La Corte apeló al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial sin tocar ni con un puntero láser el expediente de la causa. Tal vez porque está medio floja de papeles. Mencionamos irregularidades y anomalías de la causa Vialidad.

La Corte Suprema de Justicia decidió proscribir a la expresidenta y titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, luego de una descomunal presión mediática y política para resolver rápidamente el recurso en el marco de la causa Vialidad. Lo hizo apelando al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazar recursos extraordinarios sin revisar los expedientes ni argumentar los motivos.

Tal vez una clave para pensar la decisión de la Corte Suprema de no revisar los expedientes de la causa Vialidad se puede hallar en que fue un proceso plagado de anomalías.

Algunas de esas irregularidades, que fueron ignoradas por los tres cortesanos, formaron parte de la presentación del recurso que realizaron el pasado 31 de marzo los abogados de CFK, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy.

En la misma, indicaron que, en primer lugar, se encuentra la parcialidad de los jueces y fiscales. No olvidemos que los jueces y fiscales jugaban al fútbol en la quinta de Macri, y que dos jueces de Casación fueron a jugar al tenis a la quinta de Olivos y visitaron a Macri en la Casa Rosada. Pero eso para la Corte no fue parcialidad. Es decir, les faltó entrar con globos amarillos a las audiencias y al ritmo de Tan Biónica para empezar a evaluar como parcialidad sus vínculos con el expresidente, interesado en la causa.

En segundo lugar, la expresidenta no poseía atribuciones sobre las obras aprobadas en el Presupuesto Nacional por el Congreso. El financiamiento corría por cuenta de Vialidad Nacional, un ente autárquico, y las obras eran licitadas, adjudicadas y controladas por la provincia de Santa Cruz.

En tercer lugar, los abogados argumentaron que se violó el principio de culpabilidad, ya que “todos los testigos, incluyendo los propuestos por los fiscales, afirmaron en el juicio que CFK jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista”.

En cuarto lugar, se condenó a Cristina porque Lázaro Báez ganó las licitaciones en 51 de los 81 tramos de ruta que se construyeron en Santa Cruz. Además, se les imputó sobreprecios. No obstante, la defensa explicó que se hicieron solamente pericias sobre tres de las 51 obras, que no solamente poseían conclusiones contradictorias, sino que tampoco se compararon con los precios y las obras de otros contratistas y de otras regiones del país.

Incluso los propios empresarios rivales reconocieron en el juicio que en las distintas provincias suelen ganar la mayoría de las licitaciones las empresas locales, porque pueden ofrecer mejores precios, dado que tienen allí el personal y la maquinaria.

En quinto lugar, otra irregularidad se encuentra en que los jueces del Tribunal Oral y Casación incorporaron en la sentencia el dictado del decreto 54/2009. Según la defensa, no solamente las supuestas irregularidades asignadas a ese decreto no fueron debatidas en juicio, sino que se trata de un decreto que sigue vigente hasta hoy y continúa siendo usado por las gestiones posteriores a la de CFK.

Se trata de un decreto que habilitaba a que se pagaran las obras de todo el país con un fideicomiso constituido en base a una tasa sobre la venta de gasoil. Para el tribunal, se trató de una medida para beneficiar a Báez, pero su vigencia sostenida lo contradice.

Asimismo, a los abogados de CFK les resultó llamativo que nunca lo plantearon en la acusación, tampoco en el juicio, pero fue introducido igual por los jueces en la sentencia.

Y en sexto lugar, cuando las audiencias del juicio ya habían terminado, los fiscales usaron en su alegato los chats de otro juicio, el de "los bolsos que José López". Así, los fiscales armaron la operación "limpiar todo", que habría consistido en una supuesta reunión entre Báez y CFK para que se hiciera un pago al constructor y se borraran todos los rastros. Pero los chats nunca se trataron en el juicio, ni CFK fue indagada al respecto, y cuando planteó su deseo de contestar, los jueces se lo impidieron. Cabe destacar que no solamente no existió dicha reunión, sino que tampoco hubo pago alguno a Báez.

Otras irregularidades en la causa

La periodista Sofía Caram siguió de cerca el desarrollo de la causa Vialidad, que la llevó a escribir el libro Condenada. En dicho recorrido, Caram encontró toda una serie de irregularidades o cuestionamientos a la causa y el proceso que también resulta relevante retomar.

-Sobreprecios: según explica la periodista, los sobreprecios eran imprescindibles para que se sostuviera la causa. Pero como no pudieron ser acreditados ni por un solo testigo ni por el peritaje oficial (que tampoco fue unánime), el Tribunal creó un peritaje sobre tres de las 51 obras. "Las tres obras en cuestión fueron las rescindidas por el macrismo en 2018 y relicitadas un 19% por debajo del valor de mercado. Eran para continuar trabajos que ya estaban empezados. Los jueces compararon obras hechas desde cero con trabajos para completar esas mismas obras", explicó Sofía Caram.

-El rol de CFK: en el juicio no se halló ninguna prueba directa, sino que pudieron construir solamente prueba indiciaria. Chau in dubio pro reo. Todo interpretación. Para el Tribunal, la firma del decreto y la posterior asignación de obras, si se analiza en conjunto con los mensajes del celular de José López es la prueba que dice que CFK quiso beneficiar a Báez. Después, supuestamente percibió el retorno con operaciones comerciales con Báez a través de Hotesur y Los Sauces (en la que fue sobreseída).

-No compararon con precios de obras del resto del país.

-Un perito dijo que fue de paso a ver las obras porque estaba de viaje turístico.

-El mismo Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, declaró que las redeterminaciones de precios no benefician a los contratistas.

-Las obras de todo el país son aprobadas por las dos cámaras del Congreso en la ley de presupuesto.

-Los administradores del Estado son los jefes de gabinete, no los presidentes. Ninguno fue imputado.

El contexto de la Corte

Por último, es necesario detenernos a observar la situación actual de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra en un contexto de ilegitimidad serio. No solamente por su cantidad acotada de miembros, sino porque sus integrantes atraviesan una interna feroz.

Para reconstruir algunos acontecimientos de este enfrentamiento interno, el periodista Matías Mowszet realizó una enumeración de los últimos años:

-Lorenzetti acusó a los otros jueces de crear secretarías "fantasma" para llenar cargos.

-Rosatti echó al administrador de la Corte, Héctor Marchi, muy cercano a Lorenzetti, por acusarlo de desmanejo de fondos.

-Por su parte, Marchi acusó al exjuez Juan Carlos Maqueda de inconsistencias contables en la obra social del Poder Judicial, y a Rosatti y Rosenkrantz de protegerlo de un proceso penal.

-También Marchi también denunció a Silvio Robles, mano derecha de rosatti, por amenazas.

-Al mismo tiempo, se generaron dos páginas de difusión de fallos porque Lorenzetti no quiso entregar el CIJ, y los otros jueces crearon otra paralela.

-Cuando Rosatti y Rosenkrantz votaron en contra de la licencia de Lijo para que asuma en la Corte, Lorenzetti los acusó de querer dejar una Corte de tres para concentrar todo el poder. En respuesta, acusaron a Lorenzetti de operar para Milei.

Con información de Página 12