La renovación del cargo de Oscar Biagioni en el Tribunal de Cuentas desnuda una realidad: en la provincia de Santa Fe las trabajadoras y los trabajadores que sufren acoso laboral no tienen dónde denunciarlo.
El 16 de octubre quedó aprobado de manera ficta, por segunda vez, el pliego de Oscar Biagioni para renovar su cargo en el Tribunal de Cuentas. Su designación por parte de Omar Perotti fue cuestionada por el colectivo Ni Una Menos, la Mesa de Mujeres por la Paridad y el diputado Fabián Palo Oliver, ya que sobre aquél pesan denuncias por discriminación, acoso laboral y hasta acoso sexual, presentadas por cuatro mujeres en Santa Fe y Rosario.
Así, más allá de develar el entramado de poder tejido por Biagioni, el caso desnudó también otra realidad preocupante: en la provincia de Santa Fe, quienes son víctimas de sus jefes en sus ambientes de trabajo no tienen un organismo oficial para denunciarlos.
Esta familia tan normal
Desde hace cinco años, cuando Oscar Biagioni asumió la presidencia, los gritos, el maltrato, la denigración y hasta las patadas contra las puertas forman parte de la cotidianeidad para muchos de los empleados –y fundamentalmente de las empleadas– del Tribunal de Cuentas (TC) de Santa Fe.
Acudir al despacho del contador puede tornarse en una experiencia asimilable a abrir la Caja de Pandora: cualquier cosa puede salir de ahí. Si un trabajador se apersona por voluntad propia con un pedido, es probable que el jefe saque del cajón de su escritorio el recibo de sueldo del solicitante (porque tiene en ordenada pila los recibos de todo el personal) y se lo arroje en la cara recordándole “cuánto cobra gracias a él”. Y fin de la discusión. También es posible que el CPN señale el cuadro colgado a su espalda y le pregunte con mirada desafiante al empleado: “¿Vos sabés quién es este? ¿Sabés quién es?”. Se refiere a Juan Manuel de Rosas. Cuando el ex ladero del senador Armando Traferri llegó al organismo, quien reposaba en la pared era Manuel Belgrano, pero lo hizo cambiar. El mensaje es claro: en el Tribunal ya no gobierna un aterciopelado y democrático padre de la Bandera, ahora gobierna un dictador. Por cierto, entre la decoración elegida por Biagioni se destacan, además, una foto de su madre, un retrato de Evita y un enorme crucifijo. Total normalidad.
En tanto, si el encuentro es convocado por el mandamás del Tribunal de Cuentas, seguramente sea para exigir con desmedida violencia verbal la realización de alguna tarea que considera no cumplimentada. Ver a secretarias, asesoras o mujeres con los más diversos rangos salir de la oficina de Biagioni con crisis de llanto está tan naturalizado en el TC como en cualquier otra repartición lo está hacer una vaquita para comprar yerba.
Pero lo más surrealista ocurre cuando él llama a alguien a una reunión para persuadirlo de hacer algo conforme a sus intereses. Porque es entonces que un verdadero carrusel de emociones se apodera del recinto. Dicen quienes han atravesado esa experiencia que usualmente el hombre inicia con un discurso manipulador y/o pasivo-agresivo. Si no encuentra respuesta, sin solución de continuidad y sin un orden específico, putea desenfrenadamente a su interlocutor, llora a moco tendido, se disculpa, intenta manipular nuevamente, insulta, ruega por el perdón, agrede otra vez, lagrimea otro poquito. Total normalidad, parte II.
Camino al infierno
Durante los primeros dos años del reinado de Biagioni, Claudia y Analía –no utilizaremos sus nombres reales para resguardar a las denunciantes— pudieron trabajar con relativa calma. Pero en 2017 todo empezó a cambiar.
Ese año, la totalidad de los compañeros de oficina de Claudia, con iguales funciones y categoría, recibieron un plus, y ella no. Entonces inició un reclamo administrativo. Fue el primer pasito del camino al infierno. Al poco tiempo recibió una llamada del presidente del TC: “¡negra de mierda, metete el plus en el orto!”, le espetó.
A pesar de las denuncias, Biagioni seguirá al frente del Tribunal de Cuentas
Por su parte, Analía vivió una situación de similar violencia en 2018. Había salido un concurso en el Tribunal, y se le ocurrió alentar a sus colegas para que se presentaran. Biagioni la convocó y le dijo: “escuchame, yo sé quién sos, sé dónde vivís, sé quién es tu familia. Así que te voy a recomendar algo: quedate en el molde y dejá de arengar gente para que se presente al concurso, que ya tiene nombre y apellido”. El nombre era Alejandra; el apellido, Nieto. La esposa de Biagioni.
