El ex ministro de Seguridad de Santa Fe fue imputado como jefe de una asociación ilícita que realizaba actividades de inteligencia ilegal. Fuerte cruce político con el gobierno provincial.
La Unidad Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó el martes 29 de noviembre al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y a siete ex funcionarios de su área, como miembros de una asociación ilícita dedicada a tereas de espionaje ilegal. A Sain le atribuyeron ser el jefe de esa organización. La imputación derivó en un fuerte contrapunto en redes sociales entre el gobierno de Omar Perotti y el ex ministro de Seguridad, eyectado de la gestión en marzo de 2021 luego de la divulgación de una serie de audios escandalosos en los que se mofaba de la Policía provincial.
De acuerdo a la imputación de los fiscales del MPA Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, los acusados confeccionaron carpetas a las que denominaban “perfiles” en las que incluían desde datos acerca de multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior y los bienes y la capacidad financiera de las personas y las empresas perfiladas. También incorporaban información de familiares y allegados de los espiados. Utilizaban bases de datos públicas y privadas, abiertas y de acceso restringido; legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”. También se investigan órdenes dadas a la policía –y la omisión de control– para que apliquen vejaciones a personas privadas de su libertad durante el paso de Sain por la cartera de Seguridad. Además, tres de los imputados son investigados por haber sustraído para ellos dinero de las partidas de gastos reservados.
A Sain se le atribuyó ser el jefe de una asociación ilícita que habría operado entre diciembre de 2019 –cuando asumió como ministro– hasta noviembre de 2021 –cuando el MPA allanó las sedes de Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad y secuestró las pruebas que dieron origen a las imputaciones concretadas un año después. Otras dos personas fueron imputadas como organizadoras de esa asociación ilícita: Nadia Schujman, quien se desempeñaba como asistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control; y Débora Cotichini, quien era jefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones del MPA, que dirigió Sain antes y después de su función como ministro, cargo del que fue removido en noviembre de 2021 por la Legislatura santafesina.
Los imputados y los delitos que les atribuyen
Las calificaciones penales atribuidas a cada una de las ocho personas imputadas son las siguientes:
• Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de la provincia y ex director del Organismo de Investigaciones: asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
• Nadia Schujman, ex asistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional: asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; peculado; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionaria pública) y destrucción de documentos y elementos de prueba.
• Débora Cotichini, ex jefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones: asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba y violación de secretos.
• Germán Montenegro, ex secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
• Pablo Álvarez, ex subsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
• Diego Rodríguez, ex subsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; peculado; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
• Milagros Bernard, ex contratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y violación de sellos calificada (por ser funcionaria pública abusando de sus funciones).
• Agustina Mounlins, contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación Criminal: asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes.
Qué significa la imputación por asociación ilícita
Según planteó la Fiscalía en la imputación, la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones).
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el MPA y agregó que “por ese motivo, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
A Marcelo Sain se le atribuyó haber coordinado la estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas. En tal sentido, la Fiscalía puntualizó que “en uso de su jerarquía como ministro de Seguridad, utilizó partidas de gastos reservados, omitió deliberadamente controlar al personal a su cargo, contrató servicios, personas y dispuso de otros medios para que la organización ejecute las actividades de inteligencia prohibidas”.
“También dictó órdenes abusivas y contrarias a la legislación para que se aplique violencia contra personas privadas de su libertad, y omitió deliberadamente controlar el accionar abusivo y violento de la policía en determinados casos”, destacaron desde el MPA.
En cuanto a las personas imputadas como organizadoras, la Fiscalía hizo hincapié en que la información ilegal de los perfilamientos era producida por personas que dependían de ellas. Una vez construidos los datos, las dos organizadoras los compartían entre ellas y, finalmente, se los remitían al jefe de la asociación ilícita.
“En ese contexto, las dos organizadoras eran quienes, entre otras actividades ilícitas, ordenaban realizar informes de inteligencia (a los que llamaban “perfiles”; “dossier”) de personas que elegían por sus opiniones políticas, por sus pertenencias a partidos políticos, organizaciones o empresas”, advirtió la Fiscalía. “En algunos casos, ellas mismas gestionaban información de causas penales que tramitaban en el MPA y en la Justicia Federal gracias a sus relaciones personales con distintos funcionarios”, se especificó.
