Un relevamiento federal del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos analizó más de 8 millones de causas penales en 17 provincias. La falsa denuncia representa el 0,09% del total. El 86% de esos casos no tiene ningún vínculo con violencia de género.
Por primera vez en la Argentina, el Estado produjo evidencia empírica a escala federal sobre el "fenómeno" que el proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada (UCR) pretende frenar con prisión efectiva. El resultado contradice de forma categórica la premisa del proyecto: las falsas denuncias no proliferan, son estadísticamente marginales y en su enorme mayoría no tienen nada que ver con violencia de género.
El informe fue elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos —que funciona en el ámbito del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal— y fue publicado esta semana. Abarca el período 2023-2025 y reúne datos de 17 de las 25 jurisdicciones del país.
El número que lo dice todo
Sobre un universo de 8.254.672 causas penales registradas en esas 17 jurisdicciones durante tres años, se iniciaron 7.517 investigaciones por falsa denuncia (artículo 245 del Código Penal). Eso es el 0,09% del total: una causa cada 1.098.
El falso testimonio (artículo 275), que el proyecto de Losada también busca agravar, representa el 0,025% del total: una causa cada 3.940.
"Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley", señala el informe del OVG. "No existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal".
Estos números llegan semanas después de que el proyecto obtuviera dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el pasado 8 de abril, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y el aval explícito del ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien defendió como abogado al exsenador José Alperovich, condenado por abuso sexual agravado.
El 86% de las falsas denuncias no involucra violencia de género
El relevamiento también buscó establecer qué proporción de esos casos corresponde a los supuestos que el proyecto pretende agravar: violencia de género, integridad sexual, violencia contra niñas, niños y adolescentes.
De las 14 jurisdicciones que pudieron desagregar sus datos, los resultados son contundentes: el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole —patrimoniales, vecinales, laborales— y sólo el 8% al ámbito de violencia de género o intrafamiliar. El problema que el proyecto de ley dice querer resolver es estadísticamente minoritario dentro de un fenómeno que ya es marginal.
Detrás de las falsas denuncias: una ley para silenciar a mujeres e infancias
El caso Salta y las falsas denuncias
El informe muestra y advierte sobre un caso atípico: el de la provincia de Salta. Según los datos relevados, esa provincia concentra 4.307 e los 7.517 casos de falsa denuncia relevados, es decir, el 57,3% del total nacional.
Sin embargo, el propio Ministerio Público de esa jurisdicción lo aclara en nota formal: su sistema de registro inscribe como "falsa denuncia" cualquier presentación que ingresa con ese rótulo, independientemente de si cumple los requisitos del artículo 245 del Código Penal.
El informe del OVG advierte que este dato "no refleja un fenómeno criminal diferencial, sino una particularidad del sistema de registro", y que el argumento estructural —la marginalidad del fenómeno— se sostiene incluso incluyendo a Salta.
El aumento de registros no prueba que el fenómeno creció
Entre 2023 y 2025 los registros de falsas denuncias aumentaron un 70,3% en valores absolutos: de 1.845 casos en 2023 a 3.142 en 2025.
Pero el OVG explica este aumento por la incorporación de jurisdicciones al sistema de registro, por mejoras en los criterios de carga de datos, por cambios en las estrategias procesales de los acusados —que usan la falsa denuncia como táctica defensiva—, o por un aumento real que, de todas formas, mantiene al fenómeno en niveles estadísticamente marginales: sigue siendo el 0,09% del total.
"El aumento de los registros puede ser en parte el resultado positivo de una mayor capacidad de captación del sistema, no necesariamente de un incremento del fenómeno", señala el informe.
Otros datos sobre falsas denuncias
El informe también explicita lo que el relevamiento no pudo responder: cuántas de las falsas denuncias registradas son de hombres contra mujeres; cuántas terminaron en condena; cuántas involucran a abogados particulares actuando como estrategia defensiva; qué impacto tuvieron sobre medidas cautelares en causas de violencia de género. Ninguno de estos datos está disponible a nivel sistémico.
