El negacionismo local tiene dos argumentos y un objetivo. Pide una lista fehaciente de desaparecidos o bien reivindica como única lista válida aquella que elaborara la Conadep y busca demoler la cifra que enarbola el movimiento de Derechos Humanos para disolver su legitimidad. Nos tratan de mentirosos, descubrió hace tiempo Mari Hechim.
Genocidio y negacionismo son inseparables. El conteo de cadáveres –o de desapariciones– no es una cuestión menor. La cifra no es simbólica ni mentirosa, como no es simbólica ni mentirosa la cifra de la Shoá o de los soviéticos que frenaron a Hitler con millones de soldados muertos. La defensa de esa cifra, la insistencia en que son 30.000 los desaparecidos por la última dictadura, es una defensa del avance de la democracia y de la memoria y, sobre todo, del Estado de derecho y de la Justicia: la República le debe sus mejores momentos históricos y sus procedimientos judiciales más transparentes al movimiento de Derechos Humanos.
La Conadep trabajó sólo durante 280 días, entre fines de 1983 y 1984. ¿Cuántos chupaderos habrán quedado sin reconocer? Si hoy cuesta demasiado denunciar a la policía por sus abusos, si Jorge Julio López está desaparecido, ¿cuántas personas ni habrán pensado en exponerse a la Conadep, con la patota activa y en la calle?
La Conadep identificó 340 centros clandestinos de detención y 8961 desaparecidos. Con la miseria argumentativa de administrativo contable, eso da un promedio de 26 desaparecidos por centro clandestino de detención entre 1976 y 1983 o 3,7 desaparecidos por año en cada centro clandestino de detención.
Pegando la vuelta, con un promedio de apenas 12 desaparecidos por año en cada centro clandestino de detención se llega a los 30 mil desaparecidos. No es necesario mencionar que hay nuevos registros que llevan la cantidad de centros a cerca de 500. Ni que sólo en la ESMA desparecieron cinco mil personas. Ni tampoco recordar que el Departamento de Estado norteamericano publicó los informes de la inteligencia chilena, que para 1978 ya contabilizaba 22 mil desapariciones.
Pero, además, el negacionismo desconoce que los desaparecidos son tales porque, justamente, el Estado borró los cuerpos, los registros y las listas en el momento de los hechos. Todavía hoy, las nuevas denuncias y los hallazgos de documentación siguen abriendo la verdad y las causas judiciales. Reclamar una lista final de desaparecidos con nombre y apellido es perverso y darle entidad a esa demanda es una obscenidad, que licúa el sentido de la República ganada en 1983.
En base a una nota publicada en 2017.
