La gestión de Javier Milei eliminó el andamiaje normativo de programas que durante años buscaron sostener el consumo y contener precios. La medida se inscribe en una política de desregulación que avanza mientras persisten la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.
El gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de desregulación económica y eliminó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas las que daban sustento legal a programas emblemáticos como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 publicadas en el Boletín Oficial.
Según argumentó el Ejecutivo, las disposiciones derogadas habían perdido vigencia o ya no tenían aplicación práctica, por lo que su eliminación busca "simplificar el marco regulatorio", reducir burocracia y otorgar mayor claridad jurídica al funcionamiento del mercado.
Entre las medidas más relevantes figura la derogación definitiva de 30 normativas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, mecanismos que durante años permitieron financiar compras en cuotas con tasas subsidiadas y que fueron utilizados como herramientas para sostener el consumo interno en distintos contextos económicos.
También quedó sin efecto una resolución complementaria de Precios Cuidados, el programa que durante años buscó establecer referencias de precios para productos de consumo masivo en supermercados y grandes cadenas comerciales.
El avance de la desregulación
La medida forma parte del proceso de desmantelamiento de mecanismos de intervención estatal impulsado por la gestión de Javier Milei desde diciembre de 2023. De acuerdo con datos oficiales, ya fueron derogadas unas 240 normas vinculadas al comercio, la industria y distintos mecanismos de regulación económica.
Además de los programas de consumo, el Gobierno eliminó 22 normativas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado para intervenir en el mercado harinero y contener el precio de productos derivados del trigo.
La resolución también dejó sin efecto regulaciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar anticipadamente sus aranceles y solicitar autorización para aplicar aumentos de cuotas. El Ejecutivo sostuvo que esas exigencias limitaban la capacidad de adaptación de las instituciones frente a las variaciones de costos.
El debate sobre el rol del Estado
Mientras el Gobierno presenta estas medidas como parte de una estrategia de modernización y eliminación de trabas burocráticas, sectores de la oposición, organizaciones de consumidores y especialistas en economía cuestionan el abandono de herramientas que durante años funcionaron como mecanismos para incentivar el consumo y amortiguar los efectos de la inflación sobre los hogares.
La discusión se produce además en un contexto de caída de las ventas minoristas, retracción del consumo y pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población. Diversas cámaras empresariales habían señalado en el pasado que programas como Ahora 12 y luego Cuota Simple permitían sostener operaciones comerciales en momentos de fuerte contracción de la demanda.
Con esta decisión, el Gobierno profundiza una orientación económica basada en la reducción de la intervención estatal y la liberalización de mercados, una estrategia que continúa generando debate sobre sus efectos en la actividad económica y en el bolsillo de los consumidores.
