Los concejales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para reubicar a las familias de Bajo Judiciales, entre otros barrios. Organizaciones como Canoa, Manzanas Solidarias y Tramas expresaron su alerta y recordaron los intentos de desalojo que ya sufrieron los vecinos y vecinas del noreste de la ciudad.
La bancada de Juntos por el Cambio presentó una iniciativa en el Concejo Municipal para que el gobierno local tome medidas respecto a las personas que habitan en la zona de reservorios de Colastiné y los barrios Atilio Rosso, Barranquitas y Bajo Judiciales. En un comunicado, los concejales de ese bloque (Inés Larriera, Hugo Marcucci, Sebastián Mastropaolo, Carlos Pereira y Adriana Molina) afirman: “Detectamos por lo menos 60 asentamientos en zonas de riesgo hídrico, algunos de ellos emplazados sobre el propio talud con los peligros que ello implica para la estabilidad del sistema de defensas, ya que pueden producir fisuras o cárcavas”. La misiva generó alerta en organizaciones como Canoa Hábitat Popular, Manzanas Solidarias y Tramas Derecho en Movimiento, que acompañaron la resistencia de Playa Norte y Bajo Judiciales a los reiterados intentos de desalojo.
El proyecto propone que “se retomen las Guardias de la Seguridad Institucional en las zonas de reservorios, de defensas y del valle de inundaciones para evitar nuevos asentamientos”. Es decir, que se habilite a la GSI a intervenir en estos casos. Además, la propuesta pide que “la agencia de hábitat del Municipio realice un relevamiento de las familias que se encuentran en estas ocupaciones y lo envíe al Concejo” y que “realice un plan para la posterior ubicación de estas familias”.
Tras conocerse la novedad Mara Mansilla, integrante de Tramas Derecho en Movimiento, expresó que: “Esta propuesta de Juntos por el Cambio nos trae un viejo imaginario de su como gestión en el Municipio, que implicó cuestiones de relocalización justamente a partir del rol de la GSI. Ya tuvimos esa experiencia”. En efecto, durante las gestiones de Mario Barletta y José Corral hubo varios intentos de desalojar Playa Norte y Bajo Judiciales. Mansilla recuerda: “Venían con notificaciones del régimen de edificaciones privadas basadas en una normativa de demolición queriendo erradicar lo que ellos denominaban ranchos, con métodos intimidantes por parte de la GSI, de funcionarios y fiscales”.
Playa Norte, la resistencia y el derecho a la tierra y el techo
Por su parte, Sandra Gallo de Canoa Hábitat Popular cuestiona la falta de integralidad del proyecto. “Aducen que piden una política de gestión de riesgo. Pero la gestión del riesgo no es solamente cuidar los reservorios y las defensas: también es tener una política de planificación urbana que designe lugares donde la gente tiene que habitar”. La entrevistada se pregunta: “¿Qué es la política de gestión de riesgos para Juntos por el Cambio? ¿Preservar los reservorios y terraplenes?” Y agrega: “Le echan la culpa a quienes ocupan esos lugares bajos de que nos vamos a inundar todos. Eso es muy perverso porque no hay una política de planificación que evite esas cosas, que haga una distribución del suelo y del uso de la tierra”.
Liliana Berraz, de Manzanas Solidarias, se suma al planteo de las otras organizaciones. Las tres agrupaciones realizan desde hace años trabajo territorial en Playa Norte, Bajo Judiciales y barrio General Paz.
Por esa experiencia, Berraz recuerda: “Cuando estos concejales estuvieron a cargo del Ejecutivo municipal llevaron a cabo políticas que, en lugar de evitar el riesgo, pusieron en riesgo real a muchas familias”. Al respecto, alude al traslado de familias en el año 2010 a la zona denominada Los Quinchitos. En aquel entonces, los vecinos denunciaban los peligros de incendio que implicaban aquellos “módulos habitacionales” que era como se llamaba a las casillas de plástico asignada a cada familia, la falta de agua y de otros derechos básicos como la salud y la educación. “Es muy clara la ideología que acompaña a estos ediles”, valora la integrante de Manzanas Solidarias.
Las organizaciones señalan que Bajo Judiciales es un barrio popular, incluido en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (según Decreto N° 358 del año 2017) y reconocido como tal por la Ley Nacional 27.453. Dicho barrio no es, como califican desde el Concejo, “un asentamiento”: está identificado junto a Playa Norte como el barrio popular 3032. En el marco de ese relevamiento, se están planificando obras en conjunto entre la ciudad, la provincia y la Nación con el objetivo de trazar las calles y brindar los servicios que el Estado adeuda a esos vecinos desde hace más de 30 años. Gallo aclara: “Las familias de Bajo Judiciales van a estar contempladas en el proyecto de urbanización de Playa Norte o de Barrio General Paz”. Mansilla agrega que, por el avance de esas políticas, hoy los barrios están “muy consolidados”.
"¿Algunos pueden ocupar reservorios y terraplenes y otros no?"
Las entrevistadas llaman la atención sobre los cambios discursivos de Juntos por el Cambio en relación a la planificación urbana del noreste de la capital provincial y sobre la cuestión ambiental. En palabras de Berraz: “Ellos cambian el discurso de acuerdo a cómo pueden lograr que ese sector de la ciudad esté ocupada por un grupo de gente con un mayor poder adquisitivo que el que tienen las familias humildes que habitan la zona”.
—¿Por ejemplo?
—En 2008, cuando asumió Mario Barletta, propusieron en todo este sector un barrio con una costanera espectacular, con edificios y hoteles. Incluso presentaron maquetas. Pero la condición para sacar adelante ese proyecto era que el barrio humilde tenía que erradicarse. Por supuesto que el barrio resistió junto a las organizaciones. En 2010, cuando se vino el agua, ellos no pusieron las bombas y presionaron un desalojo muy inhumano. Los Quinchitos se levantan cuando el agua ya se había ido pero habían convencido a las familias de Bajo Judiciales a trasladarse allá. Después, como Playa Norte resistía a estos embates, quisieron declarar a esta zona como reservorio. O sea, ese proyecto de ciudad hermosísima de repente iba a ser un reservorio. Pero en los planos, los terrenos del reservorio pasaban solamente por donde están las familias que ellos quieren desalojar.
Sobre este punto, Gallo cuestiona: "Hablan de las familias que están en ese sector y no dicen que en el mismo lugar un privado rellenó el terreno para promover una iniciativa inmobiliaria. Entonces: ¿algunos pueden ocupar reservorios y terraplenes y otros no?".
Mansilla agrega que “es preocupante que se plantee una dicotomía entre los sectores populares y la cuestión ambiental, como si fuéramos enemigos”. Agrega que, a principios de este año, desde los barrios populares y las organizaciones fueron los primeros en salir a defender el reservorio cuando empresas inmobiliarias intentaban rellenarlo, no solo atentando contra la biodiversidad del humedal sino también provocando riesgo hídrico para todo el sector. “Estos discursos generan fragmentación social y desconocen los derechos de esas personas que se asientan en condiciones muy precarias y que están intentando conseguir, con los pocos recursos que tienen, una condición habitacional que no es otorgada por el Estado. Primero habría que tener una propuesta en relación a eso y no que la presencia del Estado sea -como ellos proponen- a través de la fuerza represiva”.
La entrevistada sintetiza: “Es fundamental abordar la cuestión del riesgo hídrico, pero no castigando a los sectores vulnerabilizados sino integrándolos”.
