En los penales de la provincia hay un 30% de sobrepoblación y en el Gran Santa Fe llega al 241%. Las soluciones no siguen el ritmo de las detenciones, mientras las muertes y las fugas están a la orden del día.
En la provincia de Santa Fe hay 11 penales. Los más grandes son Piñero, Coronda y Las Flores. En todos ellos, el hacinamiento es grave. Y en las dependencias policiales, sobre todo las de la capital y zona, la situación es aún peor, dice el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP).
En números
Según consta en el último informe del SPPDP, a junio de 2022 había 7691 personas privadas de su libertad en penales de la provincia, siendo que el sistema penitenciario –que consta de 11 establecimientos– tiene una capacidad límite para 5962 internos. Esto arroja un desfasaje del 29%.
En tanto, en dependencias policiales los alojados son 773, lo cual da un total de 8.464 mujeres y hombres encerrados. Alrededor del 50% no tiene condena efectiva. De esos 773, 362 están en comisarías de la 1ª Circunscripción, correspondiente a Santa Fe y región (Santo Tomé, Monte Vera, Llambi Campbell y Emilia). En este caso, la sobrepoblación es del 241%, ya que las plazas disponibles son solo 106. Entre esas 362 personas se encuentran 174 que tienen causas por delitos sexuales. Además, 12 de las dependencias policiales que albergan presos en la capital provincial y zona no están habilitadas para hacerlo, por no tener condiciones mínimas de seguridad y alojamiento.
Por otra parte, hay 476 personas detenidas por delitos federales (principalmente, narcotráfico), en una provincia que no tiene cárceles federales.
Caldo para la violencia
El Registro Provincial de Violencia Institucional del SPPDP indica que en el año 2021 se produjeron 31 fallecimientos en contextos de encierro en Santa Fe: 22 en unidades penitenciarias y nueve en dependencias policiales; 28 eran varones y tres, mujeres. Si bien el deceso más joven fue el de un menor de 15 años y el más adulto el de un mayor de 74, el promedio de edad fue de 38 años y el 50% tenía menos de 36. Un dato no menor: la mitad de las muertes ocurrieron antes de los tres meses de detención.
En relación al tipo de fallecimiento, 18 fueron categorizados como violentos y 13 como no violentos. Para el Servicio Público de Defensa Penal, “una muerte violenta remite a eventos que comportan actos lesivos dolosos o culposos externos”, ya que “concurren allí un mecanismo exógeno y una persona responsable del mismo”. Concretamente: suicidios, homicidios o accidentes. Mientras tanto, las así calificadas “muertes no violentas” resultan de “padecimientos físicos no determinados y enfermedades crónicas o prevalentes”: aparentemente, “la etiología de la muerte en estos casos es endógena”. Ahora bien, ¿qué son “padecimientos físicos no determinados” y por qué no fueron determinados en personas que pasan 24 horas al día en una celda? ¿No es dable pensar que, si no estuvieran privadas de su libertad recibirían un mejor tratamiento para esas enfermedades y por lo tanto no llegarían a la muerte? ¿Será excesivo decir, entonces, que la mayoría de los fallecimientos en contextos de encierro tiene una base, de una u otra forma, violenta? Las preguntas son nuestras, pero el mismo SPPDP confirma la hipótesis, al decir que “el grave deterioro de las condiciones materiales de vida, la inadecuada alimentación, la carencia de agua potable, la falta de higiene, la presencia de vectores, entre otros factores, resultan determinantes para el desarrollo de enfermedades que provocan esas muertes no violentas”.
Aunque sea una gran perogrullada, no está de más concluir que la cárcel (y sus equivalentes) es un gran caldo de cultivo para la violencia. No hace falta llegar a la muerte: la violencia es cotidiana, epidérmica. Y el principal ingrediente de ese caldo es el hacinamiento. En palabras del SPPDP: “La sobrepoblación impacta en la distribución de raciones de alimentos; en el número de profesionales de la salud disponibles por interna/o; produce situaciones de conflictividad entre las/os alojadas/os y con el personal policial; genera déficit de colchones y elementos de higiene; conduce a que se alojen personas en sitios que no cuentan con la infraestructura adecuada; se afecta la seguridad e higiene dado que el mobiliario sanitario resulta insuficiente; las personas son albergadas durante meses e incluso años en ambientes sin luz natural ni ventilación; y hay constantes cortes de agua y filtraciones; entre otras condiciones que constituyen en sí mismas una forma de violencia estructural”.
Y la reproducción de la violencia intramuros no tiene solo que ver con las condiciones de alojamiento. Se relaciona asimismo con el ambiente. Ya en 2014, cuando el defensor general era Gabriel Ganón, Pausa señalaba que las unidades penitenciarias eran una fábrica de inseguridad y delincuencia. En mayo pasado, la sucesora de Ganón, Jaquelina Balangione, lo reafirmó: “El Estado le da la misma respuesta a un pibe por el arrebato de una cartera que al triple homicida o al jefe de una banda narco”. Si metés en el mismo recinto al líder de una organización criminal y a un ladrón de gallinas, el primero no se va a rescatar por la convivencia con el segundo. El proceso es exactamente inverso: con la bronca que acarrea por la pésima habitabilidad y los brutales ataques que sufre por “tiernito”, el pibe termina dejándose instruir por los peores delincuentes. Pura supervivencia.
