Desde distintos sectores políticos pidieron que el gobierno provincial deje sin efecto los aumentos en la tarifa de Aguas Santafesinas (Assa). El último incremento es del 20%, desdoblado y acumulativo: 10% a aplicarse a partir de junio y otro 10% a partir de agosto. El nuevo aumento se suma a los del primer semestre, que fueron del 40,8%. El porcentaje acumulado que abonarán los clientes de Assa en 2017 será del 70,3%.
El diputado del PJ Luis Rubeo calificó la medida como “otro duro golpe a los bolsillos santafesinos”. El legislador opositor comparó el aumento del agua con el de la tarifa de la luz: “La gente ya no las puede pagar y hay que revisar los componentes y comenzar de una vez por todas a considerar el carácter social que tienen los servicios y no considerarlos como prestaciones sujetas a los criterios economicistas”.
Rubeo se comprometió en llevar sus reclamos a la Cámara de Diputados con el argumento de que “vecinos, comerciantes y empresarios se quejan por estos aumentos y el reclamo se debe escuchar en toda la provincia”.
En tanto, los diputados del socialismo disidente Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani junto al radical Fabián Palo Oliver presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el aumento de Assa y que se exija al Entre Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y a la propia empresa la convocatoria a una audiencia pública por el cuadro tarifario.
Augsburger argumentó que “el gobierno provincial adopta un camino que ya fue cuestionado judicialmente cuando el gobierno nacional quiso aumentar la tarifa de gas sin audiencias previas, estuvo como tres o cuatro meses parado ese aumento y la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a hacer audiencias previas al incremento de la tarifa de gas. Hoy, el gobierno provincial toma la decisión de un aumento de la tarifa del agua sin audiencia previa, esto es inconstitucional y lo que estamos planteando es que se deje sin efecto el aumento y se convoque a una audiencia”.
“Estamos hablando de un aumento anual del 70%. No hay inflación, no hay paritaria, no hay nada que haya aumentado el 70%; es de una irracionalidad absoluta e incumple el mandato constitucional de que las tarifas deben ser justas y razonables”, concluyó Augsburger.
