El movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries de Santa Fe volvió a las calles. Más de ocho cuadras de caravana y una plaza llena pidieron por una reforma feminista de la Justicia y respuestas más efectivas contra todos los tipos de violencia machista.

Cobertura fotográfica: Gabriela Carvalho / Texto: Ileana Manucci

La última gran plaza antes de la pandemia fue aquella del 8 de marzo de 2020, un par de semanas antes de que comenzara la cuarentena. Este lunes, un año después, con barbijos, alcohol en gel y caravana motorizada, los feminismos santafesinos volvieron a las calles.

La pandemia puso sobre la superficie las desigualdades que vivimos y sufrimos como sociedad, pero donde mujeres y disidencias nos vemos principalmente perjudicadas con trabajos más precarios, mayor desocupación, mayor pobreza, sobrecarga de tareas de cuidado y la exposición a las violencias que implica -según lo muestran las estadísticas de femicidios- quedarte en casa con tu agresor.

Sobre estos ejes versaron las exigencias expuestas en el documento final que fue leído ante una Plaza 25 de Mayo repleta, luego de la caravana que partió desde la costanera, recorrió algunas de las principales calles de la ciudad y arribó a la plaza frente a la Casa Gris.

A continuación, los reclamos del movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travas y no binaries en este 8M en Santa Fe:

«Situación laboral:

A más de un año del comienzo de la pandemia en todo el mundo, está claro que lo único que importa es el lucro y la orientación capitalista. En estos meses vimos aumentar la explotación y un empeoramiento de las condiciones de trabajo y la precarización en todo el mundo.

En nuestro país, el 87% de trabajadoras y trabajadores no ganan la canasta familiar, y el 60% no alcanzan la línea de pobreza, la gran mayoría se encuentran dentro de la economía informal.

Hay discriminación sexual laboral, la integración de mujeres y disidencias al trabajo se hacen con tendencia a puestos menores, con muy difícil acceso a puestos gerenciales y, en general, el salario sigue siendo un 30% menos que los varones.

Los bonos impuestos y las paritarias bajas, muestran cuál es la realidad de las y les trabajadores. El personal de salud soportó todos estos meses de pandemia en la primera línea y ya está exhausto. La liberalización de la cuarentena colapsó los sistemas de salud. En todo el país reclamaron la incorporación de personal bajo convenio, los elementos de protección personal, las capacitaciones necesarias y la centralización del sistema de salud.
En un buen paso adelante, ya comenzó la vacunación para personal de salud y docente. El Gobierno envió tres millones de dosis, pero todavía falta mucho para una inmunización masiva, considerando que hay nuevas cepas y no se conoce qué inmunidad otorga. Muchos sectores de trabajadorxs están en pie de lucha por protocolos que garanticen su salud y su vida y debemos reforzar este reclamo.

Los gobiernos desconocen la grave situación en la que se encuentran trabajadoras y trabajadores. Quieren imponer un techo a las paritarias y negar la cláusula gatillo cuando el salario ya fue consumido por la inflación, y con aumentos insuficientes para paliarla. La organización de las mujeres y disidencias debe ser clara en este punto y avanzar por conquistar nuevos derechos laborales.

