Santa Fe fue parte de la marcha federal para exigir la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, debido al brutal ajuste que Javier Milei lleva sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En el día de ayer, se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe la Marcha de las Antorchas para exigir la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de un proyecto que busca defender tanto los derechos de las personas con discapacidad como a los trabajadores del sector, que están siendo víctimas del ajuste despiadado del Gobierno nacional.
"Estamos movilizando por los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores, que tenemos aranceles congelados desde 2024, que tenemos autorizaciones que todavía no salieron", expresó María Candelaria Abalde, terapista ocupacional que asistió a la movilización en El Molino Fábrica Cultural (Bv. Gálvez y Rivadavia) hacia el Puente Colgante.



Abalde mencionó la situación que atraviesan los prestadores respecto a IAPOS, ya que adeudan prestaciones desde el mes de diciembre, además de "no pagar el nomenclador nacional". "Se vulneran los derechos de todos los profesionales y las familias", comentó.
Por este motivo, se refirió a cómo afectan estas medidas a la calidad de vida de las personas con discapacidad: "No podemos sostener nuestro motivo de labor, por lo cual no podemos ir a trabajar. Se nos está haciendo muy difícil sostener los lugares de trabajo, los materiales con los que trabajamos".
"No se está dando lo necesario para que la persona pueda mejorar su calidad de vida", añadió.



Además, hasta el momento no obtuvieron respuesta del Gobierno nacional. Si bien la terapista ocupacional sostuvo que se trata de "una deuda histórica", este Gobierno "no colabora ni participa ni ve a las personas con discapacidad como personas con derecho".
Por esta razón, exigió que se escuchen los reclamos de las personas con discapacidad y profesionales de la salud. "Somos los invisibles y queremos dejar de serlo. Por eso, estamos hoy acá", expresó.
El ajuste de Milei en discapacidad afecta la posibilidad de una vida independiente
La militante por los derechos de las personas con discapacidad, Gabriela Bruno, asistió a la movilización federal del día de ayer y dijo a Pausa: "Más allá de la reivindicación y el pedido de mejorar los aranceles y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las prestaciones, me interesa poner la voz de las personas con discapacidad, que es lo que no está circulando tanto. Más allá de ser un reclamo gremial, todas estas políticas de recorte se inscriben en lo mismo que viene pasando con relación a las auditorías, al recorte de pensiones".
Así, mencionó como principales problemas para los prestadores la demora de pago de tres meses y la falta de actualización de los aranceles de acuerdo a la inflación, que "impacta en la baja de la calidad del servicio a las personas con discapacidad". "Necesitan estos abordajes interdisciplinarios para mejorar su calidad de vida", comentó Bruno.



En cuanto a la asistencia personal, Gabriela Bruno explicó de qué modo impacta en la autonomía de las personas con discapacidad. "Implica que personas con discapacidad, por ejemplo en el caso mío que tengo discapacidad motriz, necesitamos ayuda para llevar adelante determinadas actividades de la vida diaria. Es fundamental que reciban su remuneración diariamente", afirmó.
"Estos recortes impactan sobre nuestras vidas, sobre nuestra posibilidad de desarrollarnos, como sujetos de derecho", sentenció. Al mismo tiempo, consideró que se trata de "una lucha más de las que vamos a tener que llevar adelante en todo este tiempo". Por lo tanto, Gabriela Bruno hizo hincapié en la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad como un "paraguas que proteja a un colectivo".
"Tendríamos que estar peleando para ampliar derechos, y estamos peleando para tratar de cuidar lo que había", concluyó, remarcando la importancia de sostener los derechos de las personas con discapacidad de poder gozar de una vida independiente.

