"Si estos proyectos de leyes en promedio se aprueban convierten a provincias que tienen semipermanente agua –como es la provincia de Corrientes, en un 70%– en una momia productiva”. Esa calificación fue usada por el senador provincial oficialista, Noel Eugenio Breard, de Encuentro por Corrientes, cuando en 2020 esa Cámara Alta expresó su oposición al tratamiento en el Congreso de la Ley de Humedales. Ese rechazo contaba con la banca explícita de las entidades productivas de la provincia, impulsadas por sellos como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa o la Federación Agraria Argentina. El tratamiento de la ley era “inoportuno, inconveniente e innecesario”.
Después de que en 2021 se cayera una vez más la Ley de Humedales, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció en el Día de los Humedales que se iba a presentar un nuevo proyecto. El objetivo es el “uso sostenible” de los humedales y el respeto de una mirada federal. Para su redacción se busca la participación de las provincias, las organizaciones y esos, los representantes del sector productivo. Además de usar dos veces la expresión “momia productiva” y dos derivados (momifican, momificado), el senador Breard también habló de esos temas, en casi esos mismos términos, ese 20 de agosto de 2020: la declaración en oposición a la ley de humedales buscaba “Reivindicar nuestros derechos autónomos de hacer una ley que tendrá todas las definiciones y garantías de conservar lo ecológico racionalmente y fundamentalmente dictar una ley de orden público que reserve los derechos productivos sustentables”. Las entidades productivas correntinas demandaban de este modo el tratamiento de una ley de humedales: “un debate amplio de la cuestión, que todas las partes involucradas/afectadas puedan ser escuchadas, que se privilegie en el análisis de la cuestión un criterio científico apoyado en un estudio previo que demuestre los daños que se pretenden remediar, que se respeten las autonomías y jurisdicciones provinciales, así como el principio constitucional de razonabilidad, que los proyectos ingresados sean girados a las comisiones parlamentarias de agricultura y ganadería, y las demás que resulten pertinentes”. Federalismo y sustentabilidad, ciencia razonable, comisión de agricultura, demostrar los daños que se pretenden remediar.
Por la misma época, septiembre de 2020, el diputado nacional radical por Corrientes, Jorge Vara, declaraba que los proyectos de Ley de Humedales eran “Todos muy parecidos en sus postulados, pero difieren en los criterios adaptados hace desde hace mucho tiempo por organizaciones ambientalistas, que priorizan el ambiente antes que las necesidades del hombre, las de consumo, de exportación, de generación de divisas y otros aspectos productivos”. Para poner las prioridades en su lugar, Breard, con acuerdo general de sus pares, proponía una ley provincial que estableciera un tope: no más del 15% de una provincia puede ser considerado humedal. Los Esteros de Iberá representan el 21% de la provincia. Como denuncian casi diariamente los cuadros inferiores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Argentina necesita defenderse de la avanzada de los poderosos intereses internacionales que se hacen cuerpo en las ONG ambientalistas "bobas" que maniatan las fuerzas productivas del país con discursos "ecolochantas". Breard también opina lo mismo, según él estas leyes de protección “están siendo promovidas por una fundación holandesa que está tratando de estandarizar el país pero que impacta de diferentes formas”. La Ley de Humedales se debate y se cae y avanza en la agenda pública desde 2020 porque desde ese año se notan los efectos de una sequía que llegó a dejar raquítico y casi intransitable al Paraná. En 2020 y 2021 y 2022 los fuegos arrasaron las islas del Paraná, como olieron todos los que habitamos a la vera de ese largo humedal azotado por los intereses ganaderos e inmobiliarios. En Corrientes, los intereses son los forestales y ganaderos. En 1994 había 142 mil hectáreas de bosque implantando para la producción forestal, en 2009 había 371 mil hectáreas, en 2019 unas 516 mil hectáreas. Con motivo de la construcción de un gigantesco aserradero propiedad de empresas forestales de Bélgica y Austria que sí velan por los intereses del país, en 2021 el gobernador correntino, Gustavo Valdés, celebró que “Corrientes posee 550.000 hectáreas forestadas y es la primera potencia forestal de la República Argentina y si sumamos a Misiones tenemos casi el 80 % de la producción de madera argentina”. Un funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Daniel Schteingart, indicó que entre 2019 y 2021 el departamento de Santo Tomé, en Corrientes, ocupó el cuarto lugar en crecimiento del empleo en el país durante la pandemia, con un aumento del 9,9% de trabajadores, traccionado por el “fuerte peso del sector forestal”. Schteingart también indicó que el sector forestal en sí ocupa el décimo puesto entre los que más se expandieron en la pandemia, con un alza en el empleo del 7,2%, mayormente en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Los tuits donde Schteingart ofreció estos datos fueron emitidos a fines de enero y comienzos de febrero de 2022, mientras Corrientes ya estaba en llamas. El INTA señaló que el 9% de la superficie de esta provincia ya está incendiado. Los departamentos más azotados por el fuego son Ituzaingó, San Miguel, Santo Tomé, donde creció mucho el empleo forestal, Mercedes y San Luis del Palmar. La mayor parte de las plantaciones de especies exóticas para la industria maderera se encuentran distribuidas en los departamentos de Santo Tomé (quemado), Ituzaingó (quemado), Paso de los Libres, Concepción, San Martín y San Miguel (quemado). Pero los bosques de pinos están por toda la provincia y los árboles exóticos ya crecen guachos a la vera de las rutas. “Ustedes saben que en el tema forestación hay toda una tecnología internacional aceptada conforme a los estándares internacionales, hay plantaciones de pinos y eucaliptus en camellones que se permiten hacer en naciones con humedales”, defendió el senador Breard en esa sesión de repudio a la Ley de Humedales, a fines de 2020.
Los pinos, cualquiera que hace un asado lo sabe, son prácticamente una cabeza de fósforo. Conforme a los estándares internacionales, en una reunión virtual entre autoridades nacionales del Ministerio de Ambiente, en la que estuvo presente Cabandié, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, admitió que la provincia no cuenta con brigadistas forestales propios y que para los fuegos –que todos los años se producen– destacan a bomberos voluntarios. Cabandié aprovechó la declaración para hacer un video y para espetarle a Valdés que su par jujeño de jerarquía y espacio político, Gerardo Morales, sí que tiene brigadistas provinciales, en un capítulo más de una trifulca diaria en redes sociales y medios de comunicación entre el gobernador y el ministro. Este viernes 18, Valdés declaró a la zona incendiada “de catástrofe ecológico y ambiental”, medidas que suelen redundar en beneficios impositivos y subsidios a los damnificados y productores, y admitió que “Es imposible apagar el fuego: va para donde quiere y es muy difícil hasta incluso direccionarlo; salta de a 100 metros y cruza las rutas como si nada”. “Los medios que podamos llegar a tener son insuficientes”, dijo Valdés. “Lo único que puede parar esto es la misma naturaleza”, agregó Valdés. “Esperemos que el pronóstico no se equivoque”, suplicó Valdés, en la última escena de esta hoguera de furia idiota y suicida.
