El diputado Del Frade presentó un proyecto para que la provincia se constituya como querellante en la investigación de las operaciones del Banco General de Negocios, la entidad que compró el Banco Provincial de Santa Fe en 1998. Sus dueños, los hermanos Rohm, terminaron condenados por lavado de dinero.
El diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, presentó un proyecto en la Legislatura para que el Estado provincial se constituya como querellante para investigar las operaciones del Banco General de Negocios entre 1998 y 2003. Esa entidad fue la que se quedó con el Banco Provincial de Santa Fe hasta que sus dueños, los hermanos Rohm, fueron condenados por lavado de dinero y el banco terminó siendo comprado por su actual propietario, el Grupo Petersen.
“Presentamos un proyecto de comunicación para que el gobierno se constituya en querellante para investigar las operaciones del Banco General de Negocios cuando se hizo cargo del Banco Provincial de Santa Fe, entre 1998 y 2003, teniendo en cuenta que sus directivos, Carlos y José Rohm, fueron juzgados por lavado de dinero del narcotráfico”, señaló Del Frade este lunes al anunciar el ingreso de su proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia.
Cómo fue el vaciamiento sin condenas del Banco Provincial de Santa Fe
Los hermanos José y Carlos Rohm eran los dueños de la Banca General de Negocios, entidad privada que se quedó en 1998 con el Banco Provincial. En 2003 Rohm fueron procesados por lavado de activos y terminaron condenados por ese delito en los Estados Unidos. Uno fue preso (Carlos) y el otro (José) estuvo prófugo hasta su muerte.
En ese momento, 2003, el ex banco público de la provincia pasó a manos de sus actuales dueños: el Grupo Petersen, controlado por el empresario Enrique Eskenazi.
En un proceso plagado de irregularidades, los hermanos Rohm compraron el Banco Provincial de Santa Fe en el año 1998 por 57 millones de dólares, cuando al Estado santafesino le costó 1000 millones de dólares sanear las cuentas de la entidad que había sido vaciada por sus propios directivos en un proceso que duró desde 1979 hasta 1991, tal como se desprende del Informe Nogueras, la investigación que detalló el vaciamiento de la entidad.
El millonario saneamiento se empezó a pagar durante el primer gobierno de Jorge Obeid, a fines de los 90, y concluyó en 2010 bajo el mandato de Hermes Binner.
La causa por el vaciamiento del Banco Provincial fue declarada prescripta dos veces: en 1993 por el ex juez federal Víctor Brusa –hoy condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura– y, tras su reapertura en 2016, ocurrió lo mismo a mediados de agosto a partir de un discutido fallo firmado por el juez Pablo Busaniche, cuyo padre Osvaldo figura en el Informe Nogueras entre los principales deudores de la entidad.
Ningún gobernante pagará por el vaciamiento del Banco Provincial