Ese mismo año, un importante concurso quedó para Fernando Serricchio, quien a partir de entonces se convirtió en Fiscal Jurídico, jefe de Claudia y Analía y ‘brazo ejecutor’ de Biagioni. Solo fue cuestión de días para que Serricchio dejara solas a Claudia y Analía en un reducto que en el Tribunal denominan “oficina pecera”, segregándolas de sus compañeros.
En 2019 se dispuso que los hombres de la Fiscalía Jurídica harían las legalidades y trámites de gestiones internas y licitatorias (lo más importante); y las mujeres juicios de cuentas y responsabilidad (lo casi rutinario). Fue la manera de "freezarlas". Sin embargo, a fines del año pasado, ambas recibieron sendos expedientes correspondientes a gestiones de relevancia. La exigencia, en los dos casos, fue que los analizaran en tres horas y dieran su conformidad, una tarea imposible de realizar porque se trataba de expedientes de varios cuerpos. Ellas entendieron que se trataba de un ardid para comprometerlas en actos de dudosa legalidad, por lo que se negaron a emitir dictámenes favorables. Lo que recibieron por represalia fue un acta firmada por los cinco vocales y publicada en la intranet del Tribunal, acusándolas de incumplir con sus deberes. Fue la gota que rebalsó el vaso.
El derrotero
Tras el episodio del acta, Claudia y Analía decidieron defenderse. El 15 de diciembre de 2020 presentaron una denuncia online en el Ministerio Público de la Acusación contra Serricchio, Biagioni y los demás cuatro vocales por violencia de género e institucional, hostigamiento, abuso de poder, intimidación, acoso laboral y otros delitos. Pero la fiscal del caso, Jorgelina Moser Ferro, les dijo que la violencia laboral no sería de competencia del MPA y les sugirió reencuadrar la presentación. Por lo que debieron circunscribirse solo a dos delitos: coacción y amenazas.
Ante la escueta respuesta –de más está decir que aún no se produjo ni una audiencia en esa causa–, acudieron al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. “No tenemos competencia”, les dijeron. Luego, a la Secretaría de Derechos Humanos… pero “no tienen competencia”. Eterno loop.
Acto seguido, hicieron una presentación ante el Inadi Santa Fe. Lo que sobrevino después no hizo más que empeorar la situación. En un afán de ‘mediar’ con las autoridades del TC, desde el organismo les enviaron la denuncia de Claudia y Analía. La venganza no se hizo esperar: los vocales remitieron las actuaciones a Fiscalía de Estado, adonde hicieron concurrir a decenas de compañeros de trabajo de ambas para atestiguar en su contra. Esa investigación –que, curiosamente, sí avanza– aún continúa.
Solamente desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación las escucharon e hicieron todas las gestiones al alcance de esa repartición. Las ayudaron con la denuncia en Fiscalía y con la presentación de Analía en el Fuero Laboral (ver aparte). “No es que te va a lograr la sentencia o el trámite. Pero es el acompañamiento de un organismo. Alguien que se juega por vos”, valoró Claudia.
Fallo a favor
Al justificar su aval tácito a Biagioni, varios legisladores se ampararon en un supuesto fallo en contra de la presentación de Analía en el Fuero Laboral. Tal fallo en contra no existe: todo lo contrario. Analía tiene sentencia a favor del juez Carlos Garibay con respecto a parte de sus reclamos. Sucede que dicha sentencia no está firme, porque Biagioni y Serricchio apelaron; y que no se trata de una denuncia en sí misma sino de una medida autosatisfactiva pedida por Analía (que está con licencia psiquiátrica) para que le concedan el traslado a otra jurisdicción.
En el fallo, Garibay reconoce que “en principio, se estaría en presencia de la modalidad de violencia laboral”. Además, ordena “el inmediato cese de hostigamiento por parte de Biagioni y Serricchio”; y reitera “la medida de protección de acercamiento y de comunicación directa” de los demandados respecto de la víctima. Ambas medidas fueron ratificadas por el magistrado aun estando apelada la sentencia.
La pregunta es: ¿los legisladores leyeron el fallo de Garibay? Si lo hicieron, ¿con qué se quedaron? ¿O simplemente mienten?
“Todo se maneja así: vos estás sola”, reflexiona Claudia. Pero se mantiene en pie. “Cuando empecé todo esto no es que creía que iba a tirar el pliego de Biagioni. Yo vine a defenderme y que se sepa la verdad. Esto es verdad. Esto pasa en el Tribunal de Cuentas”.
