El crimen de Lucas González expuso una vez más la violencia policial. ¿Cuál es la situación en Santa Fe? Testimonios del fiscal Ezequiel Hernández y de militantes de la Red Puentes.
El último hecho de trascendencia nacional de gatillo fácil fue el asesinato de Lucas González, un pibe de barrio de 17 años, jugador de las inferiores de Barracas Central, en manos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire. El caso tomó relevancia mediática muy rápidamente principalmente por dos razones: por ser un caso de CABA y por ser un hecho donde, en manos del sentido común instalado, fue sencillo corroborar que “Lucas no era un chorro, que no habría estado haciendo algo”; como los medios suelen insinuar y la opinión común suele interpretar en estos delitos cometidos por funcionarios públicos.
El caso Lucas González pone en evidencia ciertas prácticas que la literatura penal estudia y analiza en estas situaciones. Una de ellas tiene que ver con la conducta de los policías, otra (que está relacionada directamente con la anterior), con la identidad de los pibes que son perseguidos. En el plano de la conducta de los policías, lo que aparece en casi todos los casos de gatillo fácil es que adulteran los procesos probatorios, porque tienen la capacidad de hacerlo (la policía da la primera versión de los hechos siempre) y conocen cómo hacerlo porque son auxiliares de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que plantan pruebas falsas y cuentan versiones ajenas a lo que pasó realmente. En el caso Lucas Gonzáles ocurrió que los policías plantaron un arma de juguete en el auto en el que iban Lucas y sus amigos. En relación a la identidad, los pibes perseguidos, víctimas de violencia institucional y gatillo fácil, son chicos jóvenes, varones, de barrios populares, de identidad villera, de estudios inconclusos y/o trabajos informales o sin trabajo.
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Violencia institucional en Santa Fe
Las estadísticas que describen la situación en la provincia de Santa Fe, confirman lo dicho en los párrafos anteriores. Según el Informe 2020 del Registro Provincial de Violencia institucional (Servicio Público Provincial de Defensa Penal); las víctimas de violencia policial son, en el 92 por ciento de los casos, varones de niveles de educación formal muy bajo, es decir: son personas que van desde el secundario incompleto hasta sin ningún tipo de instrucción. El informe citado, contabilizó 650 víctimas de violencia institucional en toda la provincia de Santa Fe, durante 2020. Por otro lado, según un informe del MPA (que toma los datos desde 2014 hasta 2020) se informa que en la provincia murieron en esos 7 años, 95 personas en manos de un Miembro de Fuerzas de Seguridad del Estado (MFS). Del total de esas víctimas, 22 ocurrieron en tierras de la Capital santafesina.
En la Regional 1 del MPA, el área que abarca la Capital Santafesina, desde octubre 2017 se creó la Unidad Fiscal Especial (UFE). Esta UFE se divide en dos secciones: una de ella es la de Violencia y Corrupción Institucional a cargo del Fiscal Ezequiel Hernández. Un dato que da relevancia a esta área es que desde que se creó, en el 100 por ciento de los casos de homicidios que hubo policías implicados y hubo violencia institucional, hubo imputados. Es decir, se investigó y se llegó a juicio o a un proceso abreviado.
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Pausa dialogó con el fiscal Hernández sobre la labor en la investigación penal de hechos de violencia institucional.
—¿Cómo se investiga un caso de violencia institucional?
—Hay casos en Santa Fe muy representativos. Por ejemplo, vos sos un policía y le pegaste un tiro a un pibe y ¿qué hacés? Plantás un cuchillo y escribís un acta. Después llamás a un fiscal. Y el policía al fiscal le dice: “Mirá este chico me atacó con un cuchillo, me defendí, tiene un disparo, fuerza justa mínima y necesaria, ya está aprehendido”. Entonces se instala una versión. De esta manera, el fiscal que investiga el proceder policial tiene un trabajo extra, porque cuando vos investigás un delito, generalmente lo que hacés es buscar pruebas para probar ese delito. Acá lo que primero que tenemos que hacer es desacreditar una versión oficial, sostenida por la policía y eventualmente por algún fiscal. El fiscal tiene que empezar por demostrar que el cuchillo que dicen que estaba en la mochila, efectivamente no estaba. Que la herida que tiene un policía no se le causó el pibe al que le metieron un tiro, sino que es autoinfligida por los mismos policías. Que el chaleco que llevaba un policía no puede haber sido roto por este cuchillo, sino que tuvo que haber sido de otra manera.
