Presupuesto, capacitación, anclaje en el territorio y más autonomía de la población en riesgo son las principales demandas de las organizaciones que relevan femicidios en el país.
Al cabo de cada mes, las cifras se actualizan y las voces de alarma se unifican en el bramido del “¡Ni una Menos!”. Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) y Ahora que sí nos ven son dos observatorios de alcance nacional que contabilizan los femicidios y ponderan sus particularidades sobre la base de la información publicada en medios gráficos y digitales de todo el país. Ambos estudios coinciden en ciertas regularidades como la relación de pareja o expareja que se mantenía con el agresor, la cantidad de mujeres y diversidades sexuales que realizaron denuncias previas y la vivienda de la víctima como el ámbito preponderante del crimen. A partir de estos ejes, referentes de ambas organizaciones analizaron qué se puede y se debe hacer en materia de prevención, de qué manera actúa la Justicia, así como la relevancia de mayor presupuesto erogado por el Estado.
Ante la tasa que ronda los 50 femicidios desde el inicio del año hasta el 28 de febrero último y con el foco puesto en la realidad que envuelve a cada persona violentada por su condición de género, Gabriela Sosa, directora Ejecutiva de la Mesa Federal Mumalá y ex subsecretaria de Género de la provincia, desmenuzó algunas variables: “Afianzar la construcción estadística para analizar profundamente la dinámica de los femicidios y así pensar estrategias más acordes”. A su vez, “hay herramientas y políticas para desarrollar desde hoy: un presupuesto mayor que esté a la altura de la dimensión de la problemática; una fuerte inversión en recursos humanos capacitados y la articulación entre los tres poderes del Estado y hacia el interior de cada uno de esos poderes”.
Y de forma más específica, “las herramientas concretas pasan por la asistencia económica para favorecer la autonomía en situación de violencia y de los familiares e hijes de víctimas de femicidios. Un acompañamiento económico que le permita a las mujeres pensarse con autonomía y tomar una decisión lo más libre posible. Otra herramienta fundamental –agregó Sosa– es el fortalecimiento de los Estados locales que abordan las violencias machistas para hacer que las intervenciones sean más integrales. Y el fortalecimiento de los espacios de mujeres y disidencias militantes ancladas en el territorio. El feminismo comunitario necesita ser fortalecido por la tarea que cumple. Que una mujer hoy sufra violencia no significa que esté denunciando o esté yendo a pedir una intervención. Las organizaciones comunitarias pueden favorecer que el camino hacia el pedido de auxilio al Estado sea más corto. Hay un surgimiento de nuevos feminismos anclados en los territorios con mayores desigualdades que van evolucionando por otros motivos, como la tierra, el trabajo, el pan. Pero también comienzan a organizarse en las desigualdades por el solo hecho de ser mujeres”, resaltó.
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A su turno, Laura Oszust, integrante del equipo de comunicación de Ahora que sí nos ven, interpretó los datos duros e hizo hincapié en “que el lugar más inseguro para una mujer que está sufriendo violencia es su hogar. Al mismo tiempo, vemos que las víctimas intentan salir de ese círculo de violencia, el cual es complejo, y denuncian. Si bien todos los femicidios deberían ser evitables, cuando hubo denuncias previas y medidas de protección se puso en conocimiento de esa violencia al Estado, específicamente a la Justicia y a las fuerzas de seguridad”. “Son estos organismos los que deben capacitarse en perspectiva de género para acompañar, proteger y no revictimizar a las víctimas, además de no desalentarlas en la decisión de pedir ayuda”, agregó.
La activista feminista concordó en la importancia de los relevamientos para “visibilizar la problemática con cifras y su contexto”, del mismo modo que favorecer “herramientas a mujeres y a LGBTIQ+ para prevenir estas situaciones”. “La violencia física es el punto más extremo de la violencia machista y está sostenida por las que están más invisibilizadas”, argumentó. “Al mismo tiempo hay que informar sobre sus derechos para que no sean violentadas dentro y fuera de su hogar”.
—¿A qué atribuyen que el femicida se suicide?
—GS: No somos especialistas en el análisis psicológico y sociológico. No obstante, hay estudios que dan cuenta de evadir la mirada crítica y la ubicación como poseedor de estas víctimas, terminada la situación porque la víctima ya está muerta. Es decir, no tener ese objeto de deseo y eliminarse. Evadir la responsabilidad de lo que hicieron en la justicia y evadir la crítica social en su espacio de convivencia. Sería muy interesante conocer esta lógica de los femicidas en Argentina. ¿Por qué no darse la inversión pública, el tiempo y la sistematicidad de generar estudios y hacer un trabajo con los femicidas?
