A partir del decreto de Alberto Fernández, el Estado vuelve a tener incumbencia sobre la regulación de TV paga, internet y telefonía. Una medida clave en tiempos de pandemia.
En el contexto de la pandemia de Covid 19 la sociedad encontró en el teletrabajo y en las clases virtuales la posibilidad de seguir funcionando. Dicha situación puso de manifiesto que la conectividad es un servicio necesario para acceder a la educación, la salud y la producción. Hoy, más que nunca, trabajamos, estudiamos, nos informamos, hacemos compras y hasta festejamos cumpleaños por internet. La vida social se estructura en torno al teléfono celular.
En ese marco, el Estado nacional, mediante el Decreto 690/20, restituyó la figura de “servicio público en competencia” a los servicios de telefonía móvil, internet y televisión paga. Y también suspendió todo aumento hasta el 31 de diciembre. De este modo, se prorroga el congelamiento de precios (las compañías ya habían anunciado nuevos aumentos para septiembre) y, fundamentalmente, el Estado ahora podrá regular las tarifas mediante topes máximos y planes con precios básicos.
Tras esta medida, las compañías de comunicaciones tendrán que suspender los aumentos que ya habían anunciado a sus clientes. Es decir, Movistar, Claro y Personal no podrán aumentar sus precios por telefonía móvil y Cablevisión, Telecentro y Direct TV tampoco podrán hacerlo en lo que resta del año.
La decisión forma parte de las medidas de emergencia implementadas para mitigar los efectos de la pandemia. Aunque tendrá efectos en el futuro, porque de ahora en más las empresas tendrán que negociar sus tarifas con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Esto se debe a que los precios de estos servicios públicos, ahora considerados esenciales y estratégicos, serán regulados por el Estado nacional “por razones de interés público”. Lo mismo que sucede con el agua, la electricidad o los bondis de línea. Con esta medida, el gobierno vuelve a tener una herramienta de regulación del mercado que el ex presidente Mauricio Macri había derogado.
Por lo pronto, esta medida cambia sustancialmente el principio regulador del sector de telecomunicaciones, que es uno de los negocios de mayor facturación en la Argentina (y en el mundo). Por lo que, para que tenga mayor impulso, el oficialismo ya se apronta para convalidar la medida en el Congreso.
Decisión clave
¿Quién puede negar que hoy el uso de Whatsapp es un servicio esencial? Por eso es clave que todos los sectores sociales tengan conectividad a precios accesibles y que todas las regiones geográficas cuenten con infraestructura robusta. Y eso nunca lo resuelve sólo el mercado, también se precisan políticas e inversiones públicas.
Por lo tanto, esta medida es una de las más importantes que tomó este gobierno desde que comenzó. Por dos motivos. Por un lado, porque regula un servicio que siempre es trascendental para la vida social. Por el otro, porque apunta al corazón del poder tecnológico–comunicacional: el sector de telecomunicaciones y tv paga está concentrado en unas pocas grandes empresas.
Qué dice el decreto que convierte a las tecnologías de comunicación en servicios públicos
Si bien existen varias pymes y cooperativas en todo el país que brindan servicios de telecomunicaciones, lo cierto es que es un mercado altamente concentrado. Se enumeran con una mano: el Grupo Clarín (dispone de Cablevisión, Fibertel, Nextel y Telecom); Telefónica (tiene Movistar y Telefónica Argentina); Claro; Telecentro y DirectTV. Son gigantes que manejan la circulación de la información que generan las personas, las empresas y los gobiernos.
Como se observa, uno de los principales perjudicados por esta medida es el Grupo Clarín, ya que controla gran parte del sector mediático–comunicacional: dispone de telefonía fija y móvil, tv por cable e internet. De hecho, ya hace varios años que Cablevisión y Fibertel son las empresas que le generan las mayores ganancias al conglomerado dirigido por Héctor Magnetto.
Como respuesta a esta medida, las grandes compañías del sector de telecomunicaciones ya advirtieron que podría haber una caída abrupta de sus inversiones en el sector. Lo cual resulta llamativo porque el período más reciente de mayor inversión en el sector se dio tras la licitación para la expansión del 4G, en los años 2015 y 2016. Y esos contratos fueron firmados en 2015, en el breve lapso en que los servicios de información y comunicación eran considerados servicios públicos.
Idas y vueltas legales
En 1972 se aprobó una ley de telecomunicaciones que declaró a la telefonía fija como servicio público. De esa forma se instauró el principio de continuidad (las empresas no podían cortar el servicio) y el Estado debía establecer condiciones de universalidad en el acceso.
Siguiendo esa lógica, en diciembre de 2014 fue sancionada la ley Argentina Digital (N° 27.078) que regulaba la prestación del servicio de internet y declaraba el carácter de servicio público a las tecnologías de información y comunicación. Esta ley le permitió al Estado intervenir en el sector y organizar las licitaciones para potenciar las inversiones del 4G en el país. Por eso durante el 2015 y 2016 se realizaron fuertes inversiones privadas para el desarrollo de conectividad.
Sin embargo, la situación cambió cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. El 4 de enero de 2016 suspendió –por decreto– la ley Argentina Digital y la ley de servicios de comunicación audiovisual (la famosa “ley de medios”). En consecuencia, el Estado perdió la capacidad de intervenir y las tarifas quedaron a libre albedrío del mercado (o sea, de las tres grandes empresas que dominan el sector).
Ahora, con este decreto de Alberto Fernández, el Estado vuelve a tener incumbencia a partir de la restitución del carácter de servicio público en competencia de los servicios de tv paga, internet y telefonía. La decisión presidencial anula el decreto de Macri, que a su vez anulaba la ley de Argentina Digital. O sea, se vuelve a la situación legal de 2014.
No es una estatización
El decreto nacional 690/20 repone la definición de “servicio público en competencia” a los servicios de telefonía móvil, internet y televisión paga. Esto no significa que se vaya a estatizar ni a expropiar ninguna empresa. Implica que el Estado debe garantizar que todas las personas puedan acceder a estos servicios. Por lo tanto, puede intervenir para definir precios máximos de las tarifas e incluso delinear paquetes de servicios diferenciales (un estilo “tarifa social”).
Además, vale decir que quienes ya declararon la conectividad como derecho básico son países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, España, Suecia, Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Italia, Australia y Japón. Allí la provisión de internet es un sector regulado, por lo que los Estados buscan que todas personas tengan un nivel básico de servicios.
