Aunque la ley lo prohíbe, en nuestro país trabajan 715.484 chicos de entre cinco y 15 años.
A la pobreza, la falta de trabajo genuino, la necesidad de sumar un ingreso a la casa, se añaden factores de orden socio cultural fuertemente instalados en el imaginario de determinados sectores, tantos urbanos como rurales. En ese cruce se inscribe el porqué del trabajo infantil. A la hora de observar estadísticas, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna) 2017 –elaboradas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación junto con la OIT y Unicef–indica que el 9,4% de los trabajadores tiene entre cinco y 15 años. Ese porcentaje equivale a que 715.484 chicos trabajan en el país. En el área urbana, el 57,5% trabaja por la necesidad de ayudar a la familia, en tanto en área rural ese valor es del 50,1%. Además, el 5,7% de los niños y niñas que trabajan en zonas urbanas no asiste a la escuela, mientras que ese porcentaje en el ámbito rural es de 10,1%.
Según la última Eanna de (la anterior se había realizado en 2004, comprendía hasta los 13 años y arrojaba que 496.318 chicos trabajaban), en la región pampeana, donde se incluye a la provincia de Santa Fe, 195.406 niños y niñas trabajan, esto es, el 8,3%. Conocidos estos valores, es menester realizar una lectura sobre una realidad que, fundamentalmente, habla de la vulneración de derechos. A propósito, la ley nacional 26.390 prohíbe el trabajo infantil y “plantea que, a partir de los 16 años, los chicos pueden trabajar con determinados resguardos porque, además, la ley 26.071 dice que en este país se es niño desde el nacimiento hasta los 18 años”, remarcó Marisol Marchionatti, referente en la temática dentro de la CTA Santa Fe y Amsafe.
La docente ilustró que en las zonas urbanas las tareas en cuestión no son otras que ser cuidacoches, recolectar residuos, vender productos en la calle y realizar actividades artísticas como las que realizan los pequeños en los semáforos. A lo que se puede añadir la asistencia en negocios, el reparto de comidas o hacer trámites. Ya en el ámbito rural, “no se habla del lugar que ocupan los chicos banderilleros en los campos donde se fumiga y la actividad en los campos, a veces manipulando maquinaria. También la cosecha y el trabajo en quintas. Somos maestros y sabemos a qué están expuestos nuestros alumnos cuando no van a la escuela y faltan porque tienen que trabajar”. No obstante, el trabajo más “invisibilizado” y menos considerado como tal es el doméstico “porque ocurre hacia dentro de las familias”. “Hay una mirada del adulto que equivocadamente plantea ‘es mejor que esté trabajando antes que esté en la calle’”, comentó Marchionatti. En este sentido, los niños y niñas frecuentemente deben cuidar de sus hermanos menores en el ámbito familiar y llevar a cabo tareas en el hogar –lo que se comprende como “trabajo doméstico intensivo”– que les impiden vivir su niñez, interrumpen la escolaridad y el tiempo de juego, así como el desarrollo cognitivo. “La acción se transforma en trabajo cuando le niega al chico la posibilidad de tener desarrollo pleno. Cuando hay un niño que trabaja, hay una familia que está en un alto grado de vulnerabilidad”, definió contundente.
Esa situación de vulnerabilidad va de la mano del “incumplimiento de los derechos de los niños vinculados con el juego, la educación, la salud y el poder acceder a bienes culturales. Pero, además, los chicos están expuestos a consecuencias físicas y psicológicas, como son el cansancio, al agotamiento, el ausentismo escolar, enfermedades, la baja autoestima, el no poder construirse con otros”.
Ahora bien, conocida la realidad que conlleva el trabajo infantil resta abordar de qué manera se erradica. Desde la mirada de Marchionatti, “cuando hablamos de que los niños y las niñas no deben trabajar estamos diciendo que sus papás y sus mamás tienen que tener trabajo formal”. En ese aspecto, apeló al caso quizás más representativo para nuestra zona que es la cosecha de la frutilla en Coronda, donde se paga por kilo recolectado por lo tanto “los niños y las niñas van a juntar frutilla porque significa que en la mesa familiar se pueda poner un plato de comida, vestimenta y el cuaderno para ir a la escuela”, expuso y apuntó a las reformas laborales impulsadas por el gobierno nacional que “van a significar el aumento del trabajo infantil”. “Se nos puede presentar el mejor programa de erradicación de trabajo infantil –esgrimió–, pero debe estar acompañado de mejores condiciones laborales de los padres, de más inversión en educación y en el acceso a bienes culturales”.