Acerca de las cinco personas investigadas como miembros de la asociación ilícita (Montenegro, Moulins, Rodríguez, Álvarez y Bernard), se les endilgó ejecutar las órdenes ilegales que recibían, a pesar de que sabían que eran contrarias a la ley.
“Obtenían, registraban, sistematizaban y analizaban la información conseguida ilegalmente, y luego la transmitían a las organizadoras y al jefe de la asociación ilícita. Simultáneamente, realizaban maniobras para evitar que el resto de los integrantes del Ministerio de Seguridad y del OI se enteraran de la inteligencia ilegal que realizaban”, se subrayó.
Perfiles, bases de acceso público e información reservada
De acuerdo con lo explicado en la audiencia, los denominados “perfilamientos” consistían en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la provincia de Santa Fe.
Entre las víctimas hay legisladores; funcionarios políticos; autoridades judiciales; dirigentes gremiales; profesionales; periodistas y empresarios. Además, también recopilaban datos de familiares de todos ellos y de su entorno laboral.
La Fiscalía sostuvo que para la realización de los “perfilamientos”, los imputados utilizaban información que extraían de bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); de legajos y expedientes penales; de evidencias obtenidas en “tareas de calle” en el marco de investigaciones y también de informantes, medios de comunicación y redes sociales.
Hoy la imputación al exministro Saín estuvo en manos de la opinión pública antes de que efectivamente suceda. No hay otra explicación para esto que la intencionalidad política de quien lo filtra.
— Marcos Corach (@MCorach) November 29, 2022
La información que se incluía en estos “perfiles” o “dossier” contemplaba datos filiatorios; composición de grupo familiar; antecedentes laborales; información financiera, patrimonial e impositiva; carácter de empleador y personas bajo relación de dependencia; movimientos migratorios; beneficiario de servicios o prestaciones sociales, educativas y/o de salud; antecedentes policiales y judiciales; información catastral; infracciones de tránsito; socios de las empresas, capital social y objeto; fotografía del DNI; si integró alguna lista electoral en la provincia; entre otros.
“Estas acciones de inteligencia están prohibidas por la ley 25.520. Fueron realizadas sin respetar principios básicos de inteligencia criminal, al tiempo que los datos obtenidos ilegalmente fueron divulgados sin que medie orden o dispensa judicial”, recordó la Fiscalía. “Con ellas, la organización criminal procuró influir en la situación institucional, política, policial y social de la provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones provinciales”, argumentó el MPA.
Las denuncias por violencia institucional
La Fiscalía también afirmó que “la evidencia con la que contamos nos permite dar cuenta de que, en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. En tal sentido, se relató que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Uno de estos hechos ilícitos fue cometido el 7 de febrero del año pasado. Un abogado le informó a la imputada de iniciales NS –en su carácter de funcionaria de la Agencia de Control Policial– que personal policial había detenido a un menor de edad al que estaban golpeando en una comisaría. Ante la noticia, la imputada informó al exministro de Seguridad quien le indicó: ‘Ni se te ocurra intervenir. Y si intervienen, háganse los boludos’.
“La imputada asintió y cumplió la orden. Además, le ordenó a quien era directora de Asuntos Internos que su actuación debía consistir en decir que el menor ‘se autolesionó’ y ‘que no lleguemos, que lleguemos tarde’”, según describió la Fiscalía.
Sabemos que de quienes están de campaña anticipada con mentiras y victimizaciones ya no se puede esperar nada, pero una vez más insistimos: así como la justicia no debe ser el ámbito para hacer política, la política no debe reducirse a la ventaja y las operaciones.
— Marcos Corach (@MCorach) November 29, 2022
En otros hechos de similares características, hay registros de diálogos entre los imputados que incluyen expresiones como “Leña, bolsa”; “Dale un toquecito”; “Una sarandeadita. Chiquita”; “Inducile un coma”; “Aprétenlos mucho a todos!!!!”; “Que sientan miedo”.