Vamos por:
– Inmediato cese de despidos y suspensiones. Por la reincorporación del conjunto de trabajadores y trabajadoras despedidas.
– Paritarias justas, libres y sin techo. Salario igual a la canasta familiar. Defensa a la cláusula gatillo.
– No a la precarización en el Estado. Pase a planta permanente
– Que se habiliten los reemplazos docentes y asistentes escolares con las partidas presupuestarias previstas. Salario de emergencia YA!
– En pandemia y sin vacunas: no al inicio de clases. Plan de virtualización y conectividad gratuita.
– Que se retrotraiga la decisión de eliminar las titularizaciones en la provincia.
– Que se grave a los capitalistas y no a trabajadoras y rabajadores, que se defienda el bien común y no la renta patronal.
– Que no haya tarifazos ni devaluación.
– Acceso a la vivienda, el trabajo digno y a la salud, para víctimas de violencia de género y disidencias.
– Exigimos el 82% móvil para las jubilaciones y el 75 % móvil para las pensiones.
– Derecho a la propiedad comunitaria y al uso de la tierra de los pueblos originarios
– Promoción y protección a la agricultura familiar.
– Eximición de impuestos a las ganancias, créditos a tasa cero, tarifas subsidiadas para cooperativas y fábricas recuperadas.
-Aplicación de la Ley de Emergencia Social y la eliminación del IVA en productos de la canasta familiar
-Mayor presupuesto para políticas públicas de cuidado.
– Que se reconozcan y remuneren los trabajos comunitarios de cuidado, con sueldos acordes a la canasta.
– Efectiva instrumentación de las leyes conquistadas desde nuestros feminismos populares: Convenio 190 de la OIT.
– Eso que llaman amor es trabajo no pago.
– Reclamamos jardines públicos materno parentales
– Licencias por maternidad y paternidad de manera compartida durante el primer año de vida.
– No a los recortes a pensiones a mujeres y disidencias con discapacidad
– Jubilación para las trabajadoras sin sueldo.
-Exigimos el pago de los sueldos atrasados a las y les trabajadores de la cultura y el cumplimiento del cupo en festivales y en eventos culturales de la ciudad. Exigimos la ——–IMPLEMENTACIÓN REAL DE LA ORDENANZA N° 12.694, QUE GARANTIZA EL CUPO EN LOS ESCENARIOS! PARIDAD YA!
-No a la precarización de las y les trabajadores de la cultura que sostenemos el circuito cultural de la ciudad y la provincia. Exigimos sueldos y trabajo genuinos, basta de intercambios monetarios por nuestros trabajos de manera irregular e insuficiente. Somos parte de la producción cultural artística y técnica de nuestra región, sostenemos el circuito de la ciudad y la provincia.
– Por más mujeres y disidencias en los escenarios y producciones culturales!»

«Economía popular:

Las mujeres y disidencias de la economía social y popular debido a la organización de nuestro trabajo, las diversas ocupaciones y formatos laborales tensionamos el modelo sindical clásico.

Cargamos, como la mayoría de nuestras compañeras con trabajos de cuidados y reproductivos de nuestros hogares, tareas que históricamente se nos asignaron y que no son reconocidas.

Quedamos afuera, de los sistemas de protección social y laboral, situación que en la pandemia se profundizó dramáticamente. Esta emergencia económica y social y la falta de atención desde el Estado, es una forma más de violencia de género.

Con la economía social y popular damos la discusión de los modelos capitalistas de mercado y de consumo, construimos formas cooperativas de producción y comercialización y luchamos por la soberanía alimentaria para nuestros territorios.

Por eso es urgente:
– El reconocimiento y restitución de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores
– El reconocimiento de nuestras diversas formas de organización y ocupaciones
– Políticas públicas que impulsen a la Economía Social y Popular como alternativa de consumo
– Mecanismos de habilitación de nuestros productos para que lleguen a las góndolas y acompañamiento para la formalización de cooperativas
– Espacios de comercialización de calidad
– Mesa de diálogo y articulación donde seamos nosotres quienes estemos sentades y seamos nosotres quienes decidamos que condiciones laborales son necesarias y cómo queremos fortalecer la economía feminista de nuestros territorios».

«Violencia de género:

Todos los días nos enfrentamos a una verdad irrefutable: a una de nosotras le es arrebatada la vida. En lo que va del año una mujer es asesinada cada 23 horas. Sin embargo. el dolor no nos deja quietas. Lloramos, nos abrazamos y seguimos adelante peleando para que seamos prioridad y nuestras vidas y decisiones sean respetadas.
¡ESTAMOS HARTAS!

Por eso seguimos exigiendo DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA YA! En principio es una declaración política de la situación en la que estamos viviendo y NECESITAMOS que por parte del gobierno nacional y provincial se nombren las cosas por como son, que pongan la magnitud de la situación sobre la mesa.

QUE EL PRESUPUESTO destinado no sea una migaja para las políticas y programas que hemos ganado con la lucha en las calles y que sea destinado a medidas concretas que erradiquen la violencia que vivimos.

