Un análisis del entramado político y económico que posibilitó la situación financiera de Vicentín.
A más de dos meses de declarado el estrés financiero devenido en default de una de las cinco empresas de alimentos más importantes del país y luego de varias hipótesis tentativas para tratar de entender qué les pasó y cómo resolverlo, queda claro que el Grupo Vicentín SAIC operó un vaciamiento planificado a la par del que el macrismo ejecutó con el país como “empresa” y con la misma mecánica operativa: endeudamiento astronómico ilegalmente avalado, inversiones mínimas y fuga constante de dólares y pesos a empresas mellizas y paraísos fiscales en el exterior y amenaza extorsiva (despidos, colapso en cadenas productivas y comerciales regionales) al Estado para que les licúe las deudas y les refinancie el curro indefinidamente. El socialismo neoliberal santafesino y sus incoherencias aportan la complicidad progre para una operatoria clásica del empresariado exportador argentino.
Hoja de Fuga
Los dos informes producidos por Claudio Lozano (uno de los Directores del Banco Nación) evidencian que Vicentín no fue una víctima de los cuatro años industricidas de Cambiemos, lo que sí aplica para otras 20.000 empresas, de las cuales casi 3.000 corresponden a la provincia de Santa Fe. Tuvo un crecimiento descomunal por fuera de la producción y procesamiento de girasol y soja, adquiriendo la totalidad o parte unidades de negocios en rubros relacionados hasta conformar una estructura de 20 empresas; el más sonado de todos fue la creación de ARSA (Alimentos Refrigerados SA) para operar la línea de frescos de SanCor, otro gigante cooperativo destrozado por la macro cambiemista (tiro de gracia en realidad) y desmanejos patronales.
ARSA, al igual que Friar SA y Algodonera Avellaneda hoy le pide a sus trabajadores costear con pago diferido de salarios y la parada de líneas productivas completas el descalabro producido por el lockout ejecutado con premeditación y alevosía por un puñado de multimillonarios intocables (hasta ahora). La crisis económica y financiera de Vicentín es autoinflingida y absolutamente subsanable considerando los superávits operativos anuales en constante crecimiento de 11 de las 20 empresas del grupo y el patrimonio neto positivo de 17 de ellas.
A esta altura de las investigaciones, con las imputaciones de Padoán, Nardelli y González Fraga dispuestas por Gerardo Pollicita -el mismo fiscal que junto a Ignacio Mahiques fue clave para el Grupo que destrozó toda garantía constitucional durante la era de la revancha de clase-, considerando las decisiones de política económica de Cambiemos y cruzándolas con los documentos públicos de la empresa, no cabe duda de lo siguiente:
- Al igual que la gran mayoría de las provincias (que apoyaron el arreglo con los buitres y el blanqueo de capitales ampliado por decreto presidencial a familiares y testaferros amigos) las grandes empresas se plegaron a la fiebre de endeudamiento -en moneda dura en muchos casos- para viabilizar la fuga de utilidades, financiar nuevas líneas productivas o de servicios y la concentración brutal de los mercados donde operaban. El caso de Vicentín es ejemplar, no trajo un solo dólar de las cuantiosas exportaciones realizadas, pidió préstamos multimillonarios a entidades bancarias nacionales y extranjeras, compró participaciones o unidades productivas y de servicios completas, dejó de abonar los créditos tomados tras la derrota de Cambiemos en las PASO “blanqueando” que financiaron la reelección fallida de Macri –que les trabó la bicicleta financiera con restricciones para la compra de dólares y plazos para liquidar exportaciones- y convocó a un concurso de acreedores para exigir una quita de toda la deuda, comprarla muy barata y perjudicar sin reparo a productores, a los bancos privados y estatales y por supuesto a los trabajadores de las empresas del grupo.
- Pidieron $18.500 millones al Nación pero aportaron casi 20.000 millones en blanco. Seguramente, más en el color que encanta a los empresarios agroexportadores en general: es decir en negro, sobria oscuridad en la que venden toneladas de granos, esconden rentabilidades que no aparecen en los balances infravaluados con que toman créditos y Claudio Lozano releva sus ganancias de por sí extraordinarias y pagan sobresueldos a sus CEOs. Y hablando de CEOs y evasores “cereales”: si Gustavo Nardelli no hubiese sido vetado por Elisa Carrió como candidato a gobernador de Santa Fe para las últimas elecciones, los aportes hubiesen sido más significativos (las verdaderas caricias). Hoy Nardelli está procesado y –al igual que Padoán- agita sus contactos en la Corte Suprema de Justicia santafesina y en la Bolsa de Comercio rosarina para ser exonerado de culpa y cargo.
- El socialismo santafesino jamás prometió reforma agraria alguna, ni siquiera parar desalojos violentos de originarios o campesinos por cuenta de terratenientes escudados en la Sociedad Rural y la Federación Agraria Ex Grito de Alcorta, o combatir denodadamente el trabajo infantil rural que campea en el centro norte agropecuario, ni subirle ingresos brutos a las cerealeras (cosa que sí hizo Omar Perotti). Pero ya que estamos con Nardelli y Vicentín, lo que sí hizo fue prorrogarle por 25 años (hasta 2057) la concesión para operar la terminal de cargas del Puerto de Rosario, a días de asumir Omar Perotti y cuando aún faltaban 12 años para que venciera la que ya le había concedido antes. Lo mismo hizo con el Banco de Santa Fe a favor del Grupo Eskenazi y tres veces consecutivas. Lo de enfrentar a las corporaciones -“clase rica” en el documento fundacional- queda para carta fundacional del PSOA (Partido Socialista Argentino).