Los resultados de la Eanna fueron presentados recientemente en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil en Buenos Aires. Allí estuvo Marchionatti y consideró, al respecto, que “fue una conferencia en la que faltaron las voces de los trabajadores y de los sindicatos y estuvieron las del Estado y del empresariado. No hay posibilidad de erradicación si no hay inversión en educación y salud y tiene que generarse empleo genuino para los padres de nuestros alumnos”, insistió.
Cuidado infantil
En la órbita provincial, desde 2011 está en marcha el programa “El trabajo no es cosa de chicos” a instancias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual tiene a su cargo los Centros de Cuidado Infantil (CCI) que fueron seleccionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una de las cinco mejores prácticas de América latina y el Caribe en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. En virtud de las políticas púbicas, Pablo Ronchi, director de Trabajo Decente, indicó que estos centros tienen como objetivo preservar y contener a los hijos de los trabajadores durante sus horas de empleo, tanto en las zonas rurales como urbanas. “Hay personal que los contiene, los cuida. Los chicos también comen, juegan, reciben estimulación temprana. Estos centros no reemplazan la escolaridad –aclaró–, no son parte del sistema educativo. No es la intención del programa”. No obstante lo cual, se suele atender a “una población de niños y niñas entre cero y cuatro años para que los madres y los padres puedan trabajar, y también incluimos padres y madres que estudian”.
En la provincia los CCI superan los 30, se extienden en 25 localidades y asisten a más de 2000 niños. Funcionan en Coronda y en Desvío Arijón (producción de la frutilla); en Santa Rosa de Calchines y Helvecia (producción de zanahorias); en Colonia Durán (producción de batata); en San Antonio de Obligado y Tacuarendí (cosecha de algodón y caña de azúcar); en San Martín de las Escobas y Humberto Primo (trabajo en casas particulares y actividad tambera); en Arroyo Seco, Ángel Gallardo y Arroyo Aguiar (producción hortícola y ladrillería). También en Sauce Viejo, Romang, Puerto Gaboto, Avellaneda, Alcorta, Elortondo, Correa, La Sarita y Santa Isabel los centros reciben a hijos de trabajadores que realizan tareas urbanas.En Reconquista y San Javier, los CCI contienen a niños de familias que desarrollan tareas de recolección y comercialización de residuos. En San Cristóbal y Tostado buscan posibilitar que los padres y madres puedan cumplir con sus estudios.
En poco tiempo, se abrirá un CCI en nuestra ciudad con el fin de abarcar “la población de padres y madres que recolectan residuos o cartonean y, muchas veces, salen con los chicos de noche. La idea es organizar un espacio para que en esos horarios los chicos y las chicas puedan estar en un lugar de contención y estar alejados de los riesgos que implica estar en la calle en esos horarios”, enfatizó el funcionario.
Entre los 16 y los 17
Tanto las Naciones Unidas como la OIT establecen que el trabajo infantil está comprendido entre los cinco y los 15 años. En nuestro país “el trabajo está permitido a partir de los 16 años con autorización de los padres. Por eso tenemos un programa de Trabajo Adolescente Protegido mediante el cual se autoriza, o no, a adolescentes de 16 y 17 años para que realicen determinadas actividades. Entre esas edades, la ley los protege y exige al empleador y al tutor o padre o madre del adolescente que pidan una autorización al Ministerio de Trabajo”. Como órgano de aplicación, la cartera verifica “las condiciones” con criterios “fundamentales” como que “no se ponga en riesgo a los adolescentes, que no haya una explotación intensiva y que no se interrumpa la escolaridad”. Para ello se cruza información con el Ministerio de Educación y se desarrollan estrategias en relación con el programa Vuelvo a Estudiar.
Al mismo tiempo, en Santa Fe se encuentra activa la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti). “Tiene reuniones periódicas. Es un espacio muy interesante –considero Ronchi–. El trazo grueso de toda la estrategia que ha desarrollado la provincia como política de Estado se activa en ese espacio y han surgido propuestas y se han convertido en estrategias concretas”. Esta comisión (integrada por entes gubernamentales, asociaciones no gubernamentales y sindicatos) cumple un rol trascendente de “interpelar” las acciones estatales. “Las discusiones en ese ámbito son muy ricas y aportan al desarrollo de las políticas de Estado. Es de hecho una política de Estado trabajar en el ámbito de la Copreti”, destacó el director.
Precarizados
Marchionatti, desde su visión como educadora e integrante de Amsafe y CTA, hizo hincapié en “en el ensayo de reforma educativa (que se lleva adelante en Capital Federal) para que los chicos vayan a las empresas a hacer pasantías. Eso es violar claramente la ley 26.390”. “Una cosa es que la escuela piense en el mundo del trabajo y otra es que genere empleo precarizado. La escuela no forma trabajadores, forma sujetos a través de la solidaridad, el trabajo con el otro, la forma en que se selecciona la información. Eso lo da la convivencia dentro de la escuela”.
