Abogados querellantes denuncian que la Nación pone trabas a los juicios de lesa humanidad.
Desde el inicio del gobierno de Cambiemos, las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia parecen haber virado hacia su opuesto: Olvido, Farsa e Impunidad. La necesidad de esclarecer y castigar los crímenes de la dictadura no forma parte de la agenda del presidente Mauricio Macri; por el contrario, se fastidia cuando le preguntan y no habla del tema en instancias institucionales significativas como la apertura de sesiones del Congreso.
El presidente y sus funcionarios apilaron en dos años una serie de gestos que dejarían pálido al mismísimo Alejandro Biondini: negaron la cifra de 30 mil desaparecidos, calificaron de “curro” al movimiento de derechos humanos, desactivaron las investigaciones sobre las responsabilidades del poder económico en el terrorismo de Estado y hasta intentaron modificar por decreto la calificación “inamovible” del feriado del 24 de marzo.
En su pasión restauradora, el gobierno de Cambiemos tomó una serie de medidas cuyo objetivo es quitarle impulso a las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. A 42 años del inicio de la dictadura y a más de una década del reinicio de los juicios, los abogados querellantes han señalado que en la actualidad “se advierten serios obstáculos al avance y profundización del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado”.
La Red Nacional de Abogados y Abogadas querellantes en Causas por Crímenes de Lesa Humanidad –conformada en octubre de 2011 para fortalecer el proceso de verdad y justicia– enumeró en una nota dirigida a Comisión Interamericana de Derechos Humanos seis dificultades que dan cuenta del viraje del Estado nacional:
- Falta de integración de los Tribunales Orales Federales, lo que obstaculiza la realización de los juicios ante la imposibilidad de integrar los tribunales con tres jueces. “Existe un problema estructural en la designación de jueces y a ello se suma la cantidad de magistrados recusados para intervenir en estos procesos, lo que en las provincias en las que solo hay uno o dos tribunales implica lisa y llanamente una traba en el proceso de juzgamiento”.
- Atomización de las causas o reticencia de los jueces a acumular los casos. “Hay un núcleo duro de casi el 50% de las causas en etapa de instrucción e investigación que se sostiene durante varios años, en tanto permanentemente se inician nuevas investigaciones pero sólo se elevan por cuentagotas a instancia de juicio”.
- Demoras en instrucción y revisión. Sólo el 27% de los condenados tiene su sentencia firme. “La baja cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año constituye un signo evidente del debilitamiento del proceso de justicia”.
- Poca frecuencia en las audiencias de debate. En algunas jurisdicciones los debates orales se desarrollan en una sola audiencia semanal y en muchos casos los horarios destinados a realizar las audiencias son muy reducidos. La combinación entre juicios grandes y complejos, que demandan más tiempo y recursos, junto con una menor cantidad de audiencias semanales o con audiencias más breves parecen agotar el ritmo de los juicios. En 2015 comenzaron 21 juicios, en 2016 apenas 18 y en 2017, 10.
- Resistencias en los procesos en los que se investiga la responsabilidad de civiles. Sigue siendo uno de los principales desafíos avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad, en particular de empresarios y funcionarios judiciales. Los procesos que investigan las responsabilidades de empresarios y civiles cuentan con más obstáculos en su avance. En lo referido al poder económico, solo se cuenta con una sentencia condenatoria dictada en 2016 contra el empresario Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte (Salta). En cuanto al Poder Judicial, fue emblemática la sentencia en 2009, en Santa Fe, contra el ex juez Víctor Hermes Brusa.
- Otorgamiento de prisiones domiciliarias. Más de la mitad de los represores detenidos por delitos de lesa humanidad gozan de ese beneficio. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de los 1038 detenidos, 549 (53%) tienen el beneficio de la prisión domiciliaria.
Ojo con lo que decís
“Desde la asunción del nuevo gobierno nacional, se han llevado a cabo medidas que han provocado el desmantelamiento total o parcial de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado, dificultando el relevamiento de material probatorio fundamental para contribuir con las causas judiciales y para efectivizar el derecho a la verdad que asiste a toda la sociedad argentina”, señalaron desde la Red de Abogados y Abogadas querellantes.
A esas medidas se suman las instrucciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a los abogados querellantes: no llamar “represores” ni “genocidas” a los imputados en causas de lesa humanidad y no apelar las prisiones domiciliarias. Todo un cambio, ya lo ves.
Para el abogado querellante Guillermo Munné, que actúa en los juicios de lesa humanidad en Santa Fe, se trata de “un discurso que busca establecer confusión y debilitar el proceso de memoria histórica sobre estos hechos, generando cuestionamientos a la memoria de los 30 mil desaparecidos, a lo que se suman las expresiones sobre la supuesta ‘guerra sucia’ de parte del presidente y del secretario de Derechos Humanos (Claudio) Avruj”.
Las dificultades que enunciaron los abogados querellantes se advierten en la causa Feced III que se tramita en Rosario. El martes 13 de marzo se anunció la tercera postergación del juicio oral en el que iban a ser juzgados 14 represores de la dictadura, entre ellos el cura Eugenio Zitelli. El ex capellán de la Policía santafesina en los años de Agustín Feced falleció, impune, a los 85 años de edad el 30 de marzo.
La primera postergación fue en marzo de 2017, la segunda en junio del mismo año. La tercera fecha de inicio estaba fijada para el jueves 15 de marzo de este año, pero se volvió a postergar. La nueva fecha de comienzo del juicio, que ahora tiene 13 imputados, fue establecida para el 5 de abril.
En Santa Fe
En provincia de Santa Fe se realizaron, desde 2009, 20 juicios por delitos cometidos por la dictadura y hay otros tres que comenzarán este año, pese de las dilaciones de la Justicia Federal. De ese total, 12 juicios en Santa Fe y siete en Rosario tuvieron sentencia. Se encuentra en trámite la causa Coronda, que investiga violaciones a los derechos humanos contra detenidas en la cárcel de Coronda.
El 5 de abril comenzará en Rosario la causa Feced III y el 30 de agosto iniciará el juicio oral por los crímenes de la dictadura en Rafaela. La causa por masacre Ituzaingó y Las Heras está en etapa de pruebas pero el juicio aun no tiene fecha.
