La suba de precios es la más alta desde 1991. Fuerte impacto en los alimentos y las tarifas.
Cuando aún resta un año de gestión, ya se puede concluir que el modelo Cambiemos cumplió al menos con una de sus metas: limó el poder adquisitivo de los argentinos a una velocidad que no se veía desde la crisis de 2001 y 2002. A diciembre de 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo se retrajo 19,5%, según datos del Indec y del Banco Central, en comparación con 2015.
Pero todavía no tocamos fondo: un informe del Centro de Estudios de Política y Economía indica que las proyecciones “muestran una profundización en este sentido, llegando a perder 21% en el promedio de los primeros cinco meses de 2019 respecto del promedio de 2015”.
Lo mismo se observa en el caso de la Asignación Universal por Hijo: “El monto se retrajo 19,7% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el mismo valor para diciembre de 2018”. En este caso, las proyecciones prevén una pérdida del 20,2% en el promedio de los primeros cinco meses de 2019 respecto del promedio de 2015.
La combinación de tasas de inflación muy altas con acuerdos paritarios a la baja resultó explosiva para el bolsillo de los trabajadores y los jubilados. Y la devaluación, que cuadruplicó el precio del dólar en solo tres años, terminó de pulverizar el poder adquisitivo del salario.
El efecto erosivo de la devaluación se puede ver con claridad en el valor de la jubilación mínima: hoy es de 207 dólares cuando en 2015 era de 373 dólares.
La Argentina cerró 2018 con una inflación anual del 47,6%. Aunque ahora suene irónico, hay que recordar que un año atrás el equipo económico de Mauricio Macri había pronosticado una inflación anual de entre el 12 y el 17%.
El gobierno nacional trató de forzar a los gremios a cerrar acuerdos salariales que no superaran el 15%. Así empezó el año pasado y muy pronto todos advirtieron que ese porcentaje resultaría insuficiente. Desde la Casa Rosada, repetían como mantra la idea de que las paritarias no debían superar la meta inflación.
En las paritarias, el “techo” del 15% pudo ser perforado por casi todos los gremios. Pero ninguno logró empardar la inflación, a excepción de los aceiteros, un caso único en el país ya que se trata de la una de las pocas ramas de la economía que sostiene su nivel de actividad aun en plena recesión. A principios de diciembre, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso logró una revisión de la paritaria 2018 que cerrará con un aumento del 42,5%. Además, acordaron un aumento para 2019 del 23% que lleva el salario inicial a partir de enero 43.821 pesos.
Alimentos y servicios
La inflación es un fenómeno que afecta en mayor medida a los más pobres porque destinan todos sus ingresos a la subsistencia. Para los sectores acaudalados también representa una pérdida del poder adquisitivo, pero su impacto es menor.
Pero además, el impacto de la suba de precios afecta más a los trabajadores y a los sectores de menores recursos porque a lo largo del gobierno de Cambiemos (y en especial en 2018) la inflación en alimentos fue muy superior al promedio: en términos interanuales, la harina aumentó 180%, los fideos secos 98%, los huevos 85% y el pan 80%. Esa diferencia se observa en todos los productos de la canasta básica. Para los pobres y para los trabajadores, implica en forma directa una menor calidad de vida.
En la provincia, la medición de la inflación fue similar a la del Indec.
Aunque los porcentajes son muy superiores a cualquier aumento salarial, lo cierto es que la actual medición de la inflación por parte del Indec le otorga dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) un lugar absolutamente marginal a las tarifas y los servicios. De acuerdo al método que se aplica en la actual gestión, una familia gasta más en diarios y periódicos que en pagar la luz. Irreal por donde se observe.
Los tarifazos que agobian al país seguirán este año no sólo por la suba de los costos que tienen las empresas de servicios, sino además por la continuidad de la política de quita de subsidios de la Nación.
El impacto se sentirá en las tarifas de luz, de agua y de gas, que a partir de enero de 2019 ya no tendrán subsidios nacionales. También impactará en el transporte. Con los aportes de la Nación –que ahora se eliminarán– en las ciudades centrales se financiaba hasta el 50% del precio del boleto urbano y hasta el 40% en el caso del transporte interurbano. Ahora esa responsabilidad queda en poder de aquellas provincias que puedan absorber el costo.
Un dato adicional: desde enero se elimina también la tarifa social eléctrica, que beneficiaba a los usuarios de menores recursos. En la provincia, la Secretaría de Estado de la Energía mantendrá la tarifa social a los clientes que actualmente están alcanzados (170 mil santafesinos) y subsidiará durante el primer bimestre a otros 200 mil usuarios que luego pasarán a pagar tarifas plenas.
La cláusula gatillo
Los gremios del sector público santafesino tuvieron una dura batalla en marzo y abril, cuando negociaron los acuerdos paritarios con la provincia. Aunque al principio el aumento por decreto resuelto por el gobernador Miguel Lifschitz causó fuerte malestar, las tensiones se descomprimieron: fue clave la decisión de aplicar la “cláusula gatillo” por la cual los sueldos se actualizan en forma automática frente a la inflación informada por el Ipec. Estatales y docentes tuvieron en 2018 un incremento salarial del 18% en dos tramos, muy por debajo de la inflación real. La aplicación de la cláusula gatillo les permitió recuperar su poder adquisitivo ante la inflación.
