La Cámara baja santafesina dio luz verde a una iniciativa de la diputada Celia Arena que le pide al Poder Ejecutivo un relevamiento sobre los planes de vivienda de Pilay, en medio del crecimiento de reclamos de clientes que llevan hasta 20 años pagando cuotas sin recibir sus departamentos.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación para avanzar en el relevamiento y el acompañamiento de las familias que atraviesan dificultades vinculadas a los planes de vivienda de Pilay y Bauen. La iniciativa es de la diputada Celia Arena y busca obtener información precisa sobre la situación de quienes durante más de una década realizaron aportes mensuales con la expectativa de acceder a una vivienda propia y hoy enfrentan incertidumbre y angustia.
“Escuchamos a vecinas y vecinos de Santa Fe, Rosario y distintos puntos de la provincia que durante 10, 15 o 20 años hicieron un esfuerzo enorme, pagando sus alquileres y aportando mes a mes a un sueño que hoy genera incertidumbre y angustia”, señaló Arena.
El proyecto le solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, información de los últimos cinco años sobre los planes de esfuerzo individual y ayuda mutua que comercializa Pilay S.A. El pedido contempla datos sobre consultas, reclamos, denuncias y actuaciones administrativas; las principales causas planteadas por los consumidores; las audiencias de conciliación y sus resultados; y las acciones desarrolladas por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
Además, plantea un relevamiento voluntario en toda la provincia para contar con información que permita avanzar en soluciones legislativas y herramientas de acompañamiento concreto.
“La vivienda no es solo algo material, es una proyección de vida. Por eso el Estado tiene que intervenir y ser parte de la respuesta”, sostuvo la legisladora.
Un reclamo que no para de crecer pilay
El proyecto aprobado llega en un contexto de reclamos cada vez más visibles. Pausa reconstruyó en abril el mecanismo que denuncian los damnificados: clientes que pagaron durante 10 o 20 años cuotas mensuales de entre 500 mil y un millón de pesos, actualizadas varias veces al año, y que al momento de recibir su departamento en la zona pactada de bulevares se encuentran con propuestas muy distintas a lo firmado, siempre comunicadas de forma oral y sin dejar registro escrito.
Entre esas propuestas figuran la entrega de una vivienda recién a siete años en zonas suburbanas como Santomás (Santo Tomé) o Los Domingos (Sauce Viejo), la devolución de apenas un 40% aproximado del valor de la propiedad, o el ofrecimiento de un departamento más chico y de otra constructora con un cargo extra de entre 12 y 20 millones de pesos. Además, la empresa habría usado el dinero de los propios damnificados para adquirir tierra barata en zonas alejadas del ejido urbano, mientras seguía construyendo edificios en la ciudad destinados a venta directa o alquiler.
El malestar, que durante años circuló en grupos de Facebook y WhatsApp, se convirtió este año en protestas públicas en Santa Fe y Rosario, y en pedidos de informes en la Legislatura, como uno presentado anteriormente por el diputado Miguel Rabbia. El proyecto de Arena se suma ahora a esos reclamos con una herramienta institucional que busca poner cifras y respaldo oficial a una situación que, hasta ahora, dependía casi exclusivamente de los testimonios de los propios afectados.
