Dialogamos con miembros de la Cooperativa Alba Iberá, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que edificarán 36 viviendas en Liceo Norte, en lo que será la primera experiencia de construcción de viviendas autogestionarias en Santa Fe.
—Los planes de vivienda siempre están en los costados. El Estado te arrincona, te lleva a los márgenes y la ciudad se la quedan ellos. La gente se conforma con muy poco: tapan el reservorio atrás de Las Lomas, le dan un cuadradito con un tanque allá arriba y se conforma. ¿Por qué siempre tengo que hacer mi vivienda a un costado, en terraplenes o reservorios? Yo también puedo estar acá, donde mi hija tenga una plaza a dos cuadras, donde haya un centro de salud. Nosotros también tenemos derecho a la ciudad. Viviendas
Quien habla es Ariel Falcón, presidente de la Cooperativa Alba Iberá, y la idea que plantea es algo tan básico como revolucionario: el derecho a la ciudad. ¿De quién son las ciudades? ¿Quién y cómo las habita? ¿Quién las piensa, quién las diseña?
Fueron estos interrogantes, entre muchos más, los que dieron origen al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) en 1991 en la ciudad de Buenos Aires –inspirado en iniciativas como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua o la Unión Nacional por Moradia Popular de Brasil- y las que lo llevaron a diseminarse a lo largo y a lo ancho del país, levantando las banderas de la autogestión, la ayuda mutua, la propiedad colectiva y la integralidad como formas de construir nuevos modos de habitar los territorios, “sin expulsión, sin explotación y sin lucro”.
En Santa Fe, el movimiento cuenta con dos cooperativas: la de vivienda Alba Iberá y la de trabajo Casa Base. Las dos vienen trabajando hace años para impulsar una experiencia pionera: el primer proyecto de viviendas autogestionarias –es decir, construidas de manera cooperativa por las mismas personas que luego vivirán en ellas- en Santa Fe. “Hay experiencias en Buenos Aires, en Ushuaia, y en Rosario otra que hoy está parada por el desfinanciamiento de Nación”, cuenta María Graciela Mangold, una de las integrantes del movimiento.
El mes pasado, el Concejo aprobó la exención del pago del Derecho de Edificación y autorizó la ejecución del proyecto, que prevé la construcción de 36 viviendas dúplex y tres espacios colectivos en Liceo Norte. Las mismas serán construidas por la Cooperativa Alba Iberá en suelo aportado por el Municipio, a partir de un crédito hipotecario de más de $540 millones del gobierno provincial. En la primera etapa se construirán cuatro viviendas y un salón para la cooperativa de trabajo, en un plazo de 14 meses a partir de que baje el financiamiento. Después de un par de meses de gracia la cooperativa comenzará a devolver el crédito; el monto equivaldría a unos 450 mil pesos por mes por familia, es decir, lo mismo o menos que lo que pagan de alquiler, pero para su casa propia.

“Costó mucho que el Estado se abriera a una experiencia de vivienda autogestionaria”, relata Paz Coniglio, del MOI, en diálogo con Pausa: “Nos costó muchos años y diferentes gestiones. En 2023 logramos una ordenanza de donación de 17 lotes de tierras estatales en Liceo Norte. Son tierras que originariamente eran de la provincia, en una zona de planes habitacionales que había pasado al Procrear y después a la Municipalidad. Ahí a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ya le costaba más decirnos que no, porque ya teníamos un suelo. En ese momento estaba el socialismo en la Municipalidad y el peronismo en Provincia y Nación; logramos que se junten los tres y firmen un convenio acompañando la propuesta”.
Hoy las personas que participarán de la construcción de las viviendas alquilan, viven de prestado o con los padres, en condiciones muchas veces precarias. Sin la alternativa de la cooperativa, acceder a la vivienda propia sería decididamente imposible, una realidad que alcanza al grueso de la población; en una sociedad que hace 213 años abolió los títulos nobiliarios, la herencia es hoy la única forma de alcanzar el sueño de la casa propia.
“Yo me he anotado en los planes de vivienda, siempre trabajé, siempre tuve ingresos y nunca salí sorteada”, cuenta Leticia Molina, integrante de la cooperativa. “¿Quién no se ha ido a anotar a un plan de vivienda esperando ser sorteado?”, profundiza Ariel Falcón: “A veces se te va la vida esperando. El cambio vendrá cuando las familias sepan que se pueden organizar y que pueden ir a golpear puertas a pedir una solución”.
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"Es la vivienda la que construye ciudad"
Daniel Deffes, otro miembro de la cooperativa, cuenta que nació, creció y vivió toda su vida en la villa: “Nunca tuve casa propia. Vivíamos cinco en una casa 4x4: mi primera pieza la tuve recién a los 23 años cuando me junté. Eso no es una forma de de vivir. La vivienda propia es también el derecho a la belleza de la vivienda. Merecemos una vivienda digna. Esta va a ser mi casa, después de mi hija, después de los hijos de ella y así. Cuesta mucho, pero va a valer la pena”.
Para Falcón, el proyecto no se trata solamente de construir viviendas: “Estás construyendo tu vida, tu familia, el derecho a no tener que caminar 20 cuadras para tomar un colectivo o a que no se te enferme tu hija y la ambulancia no entre”. Paz Coniglio coincide con su perspectiva y reclama que no se puede “seguir pensando la construcción de viviendas como si fuera producir latas de tomate”: “Construir viviendas no es producir un objeto, porque en ese objeto hay relaciones, hay ciudad, hay derechos”.