"Señalar estas limitaciones no debilita el relevamiento: lo fortalece", concluye el informe. "La honestidad metodológica es en sí misma un argumento contra un proyecto que no exhibe ninguna evidencia empírica en sus fundamentos".
Presentan un relevamiento sobre el lobby de las “falsas denuncias”
El problema real: el 77% de las víctimas no denuncia
Los números del OVG deben leerse junto con otro conjunto de datos que el propio Estado argentino produjo. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% no realizó ninguna denuncia. El Segundo Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (2019) registró que cerca del 20% de las mujeres sufrió violencia sexual en su vida adulta, y el 88% de ellas no denunció.
La CEDAW —el organismo de Naciones Unidas que monitorea la aplicación de la convención contra la discriminación de la mujer— abordó explícitamente este proyecto en sus Observaciones Finales al 8vo Informe periódico de Argentina, publicadas en 2026. En su párrafo 13, el Comité recomendó al Estado argentino que "retire la propuesta de modificación del Código Penal (expediente S 228/25) relativa a las denuncias falsas en casos de violencia de género, y garantice que las modificaciones legislativas no creen barreras a la denuncia, desalienten a las víctimas de buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género."
La conclusión del OVG es clara: los delitos que se dan en contextos de violencia de género ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto. No se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de subacceso a la justicia que los propios datos del Estado argentino documentan.
Denuncia penal contra Losada
Mientras se publicaban estos datos de los Ministerios Públicos del país, se conoció que el exjuez y actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), Carlos Rozanski presentó en la justicia federal una denuncia contra la senadora Carolina Losada por impulsar el proyecto de “falsas denuncias”.
En la demanda, a la que accedió Tiempo Argentino, también están mencionados el senador de La Libertad Avanza por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto y Andrea Guacci, esposa del exentrenador de fútbol Diego Guacci, acusado de abusar de jugadoras de las selecciones juveniles de Argentina, de River y UIA Urquiza. También se menciona a diez abogados y abogadas de Santa Fe que acusaron a tres psicólogas rosarinas de elaborar informes falsos para “separar a los padres de sus hijos”.
“Lo más extraño de todo esto es que la operación se hace, incluido el proyecto de ley, en nombre de algo que no existe. No hay en la Argentina denuncias falsas por abuso sexual contra las infancias. No hay ni una. Por eso, la senadora no mostró ni exhibió ninguna denuncia falsa de abusos contra infancias. Lo que hizo fue mostrar pedófilos que fueron sobreseídos porque las pruebas no alcanzaron. Son dos cosas completamente distintas”, explicó Rozanski a Tiempo Argentino, horas después de haber presentado el escrito.
La denuncia contra la senadora radical fue presentada el miércoles 6 de mayo ante la justicia federal y se la acusa de los delitos de coacciones, encubrimiento agravado y apología del crimen. También se agrega a la acusación la violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La denuncia lleva las firmas de Taty Almeida, Nora Schulman, Dora Barrancos, Nelly Minyersky, Francisco Olveira Fuster (Padre Paco), Miguel Tollo, entre otros referentes. Fue anunciada el mismo miércoles durante la presentación de un proyecto para crear el Día de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas, impulsado por organizaciones como Forum Infancias.
Mujeres de la UCR contra Losada
Por otro lado, Losada también se enfrenta a una posible sanción que podría derivar en su expulsión de la UCR, ya que dirigentas y militantes del partido de todo el país salieron a rechazar con dureza el proyecto de falsas denunucas. Según informó La Capital, la propuesta, que ya consiguió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado, abrió una fuerte interna dentro del radicalismo y activó una campaña de firmas para frenar su avance en el Congreso.
Alicia Tate, exsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Maximiliano Pullaro en Santa Fe y actual asesora de esa cartera, también cuestionó con dureza el proyecto de Losada y, en diálogo con Tiempo Argentino, se refirió al vínculo de Losada con la estructura partidaria: “Losada no tiene demasiada relación con el partido, no tenía una historia radical, nunca tuvo trayectoria militante, pero salió de los medios y así surgió como candidata en un contexto en el que a las mujeres de larga trayectoria partidaria no nos resulta fácil conseguir lugares en las listas”, planteó.
