Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, producidas durante dos represiones de las fuerzas seguridad en razón de conflictos por la tenencia de la tierra en el sur, pusieron en el tapete no sólo el aval abierto del gobierno a la violencia armada del Estado y el ominoso tratamiento que le dieron a los hechos los medios gubernamentales, sino que también desnudaron el poder de los terratenientes extranjeros en la Patagonia y el racismo que sufren los pueblos originarios, específicamente los mapuches.
Ambos casos revelaron, además, la subsistencia de una fuerte matriz de odio en buena parte de la ciudadanía, que fue azuzado de manera siniestra. Los organismos de Derechos Humanos supieron responder con entereza, apelando a la verdad y la justicia como salidas y llenando las plazas con sus reclamos.
