La condena contra Cristina Kirchner, prologada por una serie de operaciones ejecutadas por el poder concentrado en alianza con jueces y fiscales, prueba que el lawfare existe y es una táctica continental.
El trámite judicial y la condena en primera instancia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y el combo entre el manifiesto de vuelo y las filtraciones de chats entre jueces, servicios de inteligencia, el fiscal y el ministro de Seguridad de la CABA, el CEO de Clarín y el representante legal de Telecom son la constatación de que el lawfare sí existe, sí es una táctica continental –la sufrió con 580 días de cárcel el hoy presidente Lula da Silva en Brasil–, sí implica la articulación entre medios, periodistas, magistrados y políticos y sí tiene relevancia y traducción en la vida diaria de las personas.
En una genealogía probable del lawfare, quizá sea más importante recordar cómo en los 90 hacían prime time político dominguero, en una misma mesa, Jorge Lanata y Horacio Verbitsky, antes que señalar el hincapié estratégico que hace el Comando Sur de Estados Unidos a la hora de definir su acción en América del Sur: en sus documentos, la “corrupción” es equiparada y tratada igual que otras amenazas a la seguridad y estabilidad de Estados Unidos y el hemisferio, como “el tráfico de drogas, la migración, el crimen violento y la influencia estatal nociva”. Como se sabe desde hace tiempo, Estados Unidos primero elige quién hace el mal y después lo endilga. Por algo ahora, necesitados de combustible, le hacen ojitos y le dan la mano al venezolano Nicolás Maduro.
Nazareno y Lanata
En su primer año de mandato, Carlos Menem amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros e incorporó a Julio Nazareno, socio de su estudio jurídico en La Rioja y, en lo sucesivo, mandamás del Poder Judicial. La impudicia tuvo sus frutos. Nunca se investigaron los desaguisados políticos de la época; las cuatro principales y monstruosas causas de la década quedaron en nada: atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, voladura de la fábrica militar de Río Tercero, contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
El clima era tan espeso que vale la remembranza. Todos los milicos estaban jóvenes, activos y sueltos –por las leyes de impunidad de Alfonsín y el indulto de Menem–, la represión a la protesta social era moneda continua y corriente, tanto como el apriete político a la Justicia. Un documental reciente sobre el asesinato de José Luis Cabezas muestra como Carlos Corach y Alberto Kohan, dos espadas del gabinete menemista, se apersonaban al despacho del juez para manipular la causa, a la vista de todos.
Fue durante esa década que el periodismo argentino se volcó a la investigación de la corrupción política como tema casi excluyente. La legitimidad del discurso periodístico se forjó como reverso a la procacidad de la inacción judicial.
Muy pocos observaron el hilo que enhebra las políticas de demolición del Estado y del poder público y el avance del poder empresarial –los que pagan y dominan, como se ve en los chats de Lago Escondido. Siempre se olvida que el Judicial es un poder, que no hay vacíos en el poder, que siempre hay un dominio y una asimetría.
En esa época, se forjó la imagen del periodismo cómo último lugar al que acudir por ayuda (la visibilización) y última línea de defensa contra la corrupción (la denuncia). El grupo Clarín demoró en entender eso, luego contrató a Lanata y comenzó a disparar con mayor precisión. Periodismo de guerra, tal como lo catalogara el fallecido editor político del diario, Julio Blank.
Entonces, la legitimidad del discurso periodístico mainstream deriva de una nueva pregunta: ¿qué es lo que no te gustaba del menemismo? ¿Qué era lo que Lanata denunciaba antes y denuncia hoy? Así se logra la transmutación: el kirchnerismo es la continuidad del menemismo porque el corrupto es el peronismo; pero el macrismo es la continuidad del menemismo por la bondad de sus políticas de mercado. La crisis es por la que se robaron los políticos, que es la que pagás con tus impuestos, no por la que fugaron los empresarios con los dólares de endeudamiento.
