El acuerdo para la devolución de la deuda histórica por los descuentos sobre la coparticipación reavivó el debate político. La oposición cuestionó que Santa Fe vuelva a ceder recursos a favor de la Afip.
Seis años y medio después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para la devolución de las detracciones irregulares sobre la coparticipación federal a favor de la Anses y la Afip. El convenio, que a primera vista parece una buena noticia para Santa Fe, abrió una serie de interrogantes referidos al monto actualizado de la deuda y a las condiciones que puso la Nación para cerrar el trato: entre ellas, nuestra provincia aceptó ceder –nuevamente– el 1,9% de la coparticipación para financiar a la Afip, a cambio de lo cual recibirá información y asistencia técnica para mejorar su propia recaudación.
La historia previa al acuerdo tiene varios capítulos. En 2006, el gobierno de Jorge Obeid inició un reclamo administrativo para pedir que cesen los descuentos, con el argumento de que el Pacto Fiscal de 1992 –que dio origen a las detracciones del 15% a favor de Anses y del 1,9% a favor de Afip– ya estaba vencido. Tres años después, el gobernador Hermes Binner redobló la apuesta y llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hubo respuesta inmediata y los descuentos continuaron hasta finales de 2015, cuando el máximo tribunal declaró que las detracciones debían cesar y ordenó al gobierno central devolver los recursos retenidos entre 2006 y 2015.
La sentencia emitida el 24 de noviembre de 2015 –dos días después del balotaje que consagró a Mauricio Macri como nuevo presidente– determinó que los recursos descontados por Nación sumaban 18.686.699.245,53 pesos (en el caso de la Anses) y 4.623.074.198,40 pesos (en el caso de la Afip). En total y redondeando, algo más de 23 mil millones de pesos.
La primera parte del fallo se empezó a cumplir de inmediato y, a partir de diciembre de 2015, la Nación dejó de descontarle esos porcentajes a Santa Fe, lo que significó en aquel momento una importante inyección de fondos frescos para el naciente gobierno de Miguel Lifschitz. Sin embargo la segunda parte del fallo, que ordenaba la devolución de los montos detraídos entre 2006 y 2015, motivó una dura negociación entre la provincia y el gobierno central que duró más de seis años y terminó por resolverse el 29 de junio de 2022 con el convenio firmado entre el gobernador Omar Perotti y el (ahora ex) ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Para ello, fue clave un segundo fallo de la Corte nacional, fechado en diciembre de 2021, que estableció el mecanismo para la actualización de los montos descontados y le puso punto final a la etapa de la negociación política.
Esa es la historia previa que decanta en el acuerdo suscripto por la Nación y la provincia por el que Santa Fe cobrará la deuda en bonos, en un lapso de diez años, por un monto total de 151.873 millones de pesos: 127.784.360.152,22 por los descuentos a favor de la Anses y 33.174.585.273,40 por las detracciones a favor de la Afip. A la cifra final se arriba descontando un bono de casi 10 mil millones que Santa Fe recibió en 2017 como consecuencia de haber adherido al Consenso Fiscal promovido por el gobierno de Macri.
Bonos por diez años
El convenio para el cumplimiento de la sentencia de la Corte implica que la Nación emitirá ocho títulos públicos: tres letras del Tesoro y cinco bonos. Su valor nominal se ajusta por CER (coeficiente de estabilización de referencia). Se trata de un mecanismo creado en 2002, a la salida de la convertibilidad, para la indexación de las deudas pesificadas. En otros términos: el valor nominal de los bonos se actualiza por inflación, lo que implica que no habrá pérdida para Santa Fe aún en el caso de que los precios sigan escalando.
Nación pagará a Santa Fe más de 151 mil millones en bonos para cancelar la deuda
Las fechas de pago de los bonos y las letras del Tesoro son: agosto y diciembre de 2022, abril y agosto de 2023, julio de 2024, noviembre de 2026, noviembre de 2028 y noviembre de 2031. Desde el gobierno provincial indicaron que, en los primeros dos años, Santa Fe cobrará aproximadamente el 34% del total de la deuda. Con el paso del tiempo, el peso específico de esos recursos irá declinando hasta la cancelación definitiva a finales del año 2031.
