Masivo rechazo a la criminalización de las protestas en Jujuy

Foto: Edgardo Varela

Se sumó a las masivas movilizaciones en Jujuy en reclamo salarial y rechazo a la reforma constitucional el decreto del gobernador Gerardo Morales que pretende criminalizar la protesta.

En los últimos días, San Salvador de Jujuy viene siendo el escenario de múltiples movilizaciones. En este caso, miles de docentes, trabajadores estatales y militantes de organizaciones sociales marcharon en reclamo de una recomposición salarial, el rechazo a la reforma constitucional que intenta avanzar el gobernador Gerardo Morales y la derogación del decreto que emitió que "criminaliza las protestas".

El decreto de Morales autoriza la represión policial, permite la intervención directa a la Justicia penal y cobra multas a quienes corten calles u ocupen espacios públicos en demanda de mayores derechos.

Dicha decisión del Ejecutivo provincial cosechó el rechazo y el repudio de numerosas organizaciones sociales y políticas, tanto de la CGT como de la CTA de los Trabajadores. Mientras, la CTA Autónoma denunció a Morales ante la OIT por violación de convenios internacionales y agrupaciones de izquierda (PO y MST) se manifestaron frente a la Casa de Jujuy en CABA contra “el estado de sitio”.

El decreto 8464 de Morales se conoció en medio de las manifestaciones, y en cuyo artículo 1º fija que "serán sancionados con hasta mil unidades de multa quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos".

"La consigna de nuestra lucha se titula 'Arriba los salarios, abajo la reforma'. Arriba los salarios, porque el sueldo básico de un docente, de un cargo testigo sin antigüedad, son 34 mil pesos. Estamos solicitando 100 mil pesos de básico, y con la sumatoria del resto de los adicionales, llegar a los 210 mil pesos. No queremos estar por debajo de la canasta básica", explicó Mercedes Sosa, secretaria general CEDEMS (Centro de Enseñanza Media y Superior) en comunicación con Radio Nacional Santa Fe.
Además, rechazaron el presentismo porque resulta un "mecanismo extorsivo", ya que representa un "20% de un sueldo básico". "No queremos más presentismo porque hizo que los docentes vayan a trabajar enfermos. El sueldo está tan empobrecido que tenemos que trabajar hasta dos o tres turnos", añadió

Conflicto docente

Los docentes iniciaron la semana pasada un paro por tiempo indeterminado en demanda de sueldos que superen el valor de la canasta básica, fijada en más de 200 mil pesos.

Al reclamo adhirieron otros gremios provinciales enrolados en la CTA, ATE, trabajadores de la salud, obreros municipales, viales y organizaciones sociales, que se sumaron a las movilizaciones. Los convocantes estimaron que la marcha de este lunes, que recorrió San Salvador y terminó en Plaza Belgrano (frente a la gobernación), reunió a unas 15 mil personas.

Movilización en CABA

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y el "Frente Milagro Sala" se movilizó este martes al mediodía en el centro porteño en rechazo al decreto del gobernador de esa provincia, el radical Gerardo Morales, que apunta a "criminalizar la protesta social".

Allí exigieron la derogación del decreto acuerdo 8464 promulgado Morales, que "atenta directamente contra la Constitución Nacional" y que fue sancionado en el contexto de las movilizaciones que se suceden en esa provincia como consecuencia de conflicto entre las autoridades y los gremios docentes.

"Ningún decreto puede ir contra las disposiciones de la Constitución Nacional. El gobierno (de Jujuy) cercena el derecho a huelga y a manifestarse; amplió los montos de las multas por contravenciones a quienes realicen manifestaciones públicas y habilitó también la posibilidad de cesantear a empleadas y empleados públicos que realicen protestas de manera reiterada", señaló la Ctera en un comunicado.

Desde el Frente Milagro Sala denunciaron que "la reforma constitucional de Morales criminaliza la protesta social" y afirmaron que "el laboratorio represivo empezó hace ocho años". Además, renovaron el reclamo de libertad para la dirigente social Milagro Sala, detenida en esa provincia desde 2016.

Con información de Télam

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