El 2018 finalizó con una mala noticia para los organismos de derechos humanos de Santa Fe: la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Víctor Brusa. A pesar de que le faltan cumplir 10 años de condena, ahora el torturador estará en su casa monitoreado con una “pulsera transmisora” para saber su ubicación.
Asimismo, durante el año continuaron los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. En la causa Ford condenaron a los ex directivos de la empresa Pedro Muller y Héctor Sibila y al ex general Santiago Riveros por los crímenes contra 24 trabajadores en la planta automotriz de Pacheco en 1976 y 1977.
En Rosario continúa el juicio “Feced III” que tiene a trece imputados por delitos cometidos contra 152 víctimas por la estructura policial de Santa Fe. Siguen las audiencias del juicio “ESMA IV” por delitos perpetrados a 805 víctimas. En Córdoba avanza el juicio de la “ex causa Soria” que tiene 21 imputados que pertenecían al comando radioeléctrico que operaba bajo órdenes de Luciano Benjamín Menéndez.
También en 2018 se conoció el fallo por la “Megacausa Rafaela”. En ese juicio, por primera vez en la provincia se condenó el aborto forzado como un delito autónomo cometido sobre las mujeres –en este caso Silvia Suppo– dentro de los crímenes que formaron parte del plan sistemático del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
Sin embargo, los procesos avanzan con dificultades: la Red Nacional de Abogados y Abogadas querellantes señaló que “desde la asunción de este gobierno nacional, se llevaron a cabo medidas que han provocado el desmantelamiento total o parcial de las investigaciones (…), dificultando el relevamiento de material probatorio fundamental”.