—La política habitacional tradicional no piensa en términos de construir ciudad, tanto en lo material como en lo inmaterial —explica—. Se piensa la vivienda como una cosa aislada, cuando es la vivienda la que construye ciudad. Se hacen edificios, edificios, edificios, pero ¿quién vive ahí? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo se vincula?
—Claro, y esto se traduce en pensar la vivienda como un problema privado, ¿no? O sea, si vos no tenés vivienda es porque vos no te estás esforzando, si no podés pagar el alquiler es porque es tu culpa y tenés que ganar más; se piensa como un problema privado en vez de como de un problema público.
—Sí, y también sorprende que este tipo de experiencia se está desarrollando en el mundo. Hoy en España o en Viena hay vivienda pública con este tipo de metodología, hay acceso a vivienda subsidiado, hay desarrollos cooperativos donde la gente paga una parte y otra parte la subsidia el Estado. Nosotros tenemos que planteárselo al Estado como si fuera algo raro, cuando es algo que se está planteando a nivel mundial. Es otra forma de producir vivienda, porque la iniciativa privada no lo está resolviendo, y lamentablemente sin techo no podemos vivir.
—Y esto nos lleva de nuevo a hablar del derecho a la ciudad: si no es el Estado el que se pone a pensar qué ciudad quiere, qué viviendas quiere, lo piensa otro.
—Nosotros tenemos una escala de ciudad chica —se suma a la charla Diego Mandile, otro miembro del MOI—. ¿Qué pasaría si hubiera más financiamiento, si en una torre abandonada se juntaran cuatro o cinco familias con una lógica cooperativa? Acá hay una línea para dinamizar la economía, el mercado interno y también la disputa de precios, porque hoy el precio del metro cuadrado te lo define el sector inmobiliario, y eso determina cuánto vas a pagar vos el ladrillo o el litro de pintura para pintar tu casa.
—¿Por qué Santa Fe es tan cara? ¿Quién pone los precios de los alquileres? —se pregunta Coniglio—. Hoy hay personas que tienen un resto para comprar viviendas para alquilar y las compran en los planes habitacionales, porque les rinde mucho más que comprar un departamento en el centro. Así es el mercado inmobiliario de Santa Fe: los grandes le marcan la cancha al resto y el Estado no los frena.
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Viviendas autogestionarias: un largo camino
Lograr que la primera experiencia de viviendas autogestionarias de la ciudad sea una realidad es un proceso largo y tortuoso, que implicó un sinfín de gestiones, reuniones y trámites que siguen desarrollándose aun hoy; a pesar de que se dio un gran paso, todavía falta un trecho para colocar el primer ladrillo. Buena parte de esta dificultad proviene del hecho de que Santa Fe no tiene un marco legal específico para encuadrar las viviendas cooperativas, lo cual obligó a Alba Iberá a tener que ir encontrando soluciones sobre la marcha.
En nuestro país, un buen espejo podría ser la Ley 341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada en el 2000, que garantiza que parte de las viviendas de la ciudad tiene que realizarse a través de cooperativas, designando a las organizaciones populares de hábitat como sujetos de financiamiento.
—El Estado debería facilitar más las cosas —considera Molina—. Te dan lo que vas pidiendo, pero no hay un acompañamiento de preguntar “¿qué más necesitan?”, “¿en qué los podemos ayudar?”. Siempre estamos pidiendo, llamando, peleándola. No están viendo que atrás de ese expediente, hay un montón de familias que se están endeudando porque no puede pagar el alquiler. Es terrible, porque estamos siempre ahí, pensando “ya va a salir”, “ya arrancamos”, y siempre pasa algo, y ya estamos en julio y todavía no arrancamos.
—Hay muchos recursos desaprovechados adentro del Estado —dice Coniglio—, muchas personas que hasta que alguien no les dice “tenés la orden de hacerlo”, no lo hacen, y a lo mejor esa persona sería mucho más feliz en su trabajo acompañándonos a nosotros. El Estado es un elefante muy pesado.
—Pasamos por permiso de obra municipal, aprobación del Colegio de Arquitectos, todos los requerimientos, como si fuéramos un desarrollador urbano —enumera Mandile—. Nosotros no tenemos fines de lucro, y la dinámica estatal no está pensada para este tipo de estrategias. Eso nos llevó entonces a tener que armar un rompecabezas de cero, que es mucho desgaste, porque no existe la institucionalidad.
—¿Y no se abre una puerta para que esa institucionalidad que están inscribiendo quede no solo para este proyecto, sino también para el futuro?
—Debería existir la decisión política de impulsar un programa de vivienda autogestionaria tomando esta experiencia piloto. Es algo que tendremos que seguir empujando. En los convenios que firmamos siempre pusimos la cláusula de que de acá tiene que salir el impulso de una política pública. El esfuerzo es mucho, desgasta, pero hay un objetivo, y eso es lo que a nosotros nos sigue moviendo.
Para colaborar
Desde el MOI alientan a todas las personas con conocimientos técnicos —sociales, legales, contables, arquitectónicos, ingenieriles— o de cualquier tipo que quieran colaborar con este o cualquiera de sus proyectos a acercarse. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3424052410 (Paz) o 3424460743 (Diego).