—¿Qué conductas observa que se repiten en estos casos?
—The blue wall of silence o la pared de silencio azul, en castellano, es un desarrollo teórico norteamericano, pero que acá se ve muy seguido. Básicamente esto se trata de algún oficial de rango bajo, no queriendo declarar en contra de un superior, en procedimientos de violencia institucional. En los casos de violencia institucional, nunca vas a tener a un policía diciendo “él fue”. Aunque estén acorralados contra las cuerdas, esté en peligro su libertad, un policía no te va a decir “es cierto fue él”. Es una gran dificultad, porque además los hechos de violencia institucional no letales, suelen darse en espacios institucionales. En el caso de los homicidios, diferencialmente, una gran parte son de franco, casi el 50 % de los homicidios son de policías que no están en servicio: o son jubilados o están de franco. Los casos de violencia por apremio, pueden iniciarse en la calle, continúan el móvil y después terminan en la comisaría. Entonces, esto implica que gran parte de todos los testigos son policías y declaran. Esto es lo que se denomina “the blue wall of silence”. Es una gran dificultad probatoria.
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—Las estadísticas del MPA al igual que las del Servicio Público de Defensa Penal caracterizan a las víctimas de homicidios en manos de MFS, como varones de bajos niveles de estudios, sin trabajo o trabajos informales. ¿Qué nos dicen estas estadísticas?
—El académico Daniel Brings dice que, a diferencia de otros delitos que tenés víctimas más cercanas a áreas hegemónicas de poder, por darte un ejemplo fácil, la persona dañada que encaja en el estereotipo podría ser: la mujer blanca, clase media, de mediana edad, a la que le arrebatan una cartera, y el estereotipo del imputado por este hecho es: pobre, varón, joven, área urbana. En los casos de violencia institucional se subvierte ese orden: tenés una víctima que reúne todas las características del imputado, del caso anterior. Es más, en las audiencias le dicen delincuentes, por ejemplo, en el caso de Lautaro Saucedo, así se lo llamaba: delincuente. Nunca vas a una audiencia donde las víctimas (de casos de violencia institucional) no sean llamados delincuentes. Y del otro lado, tenés al hombre de mediana edad, policía; contra este pibito de barrio. Y eso se siente. Hay una distribución desigual de poder, porque este tiene una red de relaciones, que además de tener el conocimiento de entorpecer un proceso penal, también tienen llegada a los medios e instituciones políticas. Por otro lado, hay que decir que las víctimas son pibes que están acostumbrados a sufrir la violencia, la tienen naturalizada. Por esta razón, muchas veces hay casos de testigos que vienen acá y me dicen que no quieren declarar por miedo a represalias de la policía misma.
—Los estados occidentales se fundan, entre otros principios, en la igualdad ante la ley. Pero, ¿no estamos ante un problema de clases sociales, donde no todos son iguales ante la ley?
—Jurídicamente se habla del derecho penal en dos velocidades. Que hay una que se aplica para gente de clase baja (en los términos que vos estás planteando) y que no funciona con la misma eficiencia, agresividad, contra personas más cercanas a algunas de las áreas de poder que podemos identificar. Y es más allá de la violencia institucional, también se advierte en delitos de corrupción en general. Y ni hablar cuando los delitos llegan a tocar intereses concentrados, ya sean económicos, políticos. Eso es más claro todavía. Puntualmente en el caso de violencia institucional, puntualmente en el caso del Comando de la Costa, los imputados llegaron a tener entrevistas de horas en grandes medios locales, desde sus casas. ¿A qué pibe que robó una bicicleta le van a dar esa cantidad de horas en un medio? Sin duda que hay una cuestión ahí. Daniel Brings llega a la conclusión de que tenemos imputados/policías que cometen este tipo de delitos, que no solo tienen la capacidad de alterar la escena del hecho, criminalizar a la víctima, sino que está más cercano con áreas de poder que tienen otro acceso a los medios, otro acceso a políticos, y cómo eso termina condicionando a los actores judiciales. Si hay una cuestión de clase. Sin dudas.
