El CELS, Amnistía Internacional y otras organizaciones reclamaron a la Corte Suprema que desestime cualquier intento restrictivo del derecho al aborto, en razón de las avanzadas continuas en la Justicia de Salta.
Ante un fallo emitido en agosto por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que pretende validar que “todo ciudadano” pueda pedir la suspensión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Amnistía Internacional (AI), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "deje sin efecto la resolución" de la Justicia salteña.
A través de la presentación de un "recurso extraordinario federal", las organizaciones buscan que la Corte "acompañe su propia jurisprudencia sobre el derecho a interrumpir legalmente un embarazo (fallo F.A.L) y las decisiones que desde la sanción de la ley ha emitido el poder judicial alrededor del país, y rechace las acciones que pretenden impedir que las mujeres ejerzan su derecho a un aborto legal", explicaron en un comunicado.
La provincia de Salta viene siendo un foco de la avanzada antiderechos. Recientemente, una médica fue detenida por la práctica de un aborto en el marco de la ley, para ser liberada a las pocas horas como resultado de la presión social. La presentación hecha por las organizaciones refiere a un fallo dictado por mayoría en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que concedió legitimidad al reclamo de un grupo de personas en una declaración de inconstitucionalidad planteada contra la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE). Es decir: no dijo que la ley era inconstitucional, pero sí reconoció el derecho de los demandantes –y de cualquier otro demandante– a hacer ese reclamo, que había sido desestimado como tal previamente
El planteo de inconstitucionalidad había sido presentado ante el Juzgado Federal de Garantías 2 de Salta el 16 de enero pasado por la ex senadora por Salta María Cristina Fiore Viñuales y un grupo de profesionales de la salud, que solicitaron la aplicación de medidas cautelares contra la ley IVE, las cuales fueron rechazadas por el juzgado federal, que declaró la improcedencia formal del pedido de inconstitucionalidad. La Cámara de Apelaciones revirtió ese fallo, avalando a los antiderechos.
"Admitir que cualquier ciudadano pueda actuar en representación de las “personas por nacer” en contra de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar es contrario a la Constitución Nacional porque viola su derecho a tomar decisiones autónomas dentro de su esfera privada y sin injerencias de terceros, el principio de división de poderes y de autorrestricción del Poder Judicial, y la garantía constitucional del debido proceso", dicen las organizaciones en su comunicado.
Respecto del fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, agregan: "Además de validar la representación colectiva de la vida fetal, la demanda emite un mensaje preocupante porque reinstala un entramado violento en contra de las mujeres que deciden no continuar con un embarazo. No sólo pide la suspensión de la ley, sino que además solicita que se ordenen la adopción de medidas que podrían implicar violencia contra las mujeres".