– Exigimos que las líneas telefónicas 144 y el 0800 funcionen correctamente
– Pedimos la creación de una línea municipal de fácil acceso con personal capacitado en la temática y que sea específica para las situaciones de violencia de género y disidencias.
– No queremos tener más miedo a la hora de denunciar necesitamos plena implementación y regulación de la Ley Micaela, que se garantice la perspectiva de género de todos los centros donde se reciben nuestras denuncias.
– Apertura de espacios de asistencia integral a las mujeres y disidencias víctimas de violencia en los distintos barrios, que se faciliten las herramientas necesarias para la autonomía económica, el empoderamiento, la libertad de decisión, etc.
– Exijamos juntas: EMERGENCIA EN VIOLENCIA YA!»

«Mujeres trans y travestis:

Exigimos la adhesión al Decreto Nacional 721/2020 de Cupo Laboral Trans y la inmediata implementación de la Ley 13.902 ¡Tenemos derecho a trabajos dignos!

La pandemia mostró con crudeza las situaciones de extrema desigualdad, pobreza y dolor a las que se somete a nuestres compañeres. Y durante esta coyuntura la comunidad travesti trans no recibió ningún tipo de subsidio, beca, ni ayuda económica para afrontar esta difícil situación. ¡Queremos trabajar!

Exigimos acompañamiento a las infancias trans para que vivan libres de violencias. Necesitamos inclusión y acceso al derecho a la Educación; acompañamiento en los procesos educativos en todos los niveles obligatorios y de la formación superior y universitaria, e incorporación de personas trans en el equipo provincial de ESI.

Exigimos acceso a la salud y capacitaciones al personal de las distintas instituciones de salud en tratamientos hormonales y procedimientos de reafirmación de género frenadas a partir de diciembre del 2019 a la fecha. Exigimos el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género en todo el territorio provincial.

Queremos acceso a viviendas para la comunidad travesti trans. A nuestres compañeres les resulta extremadamente dificultoso acceder a un techo digno.

¡No nos callamos más, nada sin nosotres, educación, trabajo y vidas dignas para toda la comunidad travesti trans!

Desde la comunidad travesti trans de la provincia de Santa Fe instamos a las compañeras feministas que se solidaricen con nuestras luchas y nos acompañen a exigir la ley integral trans para poder planificar proyectos de vida digna. No hay igualdad sin equidad de oportunidades.

No nos olvidamos de las compañeras violentadas por el sistema patriarcal y el destrato de la justicia. Cuqui Boneto, Fernanda Coty Olmos, Sol Gomez, Vanesa Zabala, Natalia Maldonado, ¡PRESENTES!»

«Trata sexual y laboral:

Seguimos denunciando la complicidad de ciertas fuerzas de seguridad en la facilitación de este delito, como también, la falta de una política pública que sea eficiente en la prevención, asistencia, contención, protección y asesoramiento jurídico para las víctimas y la restitución de sus derechos vulnerados.

Continuamos exigiendo mayor presupuesto para la ley nacional n° 26842 y provincial n°13339 sobre Trata de Personas.

Si bien se ha realizado difusión a nivel nacional de la línea telefónica 145, y capacitación a personal de terminales de colectivos y túnel Subfluvial en la zona litoral, es necesario la capacitación en agentes que tienen contacto directo en rescate y asistencia de víctimas, y también de aquellos agentes que reciben denuncias por pedido de paradero.

Para que haya más efectividad deben acelerarse las denuncias cuando pasan de la fiscalía provincial a la federal.

Celebramos la conformación del Consejo Interministerial contra la Trata de Personas, pero pedimos urgente convocatoria a organizaciones sociales que trabajan específicamente en la temática, para que lo integren.

Sabemos que muchas mujeres e incluso niñas que realizan tareas domésticas y de cuidado, trabajan para terceros en zona rurales en condiciones de precariedad, hacinamiento y explotación e incluso algunas de ellas sufren abusos sexuales por parte de la patronal. Y otras son explotadas sexualmente en burdeles camuflados de wiskerias o bares en rutas nacionales y provinciales como la zona de la costa en Ruta 1 y el cordón industrial.

