmediata detención.
En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema, los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaldía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive actualmente.
El pedido de prisión domiciliaria de la defensa alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de expresidenta.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.
Dejarla presa en una cárcel común “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.
El eventual traslado a una cárcel de una expresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”.
Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
Por su parte, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de “inmediata detención” de la expresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.
El juez de ese Tribunal Jorge Gorini dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py 2002 y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.
Con información de elDiarioAR