Político, mediático, judicial
El lawfare se revela así como la construcción simbólica en los medios de un enemigo político a quien perseguir judicialmente. Hasta hace poco, ese rol se podía deducir racionalmente: tratamientos opuestos de un mismo tema (hoy las filtraciones no son veraces por provenir de un hackeo, ayer te pasaban todos los audios habidos y por haber y te vendían cuadernos fotocopiados como prueba), formas de nominar los sucesos (la “corrupción K”, como algo dado naturalmente; Juliana Awada plantando nabos, como canon de belleza cheta). En definitiva, la distinta vara.
La diferencia cualitativa que se produce con la filtración de Lago Escondido es que se revela tanto el contubernio entre medios, jueces y políticos PRO como el rol que juega el CEO de Clarín, Jorge Rendo, y el abogado de Telecom, Pablo Casey: ellos pagan, ellos dirigen, ellos ocultan, ellos aprietan, ellos usan como empleados al resto de los integrantes de la banda y todos ellos tienen un solo objetivo.
Pasa a ser una anécdota menor que el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, integre un equipo de fútbol con uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, y el camarista Mariano Llorens. Y que ese equipo juegue en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri. Y que una vez ventilado el asunto, Giménez Uriburu se muestre tomando un mate con el logo de ese equipo de fútbol, en la sesión judicial. Y que luego sean descartadas las recusaciones presentadas contra Luciani y Giménez Uriburu.
La última perla fue la omisión completa y total de la defensa de CFK en los medios, siendo que los alegatos de fiscalía fueron transmitidos en continuo. Una grave pérdida: los abogados de la vicepresidenta no sólo mostraron que las obras públicas cuestionadas sí se hicieron, sino que exhibieron todos los antecedentes y fundamentos legislativos que dan cuenta que se habían cumplido con todos los controles en la provincia, en el Poder Legislativo y en las auditorias nacionales. Mostraron también que los denunciantes mediáticos, como Margarita Stolbizer, se desdijeron en el estrado y que todas las auditorias hechas por el propio macrismo daban bien en todos los aspectos (costos, pagos y ejecución). Lo peor: la defensa probó que la fiscalía omitió y ocultó adrede varios tramos de prueba que introdujo de prepo (y en los que quedaba pegado el empresario macrista Nicolás Caputo) y que equivocó adrede una fecha en la que se habría producido un encuentro entre CFK y Lázaro Báez, cosa que nunca sucedió. De hecho, tras toda la investigación, nunca se pudo probar siquiera un contacto.
Es imposible no recordar que el hecho penal de mayor magnitud en los 40 años de democracia, el intento de asesinato de una vicepresidenta en ejercicio, inicia su investigación con la destrucción completa de los datos del celular de la persona que gatilló dos veces en la cara de CFK.
En ninguna pantalla masiva esto, cada una de estas obscenidades fueron debidamente puestas en evidencia pública. Al revés: ¿imaginan al macrismo soportando el continuo escrutinio y las malintencionadas denegaciones que el kirchnerismo recibe desde hace casi 15 años?
Qué quiere el norte
La Justicia afecta la vida cotidiana porque, por ejemplo, incide en los precios: a pedido de Clarín, la Corte avaló los aumentos en telecomunicaciones frenados por decreto y, yendo al grano, uno de los jueces de Lago Escondido, Pablo Gabriel Cayssials, convalidó los tarifazos de agua del macrismo y la venta de dólares a precio oficial para importaciones que el gobierno actual no había autorizado. Más directo: las cárceles están llenas de pobres porque la libertad de los impunes tiene un precio, un precio que fijan los togados.
No se trata sólo de un problema de rosca partidaria el lawfare. Por más que apele, CFK es simbólicamente es una figura proscripta. El macrismo está llevando el enfrentamiento a una escalada máxima. CFK es la figura central de una expresión política profunda del país. Los efectos de aglutinamiento y dispersión por venir son claves e impredecibles. A la domesticación se le puede responder con la mansedumbre o la rebeldía.
Pero, al fin y al cabo, todo esto está pasando mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, sella un histórico acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos. Más de un garca está sudando frío. Más interesante es entonces la pregunta: ¿por qué justo ahora tiene este gesto único y trascendente Estados Unidos, que sabe perfectamente quiénes son los que la fugan y qué significa que ahora tengan que pagar? ¿Qué están observando en la política argentina?