En esa misma línea, otro de los hechos atribuido fue cometido el 20 de marzo de 2020. Según relató la Fiscalía, el exministro de Seguridad imputado ordenó que no se dé comida y bebida a una mujer que había sido privada de su libertad junto con sus mascotas en Rosario, por violar las normas de aislamiento social obligatorio impuestas con motivo de la pandemia de Covid.
Persecución política
En los “perfilamientos” que realizaba la asociación ilícita se encontraron afirmaciones como:
- “Hasta el momento no hemos encontrado alguna pertenencia partidaria de (se reserva el nombre de la víctima)”.
- “No está claro si obedece a una suerte de ascenso en su carrera como funcionario o al intento de darle más protagonismo en el área metropolitana de Santa Fe a los fines que pueda convertirse en una alternativa dentro del menú de candidatos”.
#Ahora, presenciando la audiencia imputativa contra quienes desde el ministerio de Seguridad, se dedicaron a espiar y perseguir a opositores y empresarios, mientras los santafesinos sufrían una explosión de violencia y delito sin precedentes. pic.twitter.com/Sy79pTj8Mu
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 29, 2022
- “Es objeto de este informe presentar la trayectoria política de (se reserva el nombre de la víctima)”.
- “En su extensa trayectoria política, (se reserva el nombre de la víctima) ha mostrado ser hábil en su relación con el periodismo de la ciudad de Santa Fe. Tal es así que se ha sabido promocionar como una referencia y fuente de consulta en materia de seguridad pública”.
Uso irregular de los gastos reservados
De la investigación realizada por Delitos Complejos también se desprende que “el jefe de la asociación ilícita, la organizadora de iniciales NS y un miembro de iniciales DAR sustraían para ellos dinero de partidas de gastos reservados destinados a la Agencia de Control Policial”.
“Alrededor del 20 de cada mes, dos personas retiraban del banco el dinero asignado a la partida de gastos reservados, y luego se la repartían entre los tres imputados”, se informó en la audiencia.
Destrucción de documentos
La Fiscalía también hizo hincapié en “la limpieza” que realizaban los imputados para encubrir su propia actividad ilícita. En el Ministerio de Seguridad, se concretó a partir de que los imputados supieron de la existencia de la denuncia penal que permitió el inicio de la investigación penal. “El exministro de Seguridad le informó al imputado de iniciales GM y a la imputada de iniciales NS que tenían ‘un par de días para cerrar todo’”, precisó la Fiscalía.
Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por @maxipullaro en su gestión sobre políticos, empresas y sindicalistas ¿porque no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina
— Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) November 30, 2022
“Entre el 25 y el 26 de noviembre, cinco personas investigadas destruyeron sin autorización todos los documentos de la administración pública provincial que había en sus oficinas en el Ministerio de Seguridad y en el OI, resetearon teléfonos y borraron información de sus computadoras”, se afirmó.
De las evidencias se desprenden afirmaciones como “Acá ya limpié todo”; “Triturando papeles”; “ayer nos quedamos a la tarde y él terminó de romper lo de él”.
Bases de datos utilizadas
De acuerdo con lo especificado en la audiencia, las bases de datos más utilizadas por los imputados fueron: Sudamericadata; Nosis; Veraz; Migraciones; Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA); Registro Civil; sistema de legajos del MPA; Empresa Provincial de la Energía (EPE); Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS); ministerios de Salud y de Seguridad; Municipalidad de Rosario; multas de Rosario y de Santa Fe; CUITOnline; Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Registro Nacional de las Personas (ReNaPer); Dateas; Tribunal Electoral de la Provincia; denuncias efectuadas ante los centros territoriales de denuncia (CTD) de la provincia; Banco Central de la República Argentina (BCRA); Administración Provincial de Impuestos (API); Catastro de la Municipalidad de Rosario; Datacels; Sistema de Consultas Penales Unificadas; Superintendencia de Riesgos de Trabajo; Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario; Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe; Boletín Oficial de Santa Fe; Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe; Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe; Superintendencia de Servicios de Salud; Tribunal Municipal de Faltas de Rosario; Agencia Provincial de Seguridad Vial, ANSES, entre otras.
