El Tribunal Oral de Santa Fe dispuso que en abril del año que viene los represores Víctor Brusa y Enrique Riuli vuelvan al banquillo. Están acusados de los delitos de abandono de persona cometidos contra 11 niñas y niños en el marco de la persecución a militantes del PRT durante la dictadura.

El 29 de abril de 2026 iniciarán las audiencias del juicio Laguna Paiva II, continuidad de la causa Laguna Paiva I, también conocida como “Chartier”. Las audiencias restantes se programarán oportunamente, informaron desde el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Los imputados son el ex juez federal Víctor Brusa y los ex policías Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti, quienes deberán responder por los delitos de abandono de persona cometidos contra 11 niñas y niños y por allanamientos ilegales cometidos en 1980, en el marco de la persecución a militantes del PRT y de sus familias.

En julio de 2021, en el marco de la causa “Laguna Paiva I” o “Chartier”, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) condenó a seis ex policías de la provincia: Eduardo Riuli, Germán Chartier (fallecido en septiembre de 2021), Omar Molina, Antonio González, Rubén Insaurralde y Fernando Mendoza. El TOF los encontró culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos contra 11 obreros del Frigorífico Nelson, integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y participantes de la lucha sindical en los años 70.

Durante las audiencias testimoniales se supo, por la palabra de las y los sobrevivientes, que también habían sufrido tormentos, detenciones ilegales y abandono de persona hijas e hijos y sobrinas y sobrinos de Arnaldo Catalino Páez, referente del PRT en Santa Fe. Una de las niñas, de 14 años, fue abusada sexualmente en el marco de los allanamientos ilegales que la patota de la Policía de Santa Fe llevó a cabo para dar con Páez. Otra niña, de 15, fue torturada. Un adolescente de 14 años estuvo detenido-desaparecido durante dos meses en la sede del Departamento de Informaciones “D2” de la Policía de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe.

Abandono de niños en la dictadura: juzgarán a Riuli y a Brusa en la Causa Laguna Paiva II

Por este motivo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario presentó una denuncia formal para que esas violaciones de derechos humanos sean investigadas. Además requirió el procesamiento de Víctor Brusa quien, pese a ser reiteradamente nombrado y reconocido por los testigos, ni siquiera fue citado a declarar. Ese fue el inicio de la causa judicial conocida como “Laguna Paiva II”.

En abril de este año, el Poder Judicial Federal notificó a la querella: “De conformidad con la programación de Secretaría, se fijará fecha de audiencia a la brevedad posible, para llevar adelante el juicio. Sin perjuicio de ello cabe hacer saber a los presentantes que esta causa se encuentra integrada por jueces titulares de los Tribunales Orales números 2 y 3 de la ciudad de Rosario por lo que oportunamente deberá compatibilizarse la agenda de este tribunal con la de los mencionados”.

Seis meses después, fijaron el inicio de las audiencias para abril del año que viene. El tribunal está conformado por Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. El fiscal interviniente es Martín Suárez Faisal. Los defensores son Romeo Díaz, Ignacio Garrone, Néstor Oroño y Martín Risso Patrón y el defensor oficial Fernando Sánchez. En representación de la parte querellante, las y los sobrevivientes y sus familias, actúa la APDH de Rosario.

Los hechos

A principios de la década de 1980, el Departamento de Informaciones “D2” de la Policía de Santa Fe se propuso secuestrar al líder del PRT en la región: Arnaldo Catalino Páez, quien había trabajado y encabezado la lucha sindical en el frigorífico Nelson en los años 70. Páez, al igual que el represor Eduardo Riuli y varios de sus compañeros de militancia, vivía en Laguna Paiva cuando las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno en 1976. Ese mismo año, una patota destruyó su casa, en la que habitaba junto a su esposa Juana Medina y sus siete hijos.

En febrero de 1980, Páez vivía en la clandestinidad junto a su familia, sobreviviendo mientras hacían trabajos rurales en distintos pueblos. Para dar con su paradero, los represores secuestraron y torturaron a varios familiares, entre ellos niños y niñas. Finalmente, lo encontraron en Lima, Buenos Aires. De allí se lo llevaron secuestrado; también a Juana y a Mario, su hijo mayor, quien entonces tenía 14 años. Mónica, de 12, quedó abandonada y al cuidado de sus hermanos más pequeños, entre ellos un bebé de 18 meses.

Las acciones de la Policía provincial no solo afectaron a la familia nuclear de Páez. Dos hermanos de Catalino, María Ceferina y Miguel, se habían casado con dos hermanos de su esposa: Luis y Elba.

María Ceferina Páez y Luis Medina vivían en Esperanza y tenían cuatro hijos ―de entre 14 y seis años―, quienes tras el secuestro de sus padres quedaron abandonados. Una de las hijas, de 13 años, fue abusada por los represores.

Miguel Páez y Elba Medina vivían en Esteban Rams, en el norte provincial, y tenían cuatro hijos de entre tres y 15 años. Todos ellos, incluidos los niños, permanecieron secuestrados cerca de dos meses. La hija mayor de Miguel y Elba, de 15 años, fue torturada al momento del secuestro de sus padres. Elba fue vista junto a sus cuatro hijos pequeños en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de Santa Fe. Además secuestraron a otra hermana de Páez, Ramona, en Ceres.

“Pudimos dar cuenta de que toda la familia de Catalino Páez había sido víctima del terrorismo de Estado”, aseguró Federico Pagliero, uno de los abogados que acompaña a la familia por parte de la APDH de Rosario. Agregó: “Era una magnitud muy grande porque eran muchas familias y muchas personas, entre ellas niñas y niños, y en la primera parte del juicio sólo se ventiló una parte de una sola familia”.

“El accionar del Estado terrorista, encarnado en las figuras de estos represores, implicó el uso de la violencia también contra las infancias. Así, fueron víctimas de abandonos, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y abusos sexuales”, destacó en 2023, en diálogo con Pausa.

Un juicio que esperó 46 años

Pese a los testimonios escuchados en el primer juicio, el Juzgado N° 1 de Santa Fe, cuyo titular era entonces Reynaldo Rodríguez, rechazó la presentación de la APDH y dictó la falta de mérito para los represores Riuli y Brusa en lo que respecta al abandono de las niñas y niños y a su participación en los allanamientos y secuestros de sus padres. También dictó la falta de mérito para el ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Mendoza, en cuanto a la aplicación de tormentos contra los militantes Oscar Vázquez y Luis Szuban.

Pero en septiembre de 2023, la Cámara de Apelaciones de Rosario, dio la razón a la APDH y pidió que se procese a Brusa y a Riuli por el allanamiento, secuestro y aplicación de tormentos contra los militantes y por el delito de abandono de persona cometido contra 11 niñas y niños, por las torturas sufridas por una de las niñas, de 15 años, y por el secuestro de Mario Páez, de 14 años. El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe debió entonces revisar la falta de mérito.

De esta manera, Riuli y Brusa deberán responder ante la Justicia Federal por los delitos de abandono de persona cometidos contra 11 niñas y niños. También deberán responder por cuatro allanamientos ilegales, realizados en Lima (Buenos Aires); Ceres, Esteban Rams y Esperanza, en Santa Fe.