—LO: La violencia machista se sostiene y reproduce por una asimetría de poder propia de una sociedad patriarcal sostenida, también, por el mito del amor romántico. Esto establece una dependencia de la mujer al varón, los celos y el control como sinónimos de amor y la falsa idea de la media naranja: si no estás con esa persona no estás completa, hay una falla. Esta desigualdad de poder es en favor del varón por sobre la mujer también físicamente. El agresor que se suicida no lo hace por arrepentirse del hecho, sino porque no puede aceptarse como femicida ante la mirada de los demás. Al mismo tiempo, se podría decir que al suicidarse no da posibilidad a que se haga justicia por el femicidio.
—¿Qué falencias identifican en los estamentos estatales involucrados en una denuncia por violencia de género?
—GS: Hay cuestiones de desconocimiento de la legislación por parte de quienes deben tomar una denuncia o gestionar una iniciativa concreta. Hay una falta de conocimiento de lo que incluye la Ley 26.485 (de Protección Integral a las Mujeres). Hay pocos equipos formados, desde la toma de la denuncia hasta la restitución de derechos. En el caso de la policía hay poca formación o es formación específica en determinado personal que en general está en comisarías de la mujer o similares. Pero el resto del personal policial carece de formación para identificar los tipos de violencia y que es absolutamente posible que una mujer haga una denuncia y luego se arrepienta y luego vuelva a hacerla. Además, tenemos un obstáculo anterior: qué no hizo el Estado o qué hizo mal para que cueste tanto que las mujeres y disidencias denuncien. Estas falencias tienen que ver con la poca inversión en la sensibilización social en torno a la violencia de género. El proceso judicial no está unificado. Es un problema que el Estado tiene que resolver: la unificación de las causas, un registro único de agresores que sea solo para uso del Poder Judicial, facilitar la cercanía de las instituciones, favorecer el patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito. Hacia adentro del Poder Judicial está pendiente profundizar la capacitación, la formación y hasta un planteo ético: que quien no esté dispuesto incorporar estos derechos pueda dejar de abordar estas situaciones.
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—¿Mayor presupuesto coopera para atribuirle mayores derechos a las mujeres y disidencias vulneradas?
—GS: Necesitamos un presupuesto acorde a las desigualdades que tenemos que terminar. Queremos presupuesto porque el problema implica mucho recurso. Al mismo tiempo necesitamos que en cada ministerio, de manera transversal, se pueda pensar cuáles son los aportes que se pueden hacer para terminar con estas desigualdades. Es necesario el presupuesto y su utilización con perspectiva de género y también de equidad para priorizar las poblaciones con mayor situación de vulnerabilidad: mujeres, disidencias, mujeres y disidencias presas, con discapacidad, pueblos originarios, de los sectores más pobres.
—LO: Es necesario que las mujeres y disidencias no sólo cuenten con protección por parte de las fuerzas de seguridad para proteger sus vidas, sino que el Estado también debe impulsar políticas que contribuyan a un proyecto de vida autónomo. Es por eso que es tan necesario plantear la economía desde una perspectiva feminista que contemple todas las desigualdades y, principalmente, aquellas que están presentes en el mercado sostenido por la precarización laboral de mujeres y disidencias, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
—¿La Ley Micaela es suficiente para la capacitación en género en los poderes del Estado?
—GS: En Argentina tiene rango constitucional la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 1994. Hay un reglamento para los Estados que incluye la capacitación para todo el funcionariado. La Ley Micaela pone sobre la mesa la urgente necesidad de que se cumpla la capacitación en el Estado, pero ya desde antes existían obligaciones para ese fin. También es necesario un monitoreo sobre esos avances: cómo están siendo las prácticas, cuánto personal hemos capacitado y cuáles están siendo las modificaciones en las prácticas estatales.
—LO: La Ley Micaela es necesaria para que funcionarios públicos entiendan qué implica la violencia machista. Cuando observamos que una mujer hace aunque sea una denuncia y sin embargo la asesinan, queda al descubierto que el Estado falló y que las instituciones como la Justicia y las fuerzas de seguridad son patriarcales. Sus integrantes se resisten a formarse ya que es poner en discusión y revisión sus privilegios y su forma de ejercer el poder. De la misma forma es necesario el control y seguimiento de las acciones que se toman cuando se atienden casos de violencia machista. Quienes revictimicen, culpen y ejerzan violencia institucional hacia las víctimas deben ser sancionadxs y capacitadxs en la temática.