Ustedes viven obsesionados con @maxipullaro pero no hacen lo que tienen que hacer: denunciar a los fiscales que lo protegen. Ayer no permitieron que nuestro abogado le haga preguntas. Pónganse las pilas y laburen
— Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) November 30, 2022
También recopilaban imágenes de las personas obtenidas de la base del ReNaPer, de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) de las víctimas y de los medios de comunicación.
Todas las claves necesarias para acceder a estas bases de datos fueron solicitadas a nombre o en representación del Ministerio de Seguridad de Santa Fe o del Organismo de Investigaciones.
Sain le apuntó al gobierno y salieron a responderle
En su declaración ante la Fiscalía, Sain dijo el gobernador Omar Perotti estaba al tanto de la política de persecución criminal que llevaba adelante su equipo: “La política y las estrategias de control del crimen fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti”.
El ex ministro negó “rotundamente las acusaciones que ustedes me hicieron, ratifico que no hemos cometido ninguno de los delitos que, en términos muy generales, ustedes nos imputaron, creo que ustedes utilizan el (artículo) 210 (asociación ilícita) para magnificar la cosa. En el fondo creo que los delitos son ordinarios, de carácter menor y que ustedes necesitan engrosar este supuesto caso penal”.
“La política y las estrategias de control del crimen que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Seguridad eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti. Nosotros teníamos como uno de los ejes de la gestión trabajar fuertemente en los delitos del poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado. Ese fue un mandato del gobernador Perotti desde el minuto cero de la gestión”.
¿Para que se constituyeron como querellantes? ¿Tenian julepe de qué? Yo soy peronista bonaerense y guapo. No soy cagón y traidor como otros
— Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) November 30, 2022
“Nosotros en el Ministerio de Seguridad recibimos directivas expresas del gobernador y él siempre estuvo al tanto de todo lo que desarrollamos en esta materia, en esta estrategia política de control de la criminalidad del poder en la provincia de Santa Fe”, continuó Sain.
“Entre las facultades y las obligaciones que nosotros teníamos para llevar adelante esta estrategia, estaba producir algo básico, que es análisis criminal de aquellas problemáticas sobre las que teníamos que definir estrategias y acciones concretas. Acá no hay nada novedoso porque el grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. Y hago una clara distinción: datos de acceso público, aún obtenidos en el marco de empresas que organizan esa información y se compra ese servicio de compilación de información. Porque queda claro que la información de acceso restringido requiere de autorización judicial y acá nadie ha tenido acceso a información que requiera autorización”.
Esas declaraciones dispararon un fuerte cruce en redes sociales entre Sain y el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach. Apenas se divulgaron las declaraciones del ex titular del área de Seguridad, Corach salió a aclarar por Twitter: “Buscan atribuirle al gobernador indicaciones delictivas cuando en realidad lo citado por el ex ministro es la orden de separar definitivamente el universo delictivo de la política y del Estado”.
A Sain no le cayó bien la aclaración de su ex compañero de gabinete y salió a cruzarlo fuerte: “Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por Maximiliano Pullaro en su gestión sobre políticos, empresas y sindicalistas ¿porque no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por Twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina”.
Actuaban por orden del gobernador @omarperotti. Sain y su grupo cometieron delitos graves y respondían a una concepción del poder autoritario y delictual que el país y Santa Fe quieren cambiar definitivamente. Vamos a exigir explicaciones de los máximos responsables. pic.twitter.com/CcfnBK68Zz
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 29, 2022
“Ustedes viven obsesionados con Pullaro, pero no hacen lo que tienen que hacer: denunciar a los fiscales que lo protegen. Ayer no permitieron que nuestro abogado le haga preguntas. Pónganse las pilas y laburen. ¿Para qué se constituyeron como querellantes? ¿Tenían julepe de qué? Yo soy peronista bonaerense y guapo. No soy cagón y traidor como otros”, cerró Sain fiel a su estilo.