Por supuesto, está también la violencia más palpable, la institucional, que remite a “las prácticas estructurales de violación de derechos, ejecutadas por acción u omisión de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, efectores de salud y operadores judiciales”. Durante el año 2021 el SPPDP informó un total de 1.185 torturas, malas prácticas y otras afectaciones a los derechos humanos. De este total, 567 fueron ejecutadas por fuerzas policiales en contextos de restricción de la autonomía y 618 fueron responsabilidad del Servicio Penitenciario. Estas torturas y violaciones se corresponden con un total de 781 víctimas que decidieron denunciar estos hechos.
Esfuerzos que no alcanzan
“En Santa Fe, avanza la construcción del Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino de Coronda. El proyecto se desarrolla en un predio de 62 hectáreas, para sumar 462 plazas”. La noticia publicada en la página del gobierno nacional es de febrero pasado, y desde entonces, no hay noticias al respecto. “Hace 10 años que la cárcel federal de Coronda está en construcción”, se queja Balangione.
Por su parte, en agosto de 2021 la Provincia anunció una inversión de más de 1.600 millones de pesos para “el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria”. Las obras, decía el parte, consistían en “una nueva alcaidía en Las Flores y la Unidad 12 en el Complejo Penitenciario de Rosario; y pabellones en las unidades Nº 2, Las Flores; Nº 10, Santa Felicia; y Nº 11, Piñero”. Algunas de esas obras –como las de Las Flores– están en ejecución.
Un mes después de ese anuncio, el Ministerio de Seguridad apuraba la licitación para la construcción de un muro de seis metros de altura para cercar Piñero. Y claro: el 27 de junio de 2021, ocho internos saltaron el tejido perimetral de ese penal del sur provincial, mientras un grupo comando los respaldaba desde afuera con ráfagas de tiros, apenas repelidas por los agentes penitenciarios de adentro. El video de un noveno interno celebrando la fuga múltiple mientras la filmaba desde su celda ("¡Puro cuete los guachos que tiran de afuera! ¡Ahí se fueron los pibes, se fueron de Piñero, se re tomaron el palo!") quedará en el recuerdo para siempre.
Desde el Servicio de Defensa Penal valoran la voluntad de sumar alojamientos para los presos. Pero también advierten que los esfuerzos estatales no van al compás de las detenciones. Sobre la unidad federal de Coronda, como ejemplo, Balangione le anticipó a Pausa: “es una cárcel para 500 personas, va a alcanzar por poco tiempo”.
Acciones del SPPDP
“En las comisarías no debería haber presos, solo personas recién aprehendidas hasta que se resuelva su situación procesal. Tienen que pasar al Servicio Penitenciario en el caso de que se decida la prisión preventiva”, enunció Balangione en aquel diálogo con Pausa. Sucede que la preventiva es una medida cautelar y, por lo tanto, no debiera prolongarse en el tiempo. Pero la presión social hace que los jueces dejen adentro a cualquier sospechoso. De lo que sea.
Mientras tanto, como advierte la titular del SPPDP, esto deja a los vecinos en una situación de desprotección, porque “esta problemática incide directamente en los barrios: si la comisaría está abocada a cuidar presos, no está en la calle neutralizando el delito”.
Además, está comprobado que el hacinamiento es un factor determinante en las fugas de presos, las cuales en las dependencias policiales son cada vez más recurrentes, porque ni el personal ni los lugares están preparados para mantener a tanta gente.
Tras la muerte el 4 de julio de dos detenidos quemados en la subcomisaría 14º –no apta para alojar personas–, el SPPDP consiguió que la Justicia respondiera a un habeas corpus presentado, y que la jefa de la Policía Emilce Chimenti se comprometiera a trasladar a 30 personas alojadas en dependencias no habilitadas a espacios autorizados. El compromiso fue tomado sin fechas concretas.
En la misma línea, el 2 de agosto pasado Balangione, diputados y funcionarios provinciales hicieron una inspección sin aviso en la cárcel de Las Flores. El resultado fue el esperado: presos durmiendo sin colchones, algunos en charcos; desagües con olores fétidos, celdas sin electricidad, húmedas, sin agua ni retretes; y en las cocinas, hornos inutilizables y comida muy pero muy podrida. Violencia epidérmica, al por doquier.
Cuestión constitucional
“Acá tiene que haber un diálogo. El Estado le tiene que dar respuesta a toda la sociedad. Hoy la única respuesta es punitiva: el encierro, sin estar acompañada por políticas sociales que contemplen las causas para ver qué es lo que está pasando en una sociedad cada vez más violenta, más armada y con índices de pobreza que suben de una manera calamitosa”, evaluó Jaquelina Balangione con Pausa.
Mientras tanto, la Constitución Nacional ordena en su artículo 18 que las cárceles sean “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, y adscribe a una serie de tratados internacionales en la materia.
Seguramente, para buena parte de la sociedad, ese artículo no sea más que un depreciable planteo zaffaroniano, y por lo tanto esa gente prefiera que los presos sean golpeados, torturados y violados, que se maten entre ellos (“uno menos”), que no puedan recibir visitas, que no estudien, trabajen ni hagan talleres, que hagan sus necesidades en el piso de celdas inhabitables, y que coman mierda. Que sufran todo lo posible. Que sean castigados a cada minuto. “Que aprendan, carajo”.
El primer problema es que, en estas condiciones, lo único que aprenden es a delinquir mejor. Ya explicamos cómo. Y el segundo problema es que –otra perogrullada– la violencia genera violencia. Si sos atacado y humillado en cada segundo de tu existencia (como pasa en ‘la tumba’), es muy probable que lo único que quieras al salir es tomar represalia.
Entonces, eso que desea un amplio sector de la ciudadanía se le viene en contra, porque se traduce en los mismos o mayores niveles de delincuencia, y en delincuentes cada vez más calificados para robar, conseguir armas, matar y vender droga. No es negocio para nadie.