Por eso exigimos:
-Refugios para víctimas de trata, con equipo interdisciplinario capacitado en la temática, tal como lo estipulan las leyes nacional y provincial.
-Desmantelamiento de las redes de trata para la explotación sexual y/o laboral.
-Cárcel efectiva a proxenetas, tratantes y cómplices dentro y fuera del Estado y la Justicia.
-A 11 años de la desaparición de Natalia Acosta la seguimos buscando y afirmando la inoperancia de su búsqueda, en su momento, por parte de la Justicia.

Discapacidad:

La inexistencia de datos y estadísticas sobre violencia de género hacia personas con discapacidad, la difusión de información sin criterios de accesibilidad, y la falta de acceso a servicios de salud y justicia con perspectiva de derechos, exponen a una enorme vulnerabilidad a las niñas, mujeres, y personas de la comunidad LGBTIQ+ con discapacidad.

Notamos una enorme dificultad para implementar políticas públicas con una mirada integral entre cuestiones de género y discapacidad, lo que deriva en limitaciones de la autonomía, y mayor riesgo de violencias para este sector, no solo por género, sino también por la condición de discapacidad.

– Exigimos compromiso y voluntad política para trabajar sobre cuestiones de género y discapacidad de manera interseccional.

«Educación Sexual Integral:

La ESI es una herramienta fundamental para luchar contra las desigualdades y las violencias, un modo de comenzar a construir subjetividades más libres y un futuro más justo para niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes que asisten a la escuela. La educación sexual integral en Argentina es ley hace más de 14 años. Pero más allá de sus avances y mayor visibilización, su implementación sigue siendo desigual. No existen actualmente mecanismos para monitorear su efectiva enseñanza. No existen herramientas para estudiantes y educadores que puedan hacer valer su derecho cuando desde la institución es vulnerado.

Por eso seguimos exigiendo
– ESI en todas las escuelas. Capacitación para docentes gratuita, obligatoria y en servicio, materiales para todas las instituciones educativas, presupuesto y monitoreo de esta política pública que necesitamos que se garantice.
– Hace más de 4 años que pedimos que el Senado de la provincia convierta en ley la ESI: ¡basta de dejar caer el proyecto de ley! ¡Queremos la ley de ESI ya!

Interrupción Voluntaria del Embarazo:

Celebramos la aprobación de la Ley de IVE LEY N° 27610, que durante 15 años militó la campaña y el movimiento de mujeres y disidencias.

Hemos instalado en la agenda social y política la necesidad de legalizar el aborto voluntario, y hoy trabajamos para su efectiva implementación.

En nuestra provincia aparecen una serie de obstáculos que observamos en nuestra práctica cotidiana vinculada a los servicios de salud pública, a saber:

-La existencia de dilaciones al momento de garantizar el derecho al aborto, que exceden los diez días que establece la Ley N° 27.610
-Dificultades en el circuito de referencia entre los diferentes niveles de atención y en el acceso a los turnos de ecografía obstétrica.
-Misoprostol: existen demoras entre el pedido realizado por el efector del primer nivel y el momento en que las mujeres efectivamente pueden acceder al mismo.
-Faltante de algunos anticonceptivos en los centros de salud
-Tercer Nivel: siguen sin garantizar derechos, a pesar de la sanción de la ley IVE.
-Situación CEMAFE: las prácticas que se garantizaban en el marco de la ILE, hoy no se garantizan en nuestra ciudad, debiendo trasladarse la mujeres y niñas a Rosario, sumando una vulneración más.

Exigimos:
– Provisión inmediata de todos los tipos anticonceptivos y misoprostol, en todo el territorio provincial.
– Que se respete la ley en los tiempos de derivación y atención.
– Reclamamos la conformación de consejerías de salud sexual en segundo y tercer nivel.
– Que el Estado garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales de la provincia de Santa Fe y la capacitación a equipos de gineco-obstetricia de tercer nivel en AMEU.
– Que ningún objetor de consciencia sea jefe de equipos de ginecologías.
– Desde el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries acompañamos a quienes garantizan derechos. Exigimos respaldo institucional y plenos derechos laborales. No a la persecución ni al hostigamiento.
– Respaldar y ampliar el equipo formado en el CEMAFE y que cuente con los recursos necesarios.
– La urgente convocatoria al Consejo Asesor de Salud Sexual y Reproductiva creado por Ley.
– Construcción de estadísticas sobre IVE para una mejor implementación de las políticas públicas».