Estos títulos públicos son negociables en el mercado. Significa que el Estado santafesino puede negociarlos incluso antes de sus respectivos vencimientos y, de esa manera, obtener recursos frescos en forma anticipada. No es la estrategia elegida. El ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, aclaró el pasado 1º de julio –dos días después de la firma del convenio– que “no hay ninguna urgencia” en salir a vender los bonos.
“Todos los instrumentos aseguran el mantenimiento en términos reales de su capital y devengan una tasa de interés. Todos son transferibles, aunque la lógica de la provincia no es vender los bonos, sino cobrar el flujo de los bonos. La cotización no es la preocupación de la provincia porque no necesitamos salir a venderlos; no hay ninguna urgencia para hacerlo”, añadió Agosto.
Esto significa que la provincia de Santa Fe va a esperar los respectivos vencimientos para cobrar el valor total de los bonos, más los intereses y la actualización por CER; de esa manera recibirá el total del dinero sin los descuentos que implican salir a vender los títulos en forma anticipada en el mercado financiero.
La oposición, disconforme
Hasta ahí, los hechos concretos. Una vez divulgado el convenio, comenzaron las interpretaciones. Casi al unísono, distintos sectores de la oposición salieron a cuestionar el acuerdo con el argumento de que perjudica a Santa Fe. Los dos motivos centrales de las quejas son el monto y el nuevo convenio por el cual la provincial vuelve a ceder recursos de la coparticipación a favor de la Afip.
El diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, fue uno de los más vehementes: “Perotti firmó un acuerdo con un ministro renunciado (en referencia a Guzmán). Aceptó bonos tomándolos a un valor mayor de lo que realmente valen, implicando una concesión de una quita y en el mismo momento le compromete al gobierno nacional pagar a la Afip mediante un descuento en la coparticipación de la provincia de unos 8000 millones de pesos anuales a perpetuidad”.
Según el razonamiento de Pullaro –al que suscribieron la mayoría de los dirigentes opositores–, Santa Fe se pagará la deuda a sí misma, ya que en algo menos de 20 años habrá aportado a la Afip los mismos recursos que la Nación le devolverá en una década.
El otro motivo de discordia tiene que ver con la actualización de la deuda histórica. Los técnicos de la UCR –entre ellos Pablo Olivares, el ex secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe durante el gobierno de Lifschitz– calcularon que el monto total actualizado debería ser del orden de los 600 mil millones de pesos: cuatro veces más de lo dispuesto en el acuerdo entre Nación y provincia.
“Es tal la desesperación por presentar algún logro en esta gestión fracasada que ni siquiera pensaron que estaban perjudicando a todos los santafesinos. La Nación nos debía 600 mil millones, nos dieron papeles mojados y encima ahora tenemos que pagarles nosotros a ellos”, criticó el ex ministro de Seguridad y actual diputado provincial, lanzado de lleno a su precandidatura para gobernador en 2023.
En la misma línea, la diputada socialista Clara García cuestionó al gobernador Perotti por las condiciones en la que se cerró el trato: “El acuerdo incluye, a modo de Caballo de Troya, una nueva detracción de casi el 2% de la coparticipación de Santa Fe para financiar el régimen de autarquía de la Afip, algo que nosotros nunca hubiéramos permitido”, lo que representa entre 7000 y 8000 millones de pesos anuales según estimaciones del ex ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione.
El senador nacional de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, también criticó el convenio: “Se acordó nuevamente un descuento que hace la Afip del 1,9%, que es mucho dinero de los santafesinos y es algo que la provincia se había negado a firmar”.
Según Scarpin, “con este acuerdo la provincia va a cobrar la deuda a diez años, con unos bonos que no sabemos qué son y con este descuento que se le permite a la Afip. Lo que se recupera por un lado, se pierde por el otro”.
Las críticas de la oposición no hicieron mella en el gobierno, aunque el ministro Agosto debió salir a aclarar que el convenio con Afip y el acuerdo por la deuda se negociaron por separado y que lo segundo no estuvo condicionado por lo primero, algo que, aún hoy, genera muchas dudas en la política santafesina. “Es un insumo esencial para llevar adelante una adecuada fiscalización en el cobro de los tributos”, justificó el ministro de Economía.
