La Justicia de Santa Fe sienta un precedente histórico en relación a los derechos de las infancias que sufrieron el terrorismo de Estado. En el marco de la causa Laguna Paiva II, se condenó al ex juez federal Víctor Brusa y a tres ex policías dejar en estado de abandono a 11 niñas y niños durante el secuestro de sus padres en 1980.
Condenaron a tres ex policías y al ex juez federal, Víctor Hermes Brusa, por el delito de abandono de persona contra las infancias en el marco de la última dictadura. Antonio Parvelotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe, recibió una pena de 18 años de prisión por el abandono de seis niñas y niños en el marco del secuestro de sus padres, en 1980. El ex policía Enrique Riuli recibió una pena de 15 años de prisión (unificada en 18 años, por la pena recibida en Laguna Paiva I). Brusa fue penado a 14 años de prisión (unificado en 25 años de prisión por penas anteriores por delitos de lesa humanidad). Al ex policía Oscar Valdez lo condenaron a nueve años de prisión (pena unificada en prisión perpetua por haber sido condenado por el asesinato de cuatro militantes en 1977, en la Masacre de Ituzaingó y Las Heras).
Es la primera vez que se reconoce el delito de abandono de persona como delito de lesa humanidad en el marco de un plan sistemático perpetrado en la última dictadura.
Todos los condenados fueron encontrados penalmente responsables de los delitos de violación de domicilio, aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, privación ilegítima de la libertad y abandono de persona en perjuicio de seis niñas y niños (en el caso de Parvelotti, Brusa y Valdez) y de once niñas y niños (en el caso de Riuli).
La causa Laguna Paiva fue impulsada por 11 sobrevivientes del terrorismo de Estado. Todos eran oriundos de Laguna Paiva y eran militantes sindicales, pertenecientes al Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1980 fueron secuestrados por la patota del D2. En este tramo del juicio se comprobó también la participación de Brusa, quien entonces era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, a cargo del juez Miguel Quirelli. El secretario del juzgado no solo aplicó tormentos y falsificó documentos públicos, sino que se constató que también viajó casi 400 kilómetros hacia la localidad de Lima (Buenos Aires) para secuestrar al referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Arnaldo Catalino Páez.
Pero para dar con Páez, la policía fue primero por su familia. En operativos llevados a cabo en Esperanza, secuestraron a una pareja y dejaron abandonados a cinco niños y niñas. En Esteban Rams, secuestraron a una familia completa: una pareja y sus cuatro hijos e hijas, de entre 15 y 4 años. Finalmente, el 15 de febrero de 1980, secuestraron a Catalino, a su esposa Juana Tomasa Medina y a su hijo Mario Ángel Páez, quien tenía 14 años. Sus seis hijos (de entre 12 y un año) quedaron abandonados en el horno de ladrillos donde la familia vivía, en la mencionada localidad del norte bonaerense.
“Hasta hoy me pregunto cómo mi hermana de 12 años se pudo hacer cargo de nosotros”
Tras conocerse la sentencia, Marcelo Villar, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, subrayó: “Santa Fe fue el primer lugar donde se condenó a un ex juez federal (Brusa) por delitos de lesa humanidad y ahora es el primer lugar donde se reconoce el abandono de persona contra las infancias como delito de lesa humanidad”.
El tribunal que firmó la sentencia estuvo conformado por Ricardo Vázquez, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. La querella estuvo representada por las abogadas Julia Giordano y Noelia Zarza y el abogado Federico Pagliero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Santa Fe (APDH) de Rosario. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal auxiliar Nicolás Sacco.