- Mimada por el partido de la rosa que nombró embajadora cultural de Santa Fe a una cómplice civil de la dictadura como Mirtha Legrand, Lilita ya les había advertido a todes en 2018 que los puertos santafesinos (dos de ellos controlados por Vicentín) son puerta de entradas y salida de drogas y venta bajo cuerda de miles de toneladas de cerales. Lástima que -fiel a su estilo- jamás presentó una sola prueba, pero alcanzó para voltearle el candidato a Dietrich y hacer que ningún socialista o radical pueda hoy decir que no conocían al titular de TPR (empresa controlante del puerto rosarino asociada con el mega operador logístico chileno Ultramar). Por eso cuesta tanto la investigación de la complicidad empresaria con la dictadura, porque como le espetase Magnetto a Menem los cargos democráticamente elegidos como presidente o gobernador, son completamente coyunturales y menores.
Finalmente, ¿cuánto falta para que algún arrepentido judicializado o valiente periodista de investigación nos cuente cuánto aportó la aristocrática banda de Vicentín a las campañas de Lifschitz y Bonfatti?
¿Salvarse con la nuestra?
Vicentín fue Cambiemos (y es Juntos por El Cambio) pero también Frente Progresista Cívico y Social, que hoy aporta el poderío de su pauta residual en medios santafesinos y porteños de alcance nacional para erosionar a los gobiernos de Alberto Fernández y Omar Perotti por insensibles (con los trabajadores por supuesto), lerdos, timoratos o directamente estalinistas.
El pedido generalizado –por izquierda y derecha- es que alguno de los dos estados desfondados por ellos mismos, se haga cargo del refinanciamiento de un pasivo que la empresa podría afrontar con sus utilidades regulares, las que declara voluntariamente sin echar mano de las que sólo ellos pueden cuantificar.
Finalmente el diputado provincial por el Partido del Progreso Social, Carlos Del Frade, asegura que más de mil de puestos de trabajo corren verdadero riesgo, que la intersindical que pide audiencias al gobierno santafesino y al juez en lo civil y comercial reconquistense Fabián Lorenzini (otro privilegio del grupo, litigar de local) puede ser una herramienta importante de acuerdo a la velocidad y al modo en que juegue; que ni Perotti ni Fernández van a intervenir y esperan que la segunda línea de la empresa (¿tendrán otras mañas?) resuelva el problema. El Miguel de los Progres (Lifschitz por cierto) baja el perfil pero apunta toda su artillería de voceros y publinotas al –que vuelvan las metáforas náuticas- “barco quieto” del Frente gobernante.
La deuda fugada no será estatizada
Pero el gobierno del Frente hace más de dos meses que trabaja sobre el tema y el Ministro de la Producción Daniel Costamagna aclara que “con sigilo, el que hace falta para que ninguna filtración u operación de prensa frustre el hecho de que la empresa debe volver a operar antes de la próxima cosecha de soja que promete ser récord”. Sobre la situación de los trabajadores aclara que “estamos en contacto permanente con la conducción actual del grupo, el Sindicato de Aceiteros y todos los que representan a las empresas que forman el conglomerado; es una negociación difícil y delicada, el tiempo apremia y estamos seguros de que acercando posiciones con productores, acopios y cooperativas la misma empresa puede afrontar esta crisis”.
Costamagna trabaja en la misma línea que Matías Kulfas a nivel nacional y ambos descartan la estatización tan pedida, creen –al igual que el Directorio del Banco Nación- que el Estado va a cobrar sus acreencias con un plan de pago extendido y flexible como todo aporte, porque Vicentín puede pagar con sus propias utilidades si vuelve a funcionar a pleno. “Que la justicia haga su trabajo con quienes hayan cometido delitos, nosotros haremos nuestro aporte para sostener la empresa aportando soluciones, no recursos que por otra parte son escasos” a causa de la situación heredada.
“El problema de Vicentín es uno de los más grandes que recibimos al inicio de gestión pero hay muchos otros y estamos pensando en recuperar el entramado productivo de las localidades del interior santafesino, revertir el abandono sufrido por el sector rural con obras de infraestructura que no se hicieron, caminos, salud, educación, vivienda y una mejora paulatina de la vida rural”. Pese a la imagen de parálisis de gestión impulsada por casi toda la oposición, Costamagna asegura que “senadores departamentales, intendentes y algunos dirigentes de la oposición se pusieron a la par para recuperar una provincia con regiones desiguales” y sin políticas de promoción productiva ni arraigo local.
El final sigue abierto. Los gobiernos nacional y provincial no piensan sostener a un grupo que debería salvarse solo y monitorea en tiempo real la salida a esta debacle autoinducida. Sin quita de otros delitos, la venta fraudulenta sigue siendo la principal hipótesis de salida y la recuperación del conglemerado el objetivo. Y nosotros aquí, escribiendo lo que podemos acerca sobre lo que los verdaderos dueños de la Argentina hicieron y hacen de nosotres.