Puentes para contener la violencia
La Red Puentes (perteneciente al movimiento Nuestramérica) desarrollan un abordaje integral de los consumos problemáticos y la situación de calle, de personas de barrios populares, en todo Argentina. Una de las patas del abordaje a estas situaciones tiene que ver con el acompañamiento social-legal que estas personas puedan llegar a necesitar. Juan Saba integra Puentes (Santa Fe), es abogado y acompaña jurídicamente a las personas que acuden a esta organización. Pausa lo entrevistó para dialogar sobre cómo se presenta la violencia institucional en las clases populares.
—¿Cómo piensan la violencia institucional desde Red Puentes?
—Los pibes de Puentes vienen de los sectores populares. En su trayectoria de vida, son chicos que tienen mucho roce con el sistema penal en general, les traiga eso o no consecuencias legales (consecuencias obviamente les trae). Son pibes que la policía los hostiga permanentemente, pero esto es anterior a lo que pensamos como violencia institucional, porque ellos ya fueron expulsados de un montón de otras instituciones. La violencia institucional cómo se la pensaba 20 años atrás, era exclusivamente la policial. Eso fue ampliándose en sus perspectivas. No solo es violencia institucional cuando un pibe muere en manos de la policía. También es que la misma escuela lo expulse, que el centro de salud del barrio no lo atienda más por diferentes circunstancias. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la policía, son pibes que ya naturalizan la violencia policial. Son chicos que antes de la primera vez de estar involucrados en un hecho delictivos (si lo estuvieron), ya fueron anteriormente verdugueados por las fuerzas de seguridad innumerables veces.
—Entonces, ¿hay una cuestión de clase de parte de la institución policial a la hora de detener pibes y ejercer violencia institucional?
—Sí. El derecho penal llega cuando fracasó la salud, cuando fracasó el trabajo, cuando fracasó la educación. Un pibe que comete un delito contra la propiedad, que roba un teléfono, probablemente le esté robando a su vecino, a otra persona pobre o de clase media. Son escasos los pibes condenados que entran organizadamente a robar a un country. Estos chicos no son delincuentes de profesión. La gran mayoría no terminaron la escuela, saben leer y escribir apenas. Vos vas a la cárcel de Las Flores y ¿cuántos presos hay por evadir impuestos? Y ¿cuánto dinero se lleva un pibe que roba un teléfono? El sistema penal, y esto ya está probado por las Ciencias Sociales, es selectivo. Cae sobre algunas personas y sobre otras no. Y por eso, las fuerzas de seguridad tienen ciertas personas marcadas. Y esas personas son propiedad de la policía. En este sentido, los pibes que asisten a Puentes son demorados por autoridad policial en promedio una vez por semana. Esto significa que los tienen fichado. Que, por su identidad, por su tez de piel, un pibe de barrio Los Troncos, ¿qué hace caminando en la peatonal? Y algo debe estar haciendo...
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—¿La policía tiene la facultad de detener arbitrariamente a cualquiera en la calle?
—Acá hay una cuestión central. En nuestra provincia está el artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial, este autoriza a la Policía de Santa Fe a detener gente porque aparentemente puedan estar preparándose para cometer un delito. Ese artículo que es como una seguridad preventiva, para los que están de acuerdo con él, lo único que hace es que paren a pibes con determinadas características, sin un control verdadero, porque lo que se produce es una razzia. El 10 bis, es grande (representativamente hablando) en relación a la cantidad de detenciones. No hay una facultad para controlar eso. Este artículo dice que cuando se pudiere constatar a una persona en la preparación de un delito, se puede demorar a la persona seis horas para la averiguación de su identidad. Y yo me pregunto, si en el nombre de la identidad de una persona, hoy, siglo XXI, con las herramientas tecnológicas que tenemos: ¿vos no podés constatar la identidad de la persona en el lugar? Porque a la persona demorada, la van a pasar por un procedimiento altamente violento, trasladándola a una comisaría, pintándole los dedos, mientras la van verdugueando y quizás golpeando. La reforma del 10bis es una deuda para los pibes y pibas de los sectores populares. La policía tiene la facultad de parar a quién quiera, sin ningún criterio real. Con el 10 bis cualquiera podría ser demorado. El tema es que, a nosotros, de piel blanca, del centro, no nos van a demorar. Y ahí está la selectividad del sistema penal. Hay una cuestión de clase y por eso las cárceles están llenas de personas negras, de personas de barrios populares, de jóvenes de bajos niveles de educación.
