ANUARIO 2022 | La lucha de las organizaciones sirvió: el Congreso reemplazó la norma de 1990 por una ley integral.
El 30 de junio de 2022, el Senado de la Nación dio sanción definitiva a la Ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual. El proyecto fue militado —y su aprobación, ampliamente celebrada— por más de 200 organizaciones, que durante décadas lo advirtieron: la anterior normativa ya no cubría las necesidades de los afectados por una enfermedad que irrumpió en el país a principios de los 80.
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Lo cierto es que la Ley Nacional de Sida (23.798) que logró Argentina en 1990 fue pionera en su época, cuando el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida se había convertido en una pandemia, arrasando con cientos de miles de vidas en todo el mundo. A partir de esa norma, las personas con VIH comenzaron a tener derecho al acceso gratuito al tratamiento en hospitales y centros de salud.
Además, con el correr de los años, el ‘cocktail’ de medicamentos pasó a ser “una sola pastilla diaria”. “Hace 25 años se tomaban más de 30 por día”, recordó en abril pasado ante Pausa Gerardo Perafán, jefe del Programa de Prevención de VIH, Tuberculosis (TBC) y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) de la provincia. “Siempre y cuando haga el tratamiento y se lleve una vida medianamente sana, actualmente la expectativa de vida de una persona infectada es prácticamente la misma que la de una no infectada. Hoy el VIH es sinónimo de vida. De vida digna. De vivir bien”, dijo convencido el funcionario.
Sin embargo, la ley 23.798 venía demostrando fallas y carencias, fundamentalmente por estar redactada desde una perspectiva exclusivamente biomédica, que no contempla cuestiones como el estigma que sufren los enfermos de VIH y la discriminación en el acceso al empleo o en ámbitos como el laboral o el educativo. Por ello, el 29 de marzo de 2022 la diputada entrerriana del Frente de Todos Carolina Gaillard presentó en la Cámara Baja el proyecto para una nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual.
Era la cuarta vez en seis años que una iniciativa de ese tipo ingresaba al Parlamento. En 2016, el Ministerio de Salud de la Nación presentó un proyecto elaborado tras dos años de rondas de consultas, que solo consiguió dictamen en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, pero no pasó por Legislación General y Presupuesto y Hacienda. En 2018, directamente no logró dictamen en ninguna. En 2020 hubo un nuevo intento, pero el coronavirus todo lo malogró y no fue tratado, ni ese año ni en 2021. El presidente Alberto Fernández insistió, al incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias que debían realizarse a partir del 1° de febrero de 2022. Pero el Congreso no sesionó, y la ley volvió a perder estado parlamentario. La aprobación definitiva llegó, finalmente, tres meses después de presentada por última vez.
La nueva norma tiene un enfoque que excede ampliamente lo estrictamente médico, hace foco en lo social, apunta a mejorar la calidad de vida de los pacientes y busca prevenir muertes evitables. Entre sus principales puntos, ordena que toda prueba para detectar VIH, hepatitis virales, tuberculosis o ITS deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.
También promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las primeras dos enfermedades nombradas, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la patología y 20 años de aportes, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
Además, la iniciativa impulsa la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis. En la misma línea, propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación.
El 15 de julio de 2022, el Gobierno promulgó la ley, dando así un importante paso para propender a su cumplimiento. “Estoy contentísima, porque es una ley que lleva muchos años siendo cajoneada. Esta fue una lucha de año tras año fuera del Congreso”, rememoró Lanna Rivera, drag, actriz y militante por los derechos de las personas que viven con VIH. Aunque también avisó que la lucha está lejos de haber terminado: “Hoy es una ley ganada, pero hay que llevarla a cabo”.
