La asignación de mucho menos dinero que el requerido afectará a la planta laboral y a las necesidades operativas del INTA. A nivel nacional, los trabajadores emitieron un comunicado donde, además, señalan injerencias sobre la autarquía del organismo.
Como sus pares en el resto del país, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Santa Fe están preocupados por las cifras del proyecto nacional de presupuesto para 2017 y por su autarquía a la hora de incorporar nuevo personal. De acuerdo al articulado de la ley de leyes, hay un severo recorte en los montos requeridos para el organismo y, además, la designación de nuevos agentes queda en manos del visado de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización, las dos áreas del Estado que operaron la ola de despidos de empleados públicos a comienzos de 2016.
En un comunicado difundido a nivel nacional por la Asociación del Personal de INTA (Apinta) se advierte que hay un recorte de $1.140 millones sobre lo requerido para el funcionamiento del organismo en todo el país. El proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación prevé una asignación de $5.112 millones, lo cual dejaría como saldo $218 millones menos para salarios de profesionales y científicos y complicaría la renovación de 300 contratos y 330 designaciones de planta no Permanente a partir del 1º de enero. Además, 340 becarios en formación no podrían ser incorporados “para mantener actualizada la planta profesional y cubrir nuevas áreas de trabajo o para reemplazo de vacantes generadas por jubilaciones de agentes de vasta experiencia”.
Actualmente, en INTA Santa Fe trabajan más de 400 personas, distribuidas territorialmente en tres Estaciones Experimentales Agropecuarias, 22 Agencias de Extensión Rural y Oficinas de Información Técnica, con referentes lechería, horticultura, ganadería y agricultura. “Una asignación insuficiente de recursos afecta el funcionamiento y continuidad de las líneas de trabajo que potencian las actividades de los territorios y aseguran el desarrollo de las economías regionales”, expresa el comunicado.
Por fuera de la situación laboral, el recorte también incide en cuestiones operativas, como la continuación de proyectos de investigación “con riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante años”, el mantenimiento de edificios y equipamiento tecnológico y las partidas de higiene, seguridad laboral y bioseguridad.
Quién entra, quién no
INTA ofrece asesoramiento, acompañamiento y resultados de sus investigaciones a múltiples emprendimientos. La economía familiar rural, los verdaderos pequeños productores campesinos y la innovación agropecuaria encuentra en el organismo un aliado, ya que su acción va más allá de los actores dominantes del sector, la agricultura transgénica.
La conformación misma de los planteles de INTA contempla estas líneas de trabajo que son una alternativa al modelo agropecuario vigente. Sin embargo, en el presupuesto se establece que la cobertura de los cargos vacantes debe ser autorizada por la Jefatura de Gabinete de la Nación. Además, los incrementos de cargos y horas de trabajo también deberán pasar por la Jefatura y por el Ministerio de Modernización, de acuerdo cómo estas áreas establezcan sus criterios. En consecuencia, la autarquía del INTA se ve prácticamente disuelta.
