La Provincia de Buenos Aires aplicará una retención del 2% sobre determinados premios de las apuestas virtuales. Los fondos serán destinados a programas de salud, educación y desarrollo social.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires pondrá en marcha una nueva retención sobre el juego online con la expectativa de recaudar entre $35.000 y $40.000 millones adicionales por mes. La medida alcanzará a determinados premios obtenidos en plataformas de apuestas virtuales y, según las proyecciones oficiales, podría representar más de $400.000 millones al año para las arcas bonaerenses.
La decisión fue impulsada por el gobernador Axel Kicillof y formalizada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en el marco de la reglamentación de la Ley 15.079.
Los fondos serán canalizados a través del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y tendrán como destino programas vinculados con salud, educación y desarrollo social en territorio bonaerense.
¿A qué apuestas alcanza?
La retención será del 2% sobre los premios correspondientes a sucesivas apuestas vinculadas con juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas virtuales, en las que el jugador conoce el resultado prácticamente en el momento.
La medida alcanza a las siete empresas autorizadas para operar legalmente en la provincia de Buenos Aires.
Para controlar la aplicación del nuevo esquema, las plataformas deberán presentar declaraciones juradas con frecuencia semanal, de manera que el organismo provincial pueda verificar los descuentos efectuados sobre los premios alcanzados por la normativa.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó que se trata de una decisión adoptada por Kicillof y que la nueva retención se incorpora al esquema de regulación y recaudación que la Provincia ya aplica sobre el sector.
Un negocio que ya tiene otros impuestos
La nueva retención no será la única obligación tributaria que pesa sobre las empresas de juego online.
La Ley Fiscal e Impositiva 2026 establece un gravamen del 15% sobre las utilidades brutas del juego, mientras que las compañías también deben afrontar un canon equivalente al 10% de esa utilidad. La normativa considera como utilidad bruta la diferencia entre el dinero apostado y los premios pagados a los jugadores.
Parte de ese canon se distribuye entre los municipios bonaerenses y el resto ingresa a Rentas Generales para financiar políticas vinculadas con educación, promoción y asistencia social.
Con la nueva retención, la Provincia busca incrementar todavía más la participación estatal sobre los recursos generados por el juego legal.
También apuntan al juego clandestino
En paralelo, el Gobierno bonaerense viene reforzando los controles sobre las plataformas que funcionan por fuera del sistema autorizado.
Según informó el Instituto de Loterías y Casinos, ya se realizaron más de 800 denuncias contra sitios ilegales, incluidos aquellos que permiten el acceso de menores sin los controles correspondientes.
En julio, además, la Provincia informó el bloqueo de 537 sitios de apuestas online ilegales, a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Departamento Judicial San Isidro.
El organismo también avanzó contra la promoción de estas plataformas en redes sociales. En conjunto con Meta y la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), se reportaron más de 100 influencers vinculados con la difusión de sitios no autorizados.
Recaudación y prevención de la ludopatía
El paquete de medidas combina el control de la actividad y la recaudación con políticas de prevención de la ludopatía.
De acuerdo con la información oficial citada en la medida, las acciones preventivas alcanzaron a más de 6.000 personas en escuelas, clubes y teatros de distintos municipios bonaerenses.
También se amplió la cobertura asistencial para personas con problemas vinculados al juego compulsivo, mediante la articulación con la red de Salud Mental, los Centros Provinciales de Atención y los hospitales bonaerenses.
El objetivo planteado por la Provincia es extender esa atención a los 135 municipios y fortalecer, además, la asistencia específica para menores de 18 años en los diez centros provinciales especializados en esta problemática.