«Paridad:

Este año por primera vez se aplicará la Ley 14002 de Paridad en la provincia de Santa Fe.
Fue una larga lucha, como todas las que emprendemos en ampliación de nuestros derechos, sabemos que no va a ser fácil desenredar todos los entramados sociales; incluso hasta el propio Tribunal Electoral, encargado de hacer cumplir la ley, hoy en su conformación está integrado por 8 varones. La ley que se estrena este año se aplicará en las Municipalidades, y en el 2023 recién será aplicada para las Comunas, situación que señalamos como una discriminación injustificada hacia las mujeres que habitan en los pueblos de la provincia.

Sabemos que es un camino largo, pero seguramente desde la Mesa por la Paridad, multipartidaria, multisectorial y transversal, tendremos que seguir trabajando para lograr que la paridad se cumpla en todos los lugares de la provincia. La ley es el puntapié inicial, trabajaremos para su pronta reglamentación y acompañaremos a las mujeres que deban exigir la aplicación del principio de paridad. No vamos a bajar los brazos hasta que su cumplimiento sea real y efectivo.

– Sin paridad no hay Ni una Menos.
– Cumplimiento real y efectivo de la Ley».

«Justicia:

Cada 23 horas en nuestro país hay un femicidio o travesticidio, son un horror las cifras de muertes; en este contexto de la violencia de género, el estado es responsable y la justicia, como parte del mismo, es quien debe garantizar que ante una denuncia la misma sea investigada y que se juzgue y condene con perspectiva de género.

En algunos casos hay avance, tenemos jueces, fiscales y defensores que trabajan garantizando el acceso a la justicia y ante los casos de femicidios y travesticidios hay condenas, pero esto no es suficiente.

Las denuncias -en la mayoría de los casos- traen aparejadas la configuración de delitos menores por la calificación legal de esos hechos denunciados, como ser amenazas, lesiones leves, etc. pero en la realidad esto es mucho más grave, detrás de esas denuncias hay historias de violencias que terminan matándonos, ¿cuántas Úrsula Bahillo más quieren que mueran?

Los hechos de violencia no se deben minimizar, ya no son de la esfera privada, son agenda pública y por eso exigimos el cumplimiento de las leyes que nos amparan y respuestas efectivas e inmediatas.

Necesitamos un fuero único para los casos de violencia de género, es un desgaste y una revictimización para las denunciantes que tengan que recorrer el fuero penal, el civil, solicitar el botón antipánico o tobillera y encima ser ellas quienes lleven la notificación al agresor en los casos de medidas autosatisfactivas o de distancia.

Con esta justicia machista y patriarcal nos vemos compelidas no sólo a exigir la capacitación y el cumplimiento con la Ley Micaela, sino también a reconsiderar sobre la eficacia del modelo de justicia que tenemos, y a pedir respuestas y cambios en la manera de atender los casos de violencia de género.

Exigimos que, al momento de recibir una denuncia esta se investigue, y que en el momento de asesorar y defender como así también de juzgar actúen con perspectiva de género.

Es más que preocupante que no se capaciten para juzgar y condenar con perspectiva de género, hace unos días la Asociación de Abogadas Feministas, presentó ante el Consejo de la Magistratura una impugnación ya que más de 52 postulaciones para cargos de jueces y juezas carecen de la capacitación en perspectiva de género y esto es exigido en el reglamento de concursos vigentes, la capacitación es obligatoria y debe ser un requisito excluyente y por lo tanto no se debe aceptar la inscripción para ser designado juez o jueza.

SIN PERSPECTIVA DE GENERO NO HAY JUSTICIA

SIN IGUALDAD NO HAY JUSTICIA»

 

 

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