La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe cuestionó el avance del proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada que endurece penas por falsas denuncias vinculadas a violencia de género y abuso sexual. Advierten que desalienta denuncias legítimas y podría vulnerar tratados internacionales.

La Asamblea Ni Una Menos (ANUM) Santa Fe expresó su rechazo al dictamen favorable al proyecto de ley sobre falsas denuncias impulsado por la senadora nacional Carolina Losada, al considerar que la iniciativa constituye “una redundancia punitiva” y un intento de desalentar denuncias legítimas.

Desde la organización señalaron que el Código Penal argentino ya contempla sanciones para la denuncia falsa y el falso testimonio, por lo que crear una figura específica “es un claro intento de desalentar las denuncias legítimas”.

En ese sentido, indicaron que, según datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina, “menos del 3% de las denuncias penales serían falsas” y que esos casos se vinculan principalmente con delitos económicos.

Además, advirtieron que el proyecto propone endurecer las penas actuales, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las denuncias consideradas falsas involucren situaciones vinculadas a violencia de género o abuso sexual contra menores. Según expresaron, esta medida “refuerza prejuicios históricos sobre las mujeres y suma una barrera adicional a las innumerables dificultades que enfrentan en el acceso a la justicia”.

Advertencias sobre el alcance de la iniciativa

Desde la ANUM señalaron que uno de los puntos más preocupantes del proyecto es que “equipara la falta de prueba de una causa por ineficacia judicial o por dificultades probatorias con la falsedad de la denuncia”.

En ese marco, advirtieron que la iniciativa “habilita el uso del derecho penal como política criminal contra las mujeres” y también contra familiares que denuncien abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

“El sistema penal puede operar como mecanismo de disciplinamiento y silenciamiento, desalentando a las víctimas a recurrir a la justicia”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, indicaron que la propuesta parecería priorizar otros intereses por sobre la protección de las víctimas, al habilitar la persecución penal en contextos donde “deberían primar garantías reforzadas de protección a las víctimas”.

Preocupación por compromisos internacionales

El comunicado también recuerda que en 2017 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó “derogar todas las leyes que impidan a las mujeres denunciar la violencia por razón de género o las disuadan de hacerlo”.

Asimismo, señalaron que el MESECVI expresó su preocupación por esta iniciativa, por lo que consideran que “el proyecto de Losada expone a la Argentina a incumplir tratados internacionales”.

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El impacto en quienes denuncian

La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe también advirtió que el proyecto desconoce las dificultades concretas que atraviesan las mujeres cuando deciden denunciar violencia.

En ese sentido, describieron “el laberinto en el que ingresa una mujer cuando denuncia violencia de género”, que incluye acudir a múltiples organismos, repetir su relato en distintas instancias y compatibilizar audiencias y trámites con responsabilidades laborales y de cuidado.

Según señalaron, estas exigencias generan “situaciones de ansiedad, estrés y sobrecarga”, además de afectar la autonomía económica de las denunciantes y comprometer su situación laboral.

Reclamo al Senado

Finalmente, desde la organización afirmaron que el proyecto “atenta contra el acceso a la justicia, protege a violentos y abusadores y pretende disciplinar y silenciar las denuncias por violencia de género y abusos”.

También advirtieron que la iniciativa “contradice e incumple tratados y acuerdos internacionales y deja sin protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

En ese marco, exigieron al Senado de la Nación que avance en políticas públicas que “fortalezcan el acceso a la justicia de mujeres, infancias y adolescencias”, en lugar de promover medidas que, según sostienen, desalientan las denuncias de violencia.